El proyecto por $634,9 billones fue aprobado por el Congreso, pero una diferencia en el artículo 65 entre los textos votados por el Senado y la Cámara abrió dudas sobre la validez del trámite.

El Presupuesto General de la Nación para 2027 parecía listo para pasar a sanción presidencial después de una larga jornada de debates en el Congreso. Sin embargo, la aprobación quedó bajo cuestionamiento por una posible irregularidad en el procedimiento legislativo que podría cambiar la forma en que se definen los gastos del Estado para el próximo año.

La controversia gira en torno a una diferencia entre los textos aprobados por el Senado y la Cámara de Representantes. Aunque ambas corporaciones dieron luz verde al presupuesto por $634,9 billones, el artículo 65 habría quedado con una modificación que no fue aprobada en los mismos términos por las dos cámaras. La Secretaría General del Senado confirmó que en esa corporación el artículo se votó sin proposiciones

¿Cuál es el error que pone en riesgo el presupuesto?

Para entender el problema, hay que tener en cuenta una regla básica del Congreso colombiano: cuando el Senado y la Cámara aprueban versiones distintas de un proyecto de ley, deben conciliar las diferencias y someter el texto acordado a la aprobación de ambas corporaciones.

Según la denuncia de la senadora Esmeralda Hernández y las declaraciones del secretario general del Senado, Diego González, el artículo 65 se aprobó en el Senado sin modificaciones. Sin embargo, en la Cámara habría sido incorporada una proposición que el senador Juan Caicedo había retirado durante la discusión.

La Cámara sostuvo inicialmente que no necesitaba una conciliación porque los textos aprobados eran idénticos. El problema es que, si se confirma que el artículo quedó distinto, esa justificación pierde sustento y el trámite podría tener un vicio legal.

En otras palabras, no se cuestiona que haya habido votaciones, sino que ambas cámaras hayan aprobado exactamente el mismo contenido y cumplido los pasos exigidos para convertir el proyecto en ley.

¿Qué significa que tenga un vicio de trámite?

Un vicio de trámite es una posible irregularidad en el procedimiento que debe seguir una iniciativa para convertirse en ley. No es simplemente un error de redacción: puede afectar su validez si se incumplieron reglas obligatorias del proceso legislativo.

En este caso, la discusión es si la diferencia en el artículo 65 impidió completar correctamente la aprobación del presupuesto. Algunos congresistas sostienen que el proyecto no puede seguir hacia la sanción presidencial en esas condiciones. Otros consideran que la irregularidad no invalida todo lo aprobado y que debe aplicarse el texto que recibió luz verde en el primer debate.

Por eso, aunque varios reportes hablan de un posible hundimiento, es importante no confundir la controversia con una decisión judicial definitiva sobre sus efectos.

¿Qué pasaría con los recursos para 2027?

El presupuesto aprobado asciende a $634,9 billones y contempla recursos para el funcionamiento del Estado, el pago de obligaciones y la inversión pública. Entre las partidas anunciadas por el Gobierno están los recursos para salud, educación, pensiones, subsidios de energía y gas, y seguridad.

Si el proyecto aprobado en las plenarias no puede convertirse en ley, el Gobierno tendría que expedir el presupuesto por decreto, con base en el texto aprobado en el primer debate de las comisiones económicas, según lo señalado por congresistas y reportes de prensa. Esto podría cambiar algunas de las partidas incluidas durante las últimas votaciones.

Para los ciudadanos, la consecuencia no sería necesariamente la suspensión automática de subsidios o servicios. El impacto dependerá de cuáles recursos queden incluidos en el presupuesto definitivo y de las decisiones que tome cada entidad dentro de las reglas legales.

¿Qué sigue para el presupuesto?

La diferencia entre los textos aprobados debe resolverse dentro del marco constitucional y legal. Mientras tanto, el proyecto queda bajo incertidumbre y el Gobierno deberá definir cómo proceder frente al cuestionamiento.

El caso deja en evidencia que aprobar una cifra millonaria no basta para garantizar la validez de una ley. También es necesario cumplir cada etapa del procedimiento. De ello depende que las entidades públicas puedan planear sus gastos y ejecutar los recursos del próximo año con seguridad jurídica.