El ataque informático afecta a los colombianos que tengan que realizar procedimientos judiciales.

El Ministerio de Justicia de Colombia recibió sus sistemas informáticos comprometidos por un ciberataque que ha dificultado el funcionamiento de varios servicios públicos. La situación, revelada por el actual ministro, Iván Cancino, tiene consecuencias que van más allá de los problemas tecnológicos de la entidad, ya que puede afectar a ciudadanos, empresas y personas que necesitan realizar trámites relacionados con la justicia y la política de drogas.

Entre las actividades que registraron dificultades están la expedición de licencias para el manejo de determinadas sustancias, los trámites relacionados con cannabis y algunas comunicaciones con las comisarías de familia. Aunque el Ministerio recurrió a procedimientos manuales y al trabajo remoto para mantener sus funciones, el ministro reconoció que el problema todavía persiste y que la Fiscalía General de la Nación ya recopiló evidencias para esclarecer lo ocurrido.

¿Cómo afecta el hackeo del Ministerio de Justicia a los ciudadanos?

Una de las áreas afectadas es la Dirección de Política de Drogas, que gestiona licencias para empresas que necesitan utilizar determinadas sustancias controladas en sus actividades. También se reportaron dificultades en los trámites de licencias de cannabis, necesarios para las compañías que operan legalmente en este sector.

En la práctica, estos inconvenientes pueden traducirse en demoras en la gestión de solicitudes, revisiones y autorizaciones. Por tanto, las empresas que dependen de estos permisos podrían experimentar retrasos administrativos que repercutan en sus operaciones y en el cumplimiento de sus obligaciones.

Otro punto especialmente sensible son las comunicaciones con las comisarías de familia. Estas dependencias atienden situaciones de violencia intrafamiliar, conflictos familiares y solicitudes de protección, por lo que las dificultades en los canales institucionales pueden complicar la coordinación entre organismos y ralentizar algunas gestiones.

Esto no significa que las comisarías hayan dejado de atender a las víctimas ni que se hayan suspendido las medidas de protección. Sin embargo, evidencia la importancia de contar con sistemas tecnológicos seguros y canales alternativos que permitan responder cuando se producen fallas informáticas.

¿Qué deben hacer quienes tengan trámites pendientes?

Ante este escenario, las personas y empresas que tengan solicitudes en curso ante el Ministerio de Justicia deberían tomar algunas precauciones:

• Consultar los canales oficiales: comprobar en la página web del Ministerio si existen novedades sobre la atención y los procedimientos afectados.
• Conservar los comprobantes: guardar los números de radicado, correos, documentos y justificantes de las solicitudes presentadas.
• Solicitar información sobre los plazos: si un trámite se encuentra detenido, preguntar a la entidad cómo continuará su gestión y si necesita documentación adicional.
• Evitar intermediarios no autorizados: no entregar documentos personales ni realizar pagos a terceros que prometan agilizar los procedimientos.

El Ministerio informó en agosto que había habilitado canales alternativos de atención presencial, telefónica y recepción de documentos mientras avanzaban las labores técnicas. No obstante, los usuarios deben verificar cuáles siguen operativos antes de utilizarlos.

¿Qué se sabe del ataque informático al Ministerio de Justicia?

El ciberataque se produjo el 2 de agosto de 2026 y fue atribuido preliminarmente por el Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia (ColCERT) a un virus tipo ransomware, una modalidad de ataque que puede bloquear sistemas y archivos para impedir su utilización.

El ministro Iván Cancino aseguró que las advertencias sobre los problemas informáticos se remontaban a enero y cuestionó que no se les hubiera dado suficiente importancia. Además, confirmó que la Fiscalía ya recopiló evidencias para determinar las circunstancias del incidente y establecer posibles responsabilidades.

Por ahora, no se ha confirmado públicamente que los datos personales de los ciudadanos hayan sido sustraídos o publicados como consecuencia del ataque. Por eso, no debe confundirse la interrupción o indisponibilidad de los sistemas con una filtración de información.

La investigación tendrá que establecer el alcance real del incidente, mientras que la recuperación de los servicios será determinante para evitar que los problemas tecnológicos sigan retrasando trámites y gestiones que afectan directamente a la ciudadanía.