El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio acumula obligaciones pendientes por servicios médicos, medicamentos e insumos. Según la Superintendencia Nacional de Salud, el 51 % del pasivo reportado estaba en mora superior a 180 días al cierre de junio de 2026.
Las cuentas por pagar del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) superan los $2,4 billones, de acuerdo con un informe presentado por la superintendente nacional de Salud, María Andrea Godoy, durante un debate de control político en la Comisión Séptima del Senado.
Las obligaciones corresponden a la prestación de servicios médicos, medicamentos e insumos para los más de 820.000 afiliados al sistema de salud del magisterio. La situación genera preocupación por las dificultades financieras y contractuales que enfrenta el Fondo, encargado de garantizar la atención de docentes y sus beneficiarios.
Según las cifras de la Supersalud, con corte al 30 de junio de 2026, $1,24 billones, equivalentes al 51 % del pasivo total, tenían una mora superior a 180 días. La entidad también reportó dificultades en la formalización de contratos con los prestadores de servicios de salud.
Supersalud reportó hallazgos y tomó medidas
Entre 2024 y 2026, la Superintendencia Nacional de Salud realizó nueve auditorías al FOMAG. En una revisión nacional adelantada en mayo de 2026 identificó 38 hallazgos relacionados con obligaciones contractuales, gestión financiera, prestación de servicios, gestión del riesgo en salud y sistemas de información.
Uno de los puntos señalados fue la contratación de la red de atención. De acuerdo con el informe, de los 3.934 prestadores registrados para atender a los afiliados, solo uno tenía un contrato legalizado a la fecha del reporte.
Además, durante agosto de 2026, la Supersalud recibió 4.053 peticiones, quejas y reclamos relacionados con el sistema de salud del magisterio, en un contexto en el que la entidad reportó un promedio mensual cercano a las 4.000 quejas.
Ante este panorama, la Superintendencia impuso una medida cautelar al Fondo para que cesen las actuaciones que puedan poner en riesgo la vida y la integridad de los pacientes, así como los recursos destinados a su atención. Los hallazgos también fueron trasladados a la Contraloría General de la República, la Fiscalía y la Procuraduría para las actuaciones correspondientes.
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Ministerio de Educación pidió una auditoría forense
Durante el debate, la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, cuestionó el funcionamiento del modelo de salud adoptado mediante el Acuerdo 003 de 2024 y afirmó que sus fallas han afectado los derechos del magisterio.
La funcionaria solicitó al presidente de la República una auditoría forense para esclarecer el manejo de los recursos y determinar si existieron posibles irregularidades. Según el Ministerio de Educación, su diagnóstico técnico registró 59 hallazgos, principalmente financieros y relacionados con la prestación de servicios de salud, además de un patrimonio negativo de $3,198 billones a junio de 2026.
El Ministerio también informó que ha presentado siete acciones de tutela para obtener información de la Fiduprevisora sobre el contrato de fiducia. Entre las medidas anunciadas para atender la situación se encuentran mesas de trabajo con Fecode y los ministerios de Salud y Hacienda, así como la revisión de los recursos pendientes.
¿Qué pasará con la atención de los docentes?
La prioridad de las autoridades es establecer medidas que permitan garantizar la continuidad de los servicios médicos y resolver las dificultades financieras y contractuales del Fondo.
La ministra de Educación anunció un nuevo Consejo Directivo del FOMAG para el 30 de octubre de 2026. Allí se espera avanzar en decisiones para responder a las alertas identificadas y proteger los derechos de los afiliados.
Mientras tanto, los hallazgos reportados por la Supersalud y el Ministerio de Educación deberán ser examinados por las entidades competentes para determinar las responsabilidades que correspondan.
Fuente: El Espectador.