El tribunal advierte que podría revisar nuevamente la situación del país si los cambios en la justicia para las víctimas del conflicto modifican las condiciones que permitieron no abrir una investigación formal en 2021.
La relación de Colombia con la Corte Penal Internacional vuelve a estar bajo la lupa. El tribunal, con sede en La Haya, ha advertido que podría volver a estudiar la situación del país si considera que las condiciones que llevaron a descartar una investigación formal en 2021 han cambiado de manera significativa.
La advertencia llega en un momento especialmente sensible para la justicia que investiga los crímenes cometidos durante el conflicto armado. El Gobierno de Abelardo de la Espriella ha planteado modificaciones que afectan a la Jurisdicción Especial para la Paz, el sistema creado tras el acuerdo de 2016 para juzgar los delitos más graves de la guerra, y también ha planteado la posibilidad de que Colombia abandone el tratado que reconoce la autoridad de la Corte Penal Internacional.
Para entender qué está ocurriendo ahora hay que retroceder más de dos décadas.
Qué estaba revisando la Corte Penal Internacional
La Corte Penal Internacional comenzó en 2004 un examen preliminar sobre Colombia. Se trata de una revisión que realiza la Fiscalía del tribunal para determinar si existen razones suficientes para considerar que en un país se han cometido crímenes que podrían estar bajo su jurisdicción y, sobre todo, si las propias instituciones nacionales están investigándolos y juzgándolos de manera efectiva.
Durante 17 años, la Fiscalía analizó la respuesta de la justicia colombiana frente a algunos de los crímenes más graves del conflicto armado, entre ellos asesinatos, secuestros, desplazamientos forzados, violencia sexual y reclutamiento de menores.
El examen preliminar no equivale a una investigación penal formal. Es, en esencia, una etapa de evaluación para determinar si existen las condiciones que justificarían que la Corte Penal Internacional intervenga.
En 2021, después de años de seguimiento, la Fiscalía decidió no avanzar hacia una investigación formal contra Colombia. Consideró que las instituciones judiciales del país estaban llevando adelante procesos relacionados con esos crímenes y que, por tanto, no era necesario que la justicia internacional asumiera ese papel.
Sin embargo, aquella decisión no significaba que Colombia quedara fuera para siempre de la mirada de la Corte.
Por qué la Corte vuelve a mirar a Colombia
El principio que explica la situación actual es relativamente sencillo. La Corte Penal Internacional no sustituye automáticamente a los tribunales nacionales. Su intervención es excepcional y parte de la idea de que los Estados deben investigar y juzgar primero los crímenes más graves cometidos en su territorio o por sus ciudadanos.
Eso significa que, mientras las instituciones colombianas puedan hacerlo de manera genuina, la justicia internacional tiene un papel secundario.
El problema aparece si esas condiciones cambian.
La Fiscalía de la Corte ha advertido precisamente que podría reconsiderar su posición si se producen modificaciones significativas que afecten la capacidad de Colombia para investigar y juzgar los crímenes bajo su competencia.
Por eso la situación de la Jurisdicción Especial para la Paz resulta tan relevante.
La justicia para las víctimas está en el centro
La Jurisdicción Especial para la Paz fue creada después del acuerdo firmado en 2016 para investigar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto y establecer responsabilidades.
Sus procesos abarcan casos como los secuestros atribuidos a las antiguas FARC, los asesinatos de civiles presentados como bajas en combate, conocidos como falsos positivos, y el reclutamiento y utilización de menores.
El Gobierno ha defendido que tiene la facultad de establecer las prioridades del presupuesto nacional y ha planteado cambios en los recursos destinados a esta jurisdicción. También ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que Colombia se retire del Estatuto de Roma, el tratado mediante el cual el país aceptó la competencia de la Corte Penal Internacional.
Para las víctimas, sin embargo, el debate presupuestario tiene una dimensión mucho más concreta. Se trata de procesos que en muchos casos llevan años y de personas que todavía esperan conocer la verdad sobre lo ocurrido con sus familiares, obtener justicia y acceder a mecanismos de reparación.
Qué pasaría si Colombia abandona la Corte
Una eventual salida del Estatuto de Roma tampoco supondría que Colombia pudiera simplemente borrar sus obligaciones anteriores.
El procedimiento de retirada contempla un periodo de un año desde la notificación formal y no elimina automáticamente la competencia de la Corte sobre hechos que hayan ocurrido durante el periodo en que el país estuvo sometido al tratado.
Por eso, abandonar el Estatuto de Roma no funcionaría como un mecanismo para cerrar los procesos relacionados con los crímenes del conflicto que ya estén dentro del ámbito temporal y jurídico de la Corte.
Qué significa realmente la advertencia
La advertencia de la Corte Penal Internacional no significa que haya comenzado una nueva investigación contra Colombia ni que el tribunal vaya a intervenir de manera inmediata.
Lo que pone sobre la mesa es algo más concreto y, al mismo tiempo, importante: la posibilidad de volver a evaluar si Colombia sigue teniendo las condiciones necesarias para investigar y juzgar por sí misma los crímenes más graves del conflicto armado.
En otras palabras, el asunto no es únicamente qué decide La Haya, sino qué ocurre dentro de Colombia.
Mientras las instituciones nacionales mantengan su capacidad para investigar, juzgar y sancionar esos crímenes de manera genuina, la justicia colombiana conserva el papel principal. Si esas condiciones se deterioraran de forma significativa, la Corte Penal Internacional podría volver a estudiar la situación.
Para las víctimas, esa diferencia no es un asunto jurídico abstracto. Después de décadas de conflicto, significa algo mucho más sencillo y profundo: que la responsabilidad de hacer justicia sigue estando, antes que nada, en manos de Colombia.