La Ley de Rescate Económico propone bajar el umbral para pagar impuesto de renta, limitar las deducciones laborales y aumentar la carga tributaria de quienes tienen mayores ingresos.

La declaración de renta en Colombia podría experimentar cambios importantes si el Congreso aprueba la Ley de Rescate Económico presentada por el Gobierno. La iniciativa contempla nuevas tarifas para las personas naturales, modifica los beneficios tributarios de los trabajadores y amplía el grupo de contribuyentes que tendría que pagar este impuesto.

Uno de los principales cambios afectaría a quienes tienen ingresos medios y altos, pues podrían terminar pagando más renta al contar con menos deducciones y exenciones. Aunque el proyecto ha generado dudas sobre si las personas que ganan alrededor de $3,1 millones mensuales tendrían que empezar a tributar, el Ministerio de Hacienda ha aclarado que esa cifra corresponde a una base gravable después de aplicar las deducciones, no al salario bruto.

¿Quiénes pagarían más impuesto de renta en Colombia?

El proyecto de ley propone reducir de 1.090 a 720 UVT el límite de la base gravable a partir del cual se empieza a pagar impuesto de renta. Con los valores de 2026, el umbral pasaría de aproximadamente $57,1 millones a $37,7 millones anuales.

Esto significa que se incorporaría una nueva tarifa marginal del 9 % para la parte de la base gravable que supere las 720 UVT y no exceda las 1.090 UVT. Por ejemplo, una persona con una base gravable anual de $50 millones, que actualmente no pagaría impuesto en ese tramo, tendría que abonar aproximadamente $1,1 millones si se aprobara la propuesta.

Los contribuyentes con ingresos más elevados también podrían asumir una mayor carga. La tarifa marginal del 39 %, que actualmente se aplica a partir de 31.000 UVT de base gravable, comenzaría a aplicarse desde las 8.670 UVT, equivalentes a unos $454 millones anuales en 2026.

¿Qué cambia en las deducciones de los trabajadores?

Otro de los puntos que puede afectar directamente a los empleados es la reducción de los beneficios fiscales que permiten disminuir la base gravable antes de calcular el impuesto.

Entre los principales cambios propuestos están:

• Renta exenta del 25 %: se mantendría la posibilidad de descontar el 25 % de los pagos laborales, pero el límite anual bajaría de 790 a 630 UVT. En pesos de 2026, pasaría de unos $41,3 millones a cerca de $33 millones.
• Deducciones y rentas exentas: el límite general seguiría siendo del 40 % de los ingresos, pero el tope máximo disminuiría de 1.340 a 1.180 UVT, es decir, de unos $70,1 millones a $61,8 millones.
• Beneficio adicional por dependientes: se eliminaría la deducción extra de 72 UVT anuales por cada dependiente, hasta un máximo de cuatro. No obstante, se mantendría la deducción por dependientes contemplada en el artículo 387 del Estatuto Tributario, siempre que se cumplan sus requisitos.

En la práctica, estos ajustes podrían hacer que algunos trabajadores tengan una base gravable más alta y, por tanto, deban pagar más impuesto, incluso si sus ingresos no cambian.

¿También aumentaría la retención en la fuente?

Sí. La iniciativa plantea modificar la tabla de retención en la fuente aplicada a los pagos laborales. El nuevo esquema comenzaría a aplicar una tarifa marginal del 9 % a partir de los 65 UVT mensuales, equivalentes a unos $3,4 millones con el valor de la unidad tributaria de 2026.

Sin embargo, esta cifra corresponde al ingreso sometido al cálculo tributario después de las depuraciones correspondientes, no necesariamente al salario bruto que recibe el trabajador. Por eso, no significa que todos los empleados que ganen más de $3,4 millones vayan a tener automáticamente descuentos en su nómina.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, ha situado el inicio del pago efectivo del impuesto en ingresos cercanos a los $5 millones mensuales, aunque el resultado dependerá de las condiciones particulares de cada contribuyente.

¿Cuándo entrarían en vigor los cambios?

Por ahora, los ajustes son propuestas incluidas en el Proyecto de Ley 477 de 2026 y no constituyen obligaciones vigentes. El Congreso debe debatir y aprobar el articulado para que puedan convertirse en ley.

Por ello, los trabajadores no deben modificar todavía sus declaraciones ni asumir que las nuevas tarifas ya se aplican a sus salarios. Lo recomendable es conservar los certificados de ingresos, aportes y deducciones, y revisar la evolución del trámite legislativo antes de tomar decisiones tributarias.