Gobierno, sindicatos y empresarios tendrán que definir cuánto puede aumentar el ingreso mínimo sin añadir nuevas presiones sobre el empleo formal, en un mercado laboral que llega a la negociación con señales de deterioro.
La discusión por el salario mínimo de 2027 está en marcha en Colombia desde el pasado 1 de octubre cuando se celebró la primera sesión extraordinaria de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Sin embargo, mientras la negociación formal se desarrollará a finales de noviembre con los datos de inflación, productividad, empleo y crecimiento como algunos de sus principales insumos.
El debate llega después del aumento del 23% aplicado para 2026 y en un momento en el que el mercado laboral muestra señales que obligan a mirar más allá del porcentaje de incremento salarial. En agosto, la tasa de desocupación nacional fue del 9,4%, frente al 8,6% registrado un año antes, mientras que la tasa de ocupación pasó del 58,4% al 57,4%.
La pregunta que comienza a dominar la discusión es, por tanto, cuánto margen existe para seguir aumentando el salario mínimo sin dificultar la contratación formal.
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El empleo entra en la discusión del salario mínimo
Para ANIF, uno de los elementos que deberá ponderarse en la fijación del salario mínimo de 2027 es precisamente su impacto sobre el mercado laboral. El centro de estudios sostiene que la decisión debe buscar la protección del poder adquisitivo, pero al mismo tiempo considerar sus efectos sobre el empleo, la inflación y las cuentas fiscales.
El argumento adquiere relevancia porque el salario mínimo no afecta únicamente a los trabajadores que reciben exactamente ese ingreso. También puede influir sobre las decisiones de contratación de las empresas y sobre otros salarios que se encuentran cerca del mínimo.
El Banco de la República, por su parte, proyectó en su reporte de mercado laboral de julio una tasa de desempleo urbana promedio del 8,8% para 2026 y del 9,8% para 2027. El organismo también señaló que los ingresos laborales reales por hora habían aumentado en mayo tanto para trabajadores asalariados como para no asalariados.
Estas cifras no permiten atribuir directamente el comportamiento del empleo al aumento del salario mínimo, pero sí muestran el escenario laboral en el que se discutirá el nuevo ajuste.
La inflación también condiciona la decisión
El otro gran elemento de la negociación será el poder adquisitivo.
La inflación anual de Colombia llegó al 6,29% en septiembre de 2026, ligeramente por encima del 6,24% de agosto. El resultado se conoció precisamente cuando comienza a tomar forma la discusión del salario mínimo para el próximo año.
Esto plantea una tensión evidente. Un incremento salarial demasiado bajo podría reducir la capacidad de compra de los trabajadores si los precios continúan creciendo a un ritmo elevado. Pero un aumento muy por encima de la inflación y de la productividad puede incrementar los costes laborales y trasladar parte de esa presión a los precios, según los análisis que ya están entrando en el debate.
Por eso, la discusión de 2027 no se resolverá únicamente preguntando cuánto necesitan ganar los trabajadores, sino también cuánto puede absorber la economía.
El riesgo de que el mayor coste laboral afecte a la contratación
Para las empresas, el salario mínimo representa más que el dinero que recibe directamente el trabajador. Sobre la remuneración se calculan prestaciones y diferentes obligaciones asociadas al empleo formal.
Ese efecto es especialmente relevante para actividades con una elevada presencia de trabajadores que reciben ingresos cercanos al mínimo. Un aumento salarial puede elevar los costes de contratación y obligar a las empresas a decidir entre absorberlos, trasladarlos parcialmente a precios o ajustar sus planes de contratación.
Un análisis publicado por Infobae recoge precisamente este debate y señala entre los sectores con mayor exposición al comercio, restaurantes, vigilancia privada, aseo, agro y confección.
La cuestión adquiere todavía mayor importancia para las pequeñas y medianas empresas, que cuentan con menor capacidad para absorber incrementos de costes.
El gran desafío es evitar que el salario termine empujando hacia la informalidad
Colombia enfrenta además un problema estructural: una parte importante de sus trabajadores desarrolla su actividad fuera de la formalidad laboral.
Por eso, una de las discusiones que acompañará la negociación será si un incremento del salario mínimo demasiado alejado de la evolución de la productividad puede hacer más difícil la contratación formal para determinados trabajadores y empresas.
ANIF ha advertido precisamente sobre los efectos que el aumento de 2026 podría tener sobre la estructura salarial y la informalidad y plantea que esos elementos deben formar parte de la evaluación del incremento de 2027.
No significa que un aumento del salario mínimo provoque automáticamente desempleo o informalidad. La relación depende de múltiples factores, entre ellos el crecimiento económico, la productividad, la demanda de trabajadores y la capacidad de las empresas para absorber los mayores costes.
La negociación todavía está abierta
Por ahora, no existe un porcentaje definitivo para el incremento de 2027.
La negociación formal deberá incorporar los datos de productividad laboral y las previsiones sobre inflación, crecimiento y empleo. Según el calendario explicado por ANIF, si no existe acuerdo antes del 15 de diciembre, las partes deberán exponer las razones del desacuerdo y continuar el proceso. Si finalmente no hay consenso, el Gobierno deberá establecer el salario mínimo mediante decreto antes del 30 de diciembre.
La próxima reunión está prevista para el 13 de octubre, por lo que la discusión apenas comienza a tomar forma.
El reto será encontrar un punto en el que el salario permita recuperar poder adquisitivo sin añadir una presión excesiva sobre las empresas y sobre un mercado laboral que llega a la negociación con una tasa de desempleo superior a la registrada un año atrás.
En ese equilibrio estará una de las claves económicas de Colombia para 2027.
