El Congreso debe revisar siete proposiciones más por orden de la Corte Constitucional, mientras espera una respuesta a su solicitud de ampliar el plazo.
La Cámara de Representantes de Colombia rechazó tres propuestas relacionadas con la reforma pensional durante la sesión del martes 27 de octubre. La decisión forma parte del procedimiento ordenado por la Corte Constitucional para corregir irregularidades en el trámite de la Ley 2381 de 2024.
El debate continúa bajo presión de tiempo, ya que la corporación debe resolver otras siete proposiciones antes de la fecha límite fijada por el alto tribunal. Entre los asuntos pendientes figuran las comisiones de los fondos privados, las semanas de cotización exigidas a las mujeres y las reglas para administrar e invertir el ahorro pensional, cuestiones que pueden influir en el funcionamiento del sistema.
Qué propuestas rechazó la Cámara
Las tres iniciativas negadas estaban relacionadas con los artículos 11, 14 y 19 de la reforma. La primera buscaba precisar la titularidad y la naturaleza de los recursos de las cuentas individuales; la segunda proponía que el Departamento Nacional de Planeación elaborara los cálculos técnicos para el sistema de equivalencias y los bonos pensionales. La tercera planteaba reforzar la autonomía de inversión de los fondos y el respeto al libre mercado.
Al rechazarlas, la Cámara no aprobó esas modificaciones. El resultado forma parte de la revisión legislativa ordenada por la Corte, que no supone reabrir toda la reforma, sino examinar los puntos concretos en los que detectó defectos de procedimiento.
Siete proposiciones siguen pendientes
La plenaria debe abordar las propuestas restantes, que incluyen cambios sobre las comisiones de las administradoras de fondos de pensiones, las condiciones de cotización de las mujeres y las reglas de inversión de los recursos. También hay iniciativas relacionadas con beneficios tributarios y disposiciones para comunidades étnicas y campesinas.
El resultado de estas votaciones permitirá determinar si la Cámara completa las actuaciones exigidas por la Corte dentro del plazo establecido. La mesa directiva solicitó una ampliación de 30 días hábiles, pero, según la información disponible al cierre de la sesión del martes, todavía no había recibido respuesta.
Qué deben tener en cuenta los ciudadanos
Por ahora, estos rechazos no significan que las condiciones de pensión de los afiliados hayan cambiado automáticamente. Se trata de un trámite legislativo para subsanar irregularidades identificadas por la Corte Constitucional. Por ello, los trabajadores y pensionistas deben distinguir entre las propuestas debatidas y las normas que estén vigentes y sean aplicables a su situación.
La evolución del proceso será relevante para conocer el alcance definitivo de los artículos revisados y el calendario de aplicación de la reforma. Hasta que se produzcan nuevas decisiones oficiales, conviene consultar las comunicaciones de la Corte Constitucional y del Congreso antes de asumir que una condición de cotización, una comisión o una regla sobre el ahorro pensional ha sido modificada.