La Presidencia sostiene que el traslado durante el Festival Náutico de Cartagena respondió a razones de seguridad, mientras congresistas piden aclarar quién autorizó el uso de la embarcación y bajo qué condiciones.
La presencia de Lucía de la Espriella, hija del presidente Abelardo de la Espriella, en una embarcación de la Armada Nacional durante el Festival Náutico de Cartagena abrió un debate sobre el uso de los bienes públicos y los límites de los dispositivos de protección de la familia presidencial. La controversia surgió después de que circularan imágenes de la joven en la bahía, acompañada de otras personas, durante la celebración del pasado 14 de noviembre.
Ante los cuestionamientos, el Gobierno defendió el traslado y negó que la lancha se hubiera destinado a una actividad privada. Sin embargo, representantes del Pacto Histórico anunciaron que solicitarán explicaciones sobre el procedimiento. Más allá de la discusión política, el caso plantea una pregunta relevante para los ciudadanos: ¿cuándo puede utilizarse un recurso de la Fuerza Pública para transportar a un familiar del presidente y en qué circunstancias ese uso podría constituir una irregularidad?
¿Qué dice la ley sobre el uso de una embarcación de la Armada?
El artículo 398 del Código Penal colombiano, incluido en la Ley 599 de 2000, establece el delito de peculado por uso. La norma sanciona al servidor público que utilice indebidamente bienes del Estado o permita que otra persona los utilice. La pena prevista es de 16 a 72 meses de prisión, además de inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas por el mismo periodo.
Esto significa que el hecho de que una persona particular viaje en un vehículo o una embarcación oficial no configura automáticamente un delito. Lo determinante es establecer si el recurso se empleó de manera indebida y si un funcionario lo utilizó o autorizó su utilización al margen de las funciones del servicio.
En este caso, por tanto, la cuestión jurídica no es atribuir responsabilidad a la hija del mandatario, sino aclarar quién dispuso de la embarcación, con qué autorización y cuál fue la finalidad concreta del traslado.
¿La familia del presidente tiene derecho a protección oficial?
El Decreto 1066 de 2015, modificado por el Decreto 0085 de 2024, incluye al presidente de la República y a su núcleo familiar entre las personas objeto de protección en virtud del cargo. La aplicación de las medidas debe atender los parámetros del sistema de protección y la valoración del nivel de riesgo correspondiente.
Este marco permite que la seguridad del entorno familiar del jefe de Estado requiera medios oficiales de transporte cuando las circunstancias lo justifiquen. Sin embargo, la existencia de esa protección no supone una autorización ilimitada para utilizar bienes públicos: el empleo de cada recurso debe guardar relación con la finalidad de seguridad que lo sustenta.
¿Qué explicó el Gobierno y qué falta por aclarar?
El vocero presidencial, Miller Soto, aseguró que Lucía de la Espriella llegó y salió del lugar por vía marítima. Según su versión, la embarcación de la Armada la trasladó hasta el punto en el que abordó otro bote y volvió a recogerla al finalizar la actividad. El funcionario sostuvo que el procedimiento respondió a razones de seguridad y negó que la joven hubiera utilizado la lancha militar para participar en la celebración.
Por su parte, la representante Laura Daniela Beltrán, conocida como Lalis, anunció un derecho de petición para solicitar información sobre el posible uso de bienes públicos con fines privados. La representante Mafe Carrascal también cuestionó el traslado.
Para esclarecer lo ocurrido, resulta necesario conocer la orden de servicio, la autoridad que autorizó el desplazamiento, la misión asignada a la embarcación y las circunstancias que justificaron su intervención. Hasta ahora, las explicaciones públicas del Gobierno no permiten comprobar por sí solas todos esos detalles.
¿Qué pueden hacer los ciudadanos ante un posible uso indebido de recursos públicos?
El caso también recuerda que cualquier ciudadano puede pedir información a las entidades estatales cuando tenga dudas sobre el uso de recursos públicos. Un derecho de petición permite solicitar documentos y explicaciones sobre decisiones administrativas, siempre dentro de los límites legales de reserva, especialmente cuando están comprometidas cuestiones de seguridad.
Si existen elementos que indiquen un posible delito, el Ministerio de Justicia señala que se puede acudir a la Fiscalía. También pueden ponerse hechos en conocimiento de la Procuraduría, en el ámbito disciplinario, o de la Contraloría, cuando corresponda examinar el manejo de recursos públicos.
Por ahora, no hay elementos suficientes para afirmar que se cometió peculado por uso. La clave está en que las autoridades expliquen si el traslado formó parte de un dispositivo de protección autorizado o si la embarcación fue destinada a una finalidad ajena al servicio. Esa diferencia es la que permitirá determinar si se trató de una medida legítima de seguridad o de un eventual uso indebido de un bien del Estado.
