El proyecto plantea que las EPS tramiten medicamentos y tratamientos con plazos de hasta 48 horas o cinco días hábiles, según el riesgo clínico.
Conseguir un medicamento, programar un procedimiento o acceder a un tratamiento puede convertirse en un recorrido administrativo para los pacientes en Colombia, que después de recibir una orden médica deben afrontar gestiones y autorizaciones ante las entidades responsables de su atención. Para cambiar esta situación, un proyecto de ley denominado Salud Sin Espera propone trasladar esas gestiones a las entidades del sistema de salud, de manera que los usuarios no tengan que asumir trámites que corresponden a su aseguramiento y atención.
La iniciativa fue radicada en el Congreso el 27 de octubre de 2026 y plantea establecer tiempos máximos de respuesta, una ventanilla única para consultar el estado de las órdenes médicas y la aprobación de las autorizaciones cuando la entidad responsable no responda dentro del plazo establecido. Su objetivo es reducir las barreras administrativas que retrasan la atención, aunque su aplicación dependerá de que el proyecto supere el trámite legislativo y se convierta en ley.
¿Qué es el proyecto Salud Sin Espera y cómo funcionaría?
La propuesta busca modificar la manera en que se gestionan las autorizaciones de medicamentos, tratamientos y procedimientos médicos en Colombia, estableciendo que, una vez exista una orden expedida por un profesional de salud, sean las entidades responsables las que adelanten las actuaciones administrativas necesarias para hacerla efectiva.
En la práctica, esto significaría que el paciente no tendría que encargarse de presentar repetidamente documentos, buscar quién autorice el servicio o realizar gestiones entre diferentes entidades para conseguir una prestación que ya ha sido indicada por su médico.
El cambio no supone que desaparezcan las verificaciones clínicas, administrativas o de cobertura que correspondan, sino que estas deberán ser gestionadas por las instituciones responsables, sin convertir al usuario en intermediario de sus propios trámites.
¿Cuánto tiempo tendrían las EPS para autorizar medicamentos y tratamientos?
Uno de los principales cambios que plantea Salud Sin Espera es establecer plazos máximos para responder a las solicitudes, diferenciados según el riesgo clínico y las circunstancias del paciente.
La información oficial de la Cámara de Representantes señala dos referencias temporales:
- Entre 24 y 48 horas: para solicitudes que requieren una respuesta prioritaria por sus condiciones clínicas.
- Hasta cinco días hábiles: para los demás procedimientos administrativos contemplados en la iniciativa.
La finalidad es evitar que una autorización permanezca pendiente durante semanas sin una respuesta de la entidad, especialmente cuando la demora puede afectar la evolución del paciente o interrumpir un tratamiento.
¿Qué pasa si la EPS no responde dentro del plazo?
El proyecto contempla el denominado silencio administrativo positivo, una figura por la que la falta de respuesta dentro del término establecido permitiría entender aprobada la autorización.
Esto supondría un cambio relevante para los usuarios, porque la ausencia de una decisión administrativa dejaría de ser una razón para mantener indefinidamente bloqueado el acceso al servicio prescrito.
La medida busca que las entidades asuman las consecuencias de no responder a tiempo, aunque su aplicación deberá ajustarse a las condiciones y procedimientos que finalmente establezca el texto aprobado.
¿Cómo funcionaría la ventanilla única para consultar las órdenes médicas?
La iniciativa también propone crear una ventanilla única para que los pacientes puedan consultar el estado de sus órdenes médicas y conocer en qué etapa se encuentra cada solicitud.
Este mecanismo permitiría centralizar la información y reducir la necesidad de comunicarse con distintas dependencias para averiguar si un medicamento está autorizado, si un procedimiento se encuentra pendiente o si existe una fecha prevista para la atención.
Para que resulte útil, su funcionamiento tendría que ofrecer información actualizada y accesible, de modo que también puedan utilizarlo las personas que tienen dificultades para realizar gestiones digitales.
¿Por qué se propone cambiar el sistema de autorizaciones médicas?
El proyecto llega en un contexto de reclamaciones por las dificultades para acceder a medicamentos, procedimientos y tecnologías sanitarias.
Según las cifras de la Defensoría del Pueblo citadas en la presentación de la iniciativa, durante 2025 se registraron más de 312.500 tutelas relacionadas con el acceso a medicamentos, la garantía de procedimientos y la disponibilidad de tecnologías en salud, un 17,92 % más que en 2024.
Estos datos reflejan la presión que soporta el sistema y la importancia de reducir los obstáculos administrativos, aunque no todas las dificultades de acceso se explican por las autorizaciones, ya que también intervienen la disponibilidad de medicamentos, la capacidad de los prestadores y las condiciones financieras y operativas de las entidades.
¿Cuándo empezaría a aplicarse Salud Sin Espera?
Por ahora, los pacientes no pueden exigir que las entidades apliquen los nuevos plazos basándose en este proyecto, puesto que la iniciativa apenas comienza su discusión en el Congreso y puede recibir modificaciones durante el trámite legislativo.
Si se aprueba, habrá que revisar el texto definitivo, sus disposiciones de entrada en vigor y las obligaciones concretas que se establezcan para cada actor del sistema.
Para los usuarios, la principal novedad que plantea Salud Sin Espera es que la responsabilidad de gestionar las autorizaciones dejaría de recaer sobre quien necesita atención médica y pasaría a las entidades encargadas de garantizarla, un cambio que busca reducir los tiempos administrativos sin confundir la agilización de los trámites con la disponibilidad efectiva de los servicios.