La Fiscalía llevará a audiencia a funcionarios y exfuncionarios por la muerte del niño de siete años, quien padecía hemofilia severa y no habría recibido a tiempo el medicamento que necesitaba.
La muerte de Kevin Acosta, un niño de siete años que padecía hemofilia severa, llegará a una nueva etapa judicial. La Fiscalía prepara la imputación de cinco personas por el delito de homicidio culposo, dentro de la investigación que busca establecer qué ocurrió con la atención médica que recibió el menor antes de morir.
La información fue revelada por Q’HUBO Medellín, que señaló que la audiencia está prevista para el próximo 2 de septiembre. La investigación apunta a funcionarios y exfuncionarios relacionados con la Nueva EPS y a un médico que tuvo participación en la atención del niño.
El caso se remonta a febrero de este año, cuando Kevin sufrió una caída en bicicleta que le provocó hemorragias. El menor fue atendido inicialmente en su municipio y posteriormente trasladado a Pitalito y Bogotá, donde finalmente murió el 13 de febrero.
Sin embargo, la investigación estableció que el accidente no explica por sí solo todo lo ocurrido. Kevin padecía una hemofilia severa y necesitaba un tratamiento permanente para controlar su condición.
El medicamento que Kevin necesitaba y no recibió
Uno de los puntos centrales de la investigación es el suministro de Emicizumab, medicamento utilizado para el tratamiento de pacientes con hemofilia.
Según un informe de la Procuraduría citado por Q’HUBO Medellín, Kevin llevaba cerca de dos meses sin recibir el medicamento y esa falta de tratamiento lo habría dejado en una situación clínica crítica. El Ministerio Público señaló además problemas en la red de atención de la Nueva EPS.
De acuerdo con la investigación, la IPS Medicarte habría suspendido la entrega del medicamento debido a la falta de pagos de la Nueva EPS. Posteriormente, otra institución que debía asumir la atención de pacientes trasladados tampoco habría podido hacerlo porque no recibió los recursos correspondientes.
La Procuraduría concluyó que estas fallas en la atención estuvieron relacionadas con la muerte del menor y señaló a la Nueva EPS por una posible negligencia.
Estas conclusiones hacen parte de la investigación y serán ahora contrastadas en el proceso penal que comienza con la imputación.
¿Quiénes serán imputados por la muerte de Kevin Acosta?
Entre las personas que deberán comparecer ante la justicia está Luis Óscar Galves Mateus, quien se desempeñó como interventor de la Nueva EPS entre noviembre de 2025 y abril de 2026.
La Fiscalía considera que, por su posición dentro de la entidad, tenía una responsabilidad de garantizar la calidad y oportunidad de los servicios médicos prestados a los afiliados.
También aparece Nelson Ramírez Plazas, médico hematólogo relacionado con la atención del menor. La investigación busca establecer si las decisiones tomadas durante el seguimiento médico de Kevin contribuyeron al desenlace.
Las otras dos personas mencionadas son Jessika Paola Triana Sagastuy, directora de la cohorte de Alto Costo, y Diana Marcela Caballero Arias, gerente de Atención Complementaria.
La Fiscalía deberá exponer ante un juez cuáles son los elementos que sustentan las imputaciones y qué participación habría tenido cada uno de los investigados.
El caso también puso bajo la lupa la historia clínica del niño
La investigación tiene además otro capítulo que involucra al expresidente Gustavo Petro.
La Fiscalía pidió a la Comisión de Acusaciones de la Cámara investigar al exmandatario por la divulgación de información de la historia clínica de Kevin, un documento que contiene datos protegidos por tratarse de un menor de edad.
La solicitud también plantea revisar una posible responsabilidad de Petro relacionada con su posición frente a la Nueva EPS y las decisiones adoptadas durante su Gobierno.
El asunto es independiente de la imputación que prepara la Fiscalía contra las cinco personas vinculadas directamente con la atención del niño.
La audiencia será clave para establecer responsabilidades
La imputación no significa que los cinco investigados hayan sido declarados culpables.
En esta etapa, la Fiscalía deberá comunicar formalmente los delitos que les atribuye y explicar los elementos con los que pretende demostrar su posible responsabilidad. A partir de ahí continuará un proceso judicial en el que los señalados tendrán derecho a defenderse y un juez deberá valorar las pruebas.
El caso de Kevin Acosta ha generado especial atención porque pone nuevamente sobre la mesa una pregunta que trasciende a su familia: qué ocurre cuando un paciente con una enfermedad que requiere tratamiento permanente enfrenta fallas en la entrega de medicamentos y en la coordinación de su atención.
La audiencia prevista para septiembre será, por tanto, un nuevo paso para determinar si esas fallas fueron simples problemas administrativos o si, como sostiene la investigación, tuvieron consecuencias penales en la muerte del menor.
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