Entre julio de 2023 y julio de 2026, Naciones Unidas documentó 162 ataques o uso militar de escuelas en Colombia. El caso más reciente tuvo lugar en una sede rural de Cajibío, Cauca.

En la madrugada del 5 de octubre, un padre de familia encontró dos artefactos explosivos en la escuela de la vereda La Palma, en el corregimiento de Ortega, municipio de Cajibío (Cauca), y avisó a las autoridades. Tropas del Ejército los ubicaron y los destruyeron de forma controlada, según informó El Espectador.

El Ejército atribuyó la instalación de los artefactos a la estructura Jaime Martínez, disidencia de las Farc. En esa sede conviven a diario al menos 25 niños durante sus clases y recreos.

No es un caso aislado. El 23 de septiembre, en zona rural de El Tambo (Cauca), estudiantes y familias tuvieron que permanecer resguardados durante varias horas mientras se desarrollaban combates entre el Ejército y las disidencias, según confirmó el personero municipal. 

Y en mayo, 37 colegios de la zona rural de Jamundí (Valle del Cauca) suspendieron clases para 3.400 estudiantes, tras más de 100 ataques con drones cargados de explosivos contra la fuerza pública en la región.

Qué dicen las cifras

El 9 de septiembre, en el Día Internacional para Proteger la Educación de Ataques, UNICEF Colombia publicó que en los últimos tres años Naciones Unidas verificó 162 casos de ataques o uso militar de instituciones educativas. Esos hechos afectaron al menos a 21.700 estudiantes.

En declaraciones posteriores a El Espectador, la organización habló de 163 casos entre julio de 2023 y julio de 2026 y entregó un desglose. Según esa información, hubo 70 ataques, que incluyeron daños a escuelas, amenazas contra maestros y agresiones contra docentes, y 92 hechos de uso militar de colegios.

Para entender estas cifras conviene distinguir dos cosas. Un ataque incluye daños a la infraestructura escolar y amenazas o agresiones contra estudiantes y profesores. 

El uso militar ocurre cuando un grupo armado ocupa la escuela. Según UNICEF, los planteles han servido como cuarteles, depósitos de armas y puestos de mando, y también para hacer propaganda y reclutar menores.

“El daño es múltiple y tiene efectos a largo plazo”, advirtió Paola Franchi, jefa de Protección de la Niñez de UNICEF en Colombia. Según explicó, cuando se ataca o se ocupa una escuela no solo se pierde el acceso a clases, también la protección, el juego y la participación de los niños.

Cauca, Arauca y Norte de Santander concentran los casos

Según los datos que UNICEF entregó a El Espectador, el Cauca encabeza la lista con 35 casos, seguido de Arauca, con 27, y Norte de Santander, con 17. Después aparecen Chocó (16), Antioquia (14) y Nariño (11). En total, hubo hechos en 17 departamentos, la mayoría en zonas rurales con presencia de grupos armados.

El uso militar de colegios se concentró en Arauca, Chocó, Cauca, Norte de Santander y Antioquia.

El último año completo muestra menos casos verificados

El informe anual del Secretario General de la ONU sobre los niños y los conflictos armados, publicado en junio de 2026, permite ver lo que pasó en 2025. Ese año, Naciones Unidas verificó en Colombia 17 ataques contra escuelas y el uso militar de otras 26. Todas las escuelas ocupadas fueron desalojadas.

El uso militar de esas 26 escuelas se atribuyó al ELN (10), a grupos disidentes de las Farc (7), al Clan del Golfo (3), a autores no identificados (3), a las Fuerzas Militares (2) y a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (1).

La cifra de 2025 es menor que la de 2024. Según UNICEF, en 2024 Naciones Unidas verificó 27 ataques y 35 casos de uso militar de escuelas, la cifra más alta del periodo 2020 a 2024. Es decir, los casos verificados pasaron de 62 en 2024 a 43 en 2025.

Esa reducción, sin embargo, debe leerse con cautela. El propio informe de la ONU advierte que sus datos no reflejan la totalidad de las violaciones, porque las dificultades de acceso a las zonas afectadas limitan la verificación. Menos casos verificados no significa necesariamente menos casos reales.

Las escuelas, en un panorama más amplio de violencia contra la niñez

Los ataques a escuelas son una de las seis violaciones graves contra los niños que vigila Naciones Unidas en zonas de conflicto. Según el mismo informe, en 2025 la ONU verificó en Colombia 575 violaciones graves contra 449 niños, entre ellos 171 indígenas. La más frecuente fue el reclutamiento, que afectó a 371 menores, en su mayoría por parte de grupos disidentes de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo.

Otras organizaciones llevan su propio registro con metodologías distintas, por lo que sus cifras no se pueden sumar a las de la ONU. El Consejo Noruego para Refugiados (NRC) documentó 61 ataques a la educación entre enero y junio de 2026 en los siete departamentos donde trabaja, que afectaron a 11.976 personas, la gran mayoría estudiantes. Según la organización, seis de cada diez de esos ataques ocurrieron dentro de las escuelas.

Qué se le pide al Estado

Colombia se adhirió en noviembre de 2022 a la Declaración sobre Escuelas Seguras, un compromiso internacional para proteger a estudiantes, docentes y planteles en medio del conflicto. Para cumplirlo, el Gobierno adoptó un plan de acción nacional con vigencia hasta finales de 2026.

En su informe de junio, el Secretario General de la ONU alentó al Gobierno a acelerar la aplicación de ese plan y celebró la adopción de lineamientos de gestión del riesgo escolar y educación en emergencias. UNICEF, por su parte, pidió a todas las partes en el conflicto cesar los ataques y el uso militar de escuelas, que son bienes civiles protegidos por el Derecho Internacional Humanitario.

Con el plan a punto de vencer, la pregunta es qué vendrá después para las escuelas rurales que siguen en medio de la guerra.