El Gobierno habilitó recursos y nuevas herramientas para acelerar la reconstrucción, garantizar servicios y mantener las clases en las zonas afectadas.
El presidente Abelardo De La Espriella y su gabinete firmaron 11 decretos en desarrollo de la emergencia económica, social y ecológica declarada después del terremoto del 10 de agosto. Las medidas buscan pasar de la atención inmediata de la tragedia a una etapa de recuperación que involucra recursos públicos, entidades territoriales y empresas privadas.
Para los ciudadanos, el efecto de los decretos no será el mismo en todos los territorios. Las medidas están dirigidas principalmente a dar mayor capacidad de financiación y ejecución a municipios y departamentos afectados, mientras se establecen mecanismos para recuperar infraestructura, servicios públicos y colegios.
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Más recursos para alcaldías y gobernaciones
Uno de los principales cambios es la creación del Fondo Patria Milagro, que concentrará recursos destinados a atender la emergencia y financiar la recuperación y reconstrucción.
El Gobierno también aprobó 17 medidas financieras y administrativas para dar liquidez temporal a departamentos y municipios. Esto busca que las autoridades locales puedan responder con mayor rapidez a necesidades de infraestructura y atención de la población.
Además, se autorizó excepcionalmente el acceso a recursos del Fonpet, el fondo de pensiones de las entidades territoriales. El dinero podrá utilizarse para atender los efectos de la emergencia bajo las condiciones fijadas en el decreto y con criterios de responsabilidad fiscal.
En la práctica, esto les da a los territorios una fuente adicional de recursos en un momento en que muchas de sus necesidades superan su capacidad presupuestal ordinaria.
Obras, energía y participación de empresas
Los decretos también buscan acelerar la recuperación de la infraestructura dañada.
Para las zonas donde el terremoto afectó redes u operaciones eléctricas, se autorizó temporalmente el uso de recursos del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura (Fondes) con el objetivo de contribuir a garantizar el servicio.
Otra medida activa una modalidad especial de Obras por Impuestos, mediante la cual empresas privadas podrán participar en proyectos relacionados con la reconstrucción bajo este mecanismo. La intención es sumar capacidad privada a los recursos y esfuerzos del Estado.
También se permiten inversiones interjurisdiccionales durante la emergencia. Esto significa que una entidad territorial podrá financiar o cofinanciar, bajo las condiciones establecidas, una obra que esté fuera de sus límites administrativos. La medida resulta especialmente relevante para vías, redes y otras infraestructuras que conectan varios municipios o departamentos.
Qué cambia para los colegios y las familias
La emergencia también modifica temporalmente algunas condiciones para los establecimientos educativos afectados.
Si un colegio sufrió daños que impiden utilizar sus instalaciones, podrá trasladar provisionalmente las actividades académicas a otros espacios mientras se recupera la infraestructura. El Gobierno también contempla recursos para garantizar el funcionamiento de las sedes afectadas y permite flexibilizar temporalmente el calendario académico.
Para las familias, la medida busca evitar que los daños físicos de los colegios terminen interrumpiendo durante un periodo prolongado la educación de niños y jóvenes.
El DANE podrá utilizar información reservada
Otro de los decretos establece un régimen temporal para que el DANE pueda utilizar información estadística reservada con el propósito de identificar con mayor precisión a las familias afectadas y sus condiciones socioeconómicas.
El objetivo es mejorar la focalización de las ayudas y determinar dónde están las mayores necesidades de reconstrucción. El Gobierno señala que ese uso de información estará sujeto a las condiciones y garantías previstas en la medida.