El Congreso aprobó la iniciativa que sustituye el modelo de Paz Total por un mecanismo de sometimiento judicial con rebajas de penas condicionadas a la entrega de armas, bienes e información.
La Ley de Sometimiento en Colombia superó en el Congreso su último debate Congreso y abre una nueva etapa en la estrategia del Gobierno de Abelardo de la Espriella frente a las organizaciones criminales. La iniciativa, que pasó una primera etapa en octubre, aprobada por el Senado y la Cámara de Representantes, establece un marco jurídico para que integrantes de estructuras ilegales puedan entregarse a la justicia a cambio de beneficios judiciales, siempre que cumplan una serie de compromisos.
La decisión supone un cambio importante respecto a la política de Paz Total impulsada por el anterior Gobierno de Gustavo Petro. A diferencia de aquel modelo, la nueva propuesta descarta las negociaciones políticas con grupos armados y plantea que el sometimiento se realice bajo condiciones establecidas por la ley. Aunque el Congreso ya dio su aprobación, el texto todavía debe recibir la sanción presidencial para entrar en vigor.
¿Qué contempla la nueva Ley de Sometimiento?
Uno de los principales cambios es que las organizaciones criminales podrán acogerse a un procedimiento judicial sin recibir reconocimiento político. El objetivo es facilitar su desmantelamiento mediante la entrega de sus integrantes, armas, bienes e información relevante para las investigaciones.
La norma contempla reducciones de hasta el 50 % de las penas para integrantes de base y de hasta el 30 % para los cabecillas. Sin embargo, estos beneficios no serán automáticos: dependerán del cumplimiento de las obligaciones establecidas y de la colaboración efectiva con las autoridades.
Además, el mecanismo no contempla la suspensión de órdenes de captura ni de solicitudes de extradición, dos cuestiones que habían generado controversia durante anteriores procesos de acercamiento entre el Estado y organizaciones armadas.
¿Qué tendrán que hacer los grupos criminales para obtener beneficios?
El sometimiento exige compromisos concretos. Entre ellos figuran abandonar las actividades ilegales, entregar las armas, colaborar con las investigaciones y proporcionar información que permita identificar a otros integrantes de las estructuras criminales y avanzar en su desmantelamiento.
También deberán entregar los bienes vinculados a sus actividades ilícitas y contribuir a esclarecer los delitos cometidos. Esto incluye aportar información sobre personas secuestradas y desaparecidas, así como facilitar la salida de niños, niñas y adolescentes reclutados por estas organizaciones.
Uno de los puntos destacados del texto aprobado es la exclusión de los beneficios penales diferenciados para quienes hayan sido condenados por reclutamiento de menores de edad.
¿Cómo puede afectar esta ley a los ciudadanos y a las víctimas?
La aplicación de la Ley de Sometimiento tendrá consecuencias que van más allá del ámbito judicial. Para las comunidades que conviven con estructuras criminales, especialmente en territorios afectados por la extorsión, el secuestro, el narcotráfico y otras actividades ilegales, el resultado dependerá de que las organizaciones realmente abandonen sus operaciones.
En ese sentido, la entrega de información, la identificación de bienes y el desmantelamiento de las estructuras serán aspectos fundamentales para que el proceso tenga efectos concretos sobre la seguridad de la población.
Para las víctimas, la norma establece compromisos de colaboración con la verdad y reparación. No obstante, su impacto dependerá de que las obligaciones se cumplan y de que las autoridades puedan verificar los aportes realizados por quienes se acojan al mecanismo.
¿Qué sigue tras la aprobación en el Congreso?
El Senado aprobó la iniciativa con 57 votos a favor y 24 en contra, mientras que la Cámara de Representantes respaldó el mismo texto con 95 votos positivos y 10 negativos. Al coincidir ambas corporaciones en el articulado, no será necesaria una conciliación y el proyecto pasa a sanción presidencial.
Una vez se complete ese trámite, el Gobierno deberá avanzar en la aplicación del nuevo marco jurídico y en la coordinación con las autoridades judiciales y las instituciones responsables de verificar los compromisos.
La aprobación marca así el final del trámite legislativo de una de las principales apuestas de seguridad del Gobierno de De la Espriella. Sin embargo, el verdadero alcance de la Ley de Sometimiento dependerá de su implementación y de que las rebajas de penas estén acompañadas de resultados verificables en materia de desmantelamiento criminal, verdad y reparación a las víctimas.