El proyecto del Gobierno de Abelardo de la Espriella avanzó a las plenarias de Senado y Cámara. Entre los ajustes están nuevas condiciones para acceder a beneficios penales y cambios en la duración de la norma.
Las comisiones primeras conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes aprobaron en primer debate la ley de sometimiento a la justicia impulsada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella. La iniciativa busca establecer una ruta jurídica para que integrantes de grupos armados ilegales y organizaciones criminales abandonen sus actividades y respondan ante la justicia ordinaria.
El proyecto recibió luz verde el 21 de octubre de 2026, tras una jornada de discusión de cerca de diez horas. La propuesta pasó con modificaciones puntuales y ahora deberá ser debatida en las plenarias de ambas corporaciones para continuar su trámite legislativo.
¿Qué cambios tuvo la ley de sometimiento?
Uno de los principales ajustes fue la duración de la norma. Aunque la propuesta inicial contemplaba una vigencia de diez años, durante el debate se aprobó reducirla a cuatro años, correspondientes al periodo del actual Gobierno. La modificación busca que la siguiente administración pueda definir su propia política de acercamiento a los grupos armados.
También se modificaron las condiciones para acceder a beneficios penales en casos relacionados con el lavado de activos. El tiempo mínimo de prisión efectiva pasó de uno a tres años, antes de que pueda evaluarse el acceso a la libertad condicional, según lo aprobado en las comisiones.
Otro punto se refiere a los responsables de reclutamiento forzado de menores de edad. El texto aprobado contempla que puedan acceder a beneficios limitados, con reducciones de pena de hasta el 30 % para integrantes ordinarios y del 10 % para quienes hayan ejercido funciones de mando. El acceso dependerá de las condiciones establecidas en la norma y del control judicial.
Verdad, reparación y beneficios judiciales
La iniciativa establece que el sometimiento no será automático. Las personas que busquen acogerse deberán cumplir compromisos relacionados con el aporte de verdad, la colaboración con las autoridades, la entrega de bienes y la reparación de las víctimas.
Entre las precisiones incorporadas al articulado se encuentra la obligación de entregar información exhaustiva y veraz sobre los delitos conocidos o cometidos, reconocer la responsabilidad correspondiente y responder a los requerimientos de la Fiscalía, los jueces y las víctimas. La entrega de información falsa u omisiones deliberadas sobre hechos graves puede llevar a la revocatoria de los beneficios.
El texto mantiene, además, un régimen diferenciado de rebajas de pena: hasta el 50 % para integrantes que cumplan los requisitos y hasta el 30 % para quienes hayan tenido funciones de mando. Para estos últimos, se establece un mínimo de diez años de condena, de acuerdo con las condiciones previstas en el proyecto.
La propuesta también incluye medidas para proteger la intimidad de las víctimas de violencia sexual y contempla que la Defensoría del Pueblo les brinde asesoría y, cuando corresponda, representación jurídica.
¿Qué sigue para el proyecto?
Tras su aprobación en las comisiones primeras, la iniciativa deberá superar los debates en las plenarias del Senado y la Cámara. El trámite tiene un plazo ajustado, debido a que las disposiciones de la Ley de Orden Público que el proyecto busca modificar tienen vigencia hasta comienzos de noviembre de 2026.
El Gobierno defiende la iniciativa como una herramienta para combatir las estructuras criminales mediante el sometimiento a la justicia, sin negociaciones de carácter político. Sin embargo, el proyecto ha generado cuestionamientos de sectores de oposición, entre ellos por el alcance de los beneficios penales y los posibles incentivos para que los sometidos entreguen información sobre terceros.
Por ahora, la iniciativa no es una ley definitiva: debe completar su trámite en el Congreso antes de convertirse en norma.
Fuente: El Tiempo