El tribunal dio cinco días hábiles para entregar un informe sobre las obras y los elementos relacionados con el conflicto armado, la desaparición forzada y la memoria de las víctimas que fueron retirados o modificados.
El tribunal dio cinco días hábiles para entregar un informe sobre las obras y los elementos relacionados con el conflicto armado, la desaparición forzada y la memoria de las víctimas que fueron retirados o modificados.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) solicitó al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y al Museo Nacional de Colombia entregar explicaciones detalladas sobre el retiro de piezas y contenidos relacionados con el conflicto armado y la memoria de las víctimas.
La decisión quedó consignada en un auto del 21 de octubre de 2026, firmado por el magistrado Raúl Eduardo Sánchez Sánchez, de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. La solicitud se enmarca en la medida cautelar nacional sobre desaparición forzada.
¿Qué información pidió la JEP?
El tribunal estableció un plazo de cinco días hábiles, contados desde la comunicación de la decisión, para que las entidades presenten un informe ejecutivo preliminar. El documento deberá precisar cuántas piezas, textos y otros elementos fueron retirados, sustituidos, ocultados o reubicados entre el 1 y el 21 de octubre.
Además, el Ministerio y el Museo deberán identificar las salas afectadas, las personas o dependencias que autorizaron y ejecutaron los cambios, la ubicación actual de los objetos y los posibles riesgos que enfrentan.
La JEP también fijó un segundo plazo de diez días hábiles para entregar información más completa y verificable, incluidos inventarios, fotografías, registros de traslado y documentos que respalden las decisiones adoptadas.
¿Qué piezas fueron retiradas del Museo Nacional?
El retiro se produjo el 17 de octubre, por orden del Gobierno de Abelardo de la Espriella, y afectó contenidos relacionados con la memoria histórica, las víctimas del conflicto armado y distintas luchas sociales.
Mientras que los primeros reportes hablaron de aproximadamente 30 piezas, el Ministerio de Cultura sostuvo en una respuesta judicial que fueron retirados 22 elementos patrimoniales de cinco salas. La cartera también indicó que las piezas permanecen bajo custodia en la reserva del Museo Nacional.
Entre los contenidos afectados hay referencias a procesos de paz, víctimas de la violencia política y movimientos sociales. La controversia ha generado cuestionamientos de organizaciones culturales y manifestaciones públicas en defensa de la memoria histórica y la autonomía de los museos.
¿Qué busca establecer el tribunal?
La JEP busca determinar qué ocurrió con los elementos retirados, quiénes tomaron las decisiones y cuáles fueron sus fundamentos. También pretende establecer si los cambios pudieron afectar los derechos a la verdad, la memoria y la reparación simbólica de las víctimas de desaparición forzada y sus familiares.
El requerimiento de información no constituye, por sí mismo, una decisión definitiva sobre la legalidad del retiro. Las entidades deberán responder con documentación que permita a la jurisdicción evaluar las actuaciones y sus posibles efectos.
La solicitud de la JEP se suma a las medidas adoptadas por un juzgado de familia de Bogotá, que ordenó conservar las piezas retiradas y abstenerse de destruirlas, alterarlas o trasladarlas fuera de las instalaciones mientras se resuelve una acción de tutela relacionada con el caso.
Fuente: El Espectador