El Gobierno expidió el Decreto 1599 de 2026 después de que el Senado y la Cámara no lograran conciliar sus textos.
El Gobierno nacional dejó definido el Presupuesto General de la Nación para 2027 en $634,9 billones, mediante el Decreto 1599 de 2026, expedido el 22 de octubre. La decisión se tomó después de que el Senado y la Cámara de Representantes aprobaran versiones diferentes del proyecto y no consiguieran conciliar las discrepancias antes de que venciera el plazo legal. En consecuencia, el Ejecutivo aplicó el artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto y adoptó como base el texto aprobado durante el primer debate de las comisiones económicas del Congreso.
Aunque el monto total se mantiene, la distribución de los recursos no incorpora todos los cambios que se habían acordado durante las plenarias. Entre las partidas que quedaron por fuera de esa última etapa figuran incrementos para el aseguramiento en salud, los subsidios de energía eléctrica y gas, las pensiones y las universidades públicas. La diferencia es importante porque el presupuesto determina cómo se financiarán el funcionamiento del Estado, el servicio de la deuda y la inversión pública durante el próximo año.
¿Cómo quedó distribuido el presupuesto de 2027?
De acuerdo con la información publicada tras la expedición del decreto, los $634,9 billones se distribuirán en tres grandes rubros:
- Funcionamiento del Estado: $391,38 billones.
- Servicio de la deuda pública: $155,43 billones.
- Inversión: $88,14 billones.
Entre las principales asignaciones sectoriales están los cerca de $93 billones para educación, $81,56 billones para salud y protección social, $74,90 billones para Defensa y Policía, y $67,42 billones para Trabajo, que incluye obligaciones pensionales. Transporte contará con $21,67 billones y Minas y Energía con $7,51 billones.
En salud sí quedaron incorporados $2 billones adicionales que se habían aprobado durante el primer debate. Sin embargo, el presupuesto expedido no incluye otros $3 billones que se habían propuesto en las plenarias para reforzar el aseguramiento.
¿Qué recursos adicionales quedaron por fuera?
El cambio más relevante no está en el monto total, sino en las modificaciones que no pasaron al texto definitivo. Según el balance publicado por El Espectador, entre los incrementos aprobados durante el segundo debate que no quedaron incorporados figuran:
- Salud: $3 billones adicionales para el aseguramiento.
- Pensiones: $6,5 billones adicionales.
- Subsidios de energía eléctrica y gas: $3 billones.
- Universidades públicas: $700.000 millones adicionales.
Estas partidas corresponden a modificaciones discutidas durante las plenarias y no deben confundirse con los recursos que ya estaban contemplados en el texto de primer debate.
La exclusión de esos incrementos tampoco significa que se eliminen automáticamente los subsidios existentes o que se suspendan los servicios de salud. El efecto concreto dependerá de la distribución presupuestal vigente, de las obligaciones que deba atender cada entidad y de las decisiones que adopte el Gobierno para financiar sus programas.
¿Por qué el presupuesto tuvo que salir por decreto?
La dificultad se originó en una diferencia entre los textos aprobados por las dos cámaras, relacionada con el artículo 65 y los mecanismos de cobertura financiera frente a variaciones en los precios del petróleo, los combustibles y la tasa de cambio.
Como las versiones no coincidían, era necesario conciliarlas. Sin embargo, el trámite no se completó dentro del plazo legal. Por ello, el Gobierno acudió al artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, que establece la regla aplicable cuando el proyecto no culmina oportunamente su trámite legislativo.
El vicepresidente José Manuel Restrepo sostuvo que el presupuesto no fue rechazado por el Congreso, sino que debía regir el proyecto presentado por el Gobierno con las modificaciones aprobadas en el primer debate.
¿Qué viene ahora para las cuentas públicas?
La expedición del decreto define el presupuesto para 2027, pero no resuelve por sí sola los desafíos fiscales del país. El Gobierno ha anunciado que prepara una ley de rescate económico para ordenar las finanzas públicas y avanzar en el ajuste fiscal. Esa iniciativa tendrá que tramitarse ante el Congreso.
Para los ciudadanos, el seguimiento estará en las decisiones sobre la financiación de la salud, las obligaciones pensionales, los subsidios de servicios públicos y los programas sociales. La clave será verificar qué medidas adopta el Ejecutivo para atender esas necesidades y cómo quedan reflejadas en los documentos presupuestales oficiales.
Por ahora, el dato central es que el presupuesto de 2027 quedó fijado en $634,9 billones y su distribución corresponde al texto aprobado en el primer debate, no a todos los cambios que se habían negociado posteriormente en las plenarias.