En La FM, Juan Lozano y Darcy Quinn advirtieron sobre un posible patrón de instrumentalización de la justicia, en el gobierno anterior, mediante testimonios de exparamilitares. Las revelaciones sobre el Pacto de Valledupar reabrieron interrogantes sobre procesos judiciales de alto impacto político.

El denominado Pacto de Valledupar, relaciona presuntos ofrecimientos de beneficios a exparamilitares a cambio de declaraciones contra Abelardo De La Espriella, Álvaro Uribe Vélez y Germán Vargas Lleras.

La controversia surgió a partir de un documento divulgado por el periodista Santiago Ángel. Este plantea interrogantes sobre el ofrecimiento de beneficios a antiguos jefes paramilitares para obtener señalamientos contra los mencionados.

Juan Lozano relacionó estas denuncias con otros episodios judiciales controvertidos, entre ellos la retractación de David Murcia, y llamó la atención sobre lo ocurrido con Álvaro y Santiago Uribe Vélez.

«Y mire, juntando puntos, que entre primera y segunda vuelta involucraron a Álvaro Uribe, avanzaron en un proceso contra Álvaro Uribe y le dieron toda la publicidad, y condenaron al hermano de Álvaro Uribe», afirmó el periodista.

Por su parte, Darcy Quinn advirtió sobre las implicaciones que tendría una eventual coordinación entre actores políticos y judiciales para obtener declaraciones contra adversarios.

«Esto lo que deja es un patrón con un sinsabor terrible, porque ahí hay un amangualamiento con la justicia», aseguró Quinn, quien cuestionó por qué se habrían ofrecido beneficios que corresponden a las autoridades judiciales.

En el mismo espacio, el exfiscal Francisco Barbosa sostuvo que las denuncias podrían revelar un patrón de búsqueda de testimonios contra opositores mediante ofrecimientos. «El mismo método: buscar declaraciones para ensuciar a sus enemigos políticos mediante estrategias de beneficios», señaló.

Barbosa advirtió que, de comprobarse los hechos, podrían presentarse delitos como falso testimonio, soborno, fraude procesal y concierto para delinquir.

Las intervenciones de Lozano y Quinn situaron nuevamente los casos de Álvaro y Santiago Uribe Vélez en el debate sobre la credibilidad de los testimonios y la posible instrumentalización de la justicia con fines políticos. Es necesario que las autoridades esclarezcan si existieron irregularidades o conexiones con otros procesos judiciales.

Fuente: El Nuevo Día