El exministro de Defensa negó que el Gobierno de Gustavo Petro hubiera bloqueado la adquisición de estos sistemas. Aseguró que ninguna de las tecnologías evaluadas cumplió los requisitos operacionales y que los $800.000 millones previstos para la primera fase no fueron asignados a la cartera.
La controversia por la adquisición del escudo nacional antidrones en Colombia sumó un nuevo capítulo. El exministro de Defensa Pedro Sánchez respondió a los cuestionamientos de su sucesor, el general en retiro Jorge Enrique Mora, quien aseguró que durante el Gobierno de Gustavo Petro se restringió la compra directa de equipos para contrarrestar los ataques con drones utilizados por grupos armados ilegales.
Sánchez rechazó esa versión y sostuvo que la adquisición de capacidades antidrones nunca se detuvo. Según explicó, la administración anterior centralizó el proceso para buscar una solución integral y evitar compras independientes que no respondieran a las necesidades de las Fuerzas Militares y la Policía.
El pronunciamiento se conoció después de que Mora cuestionara, durante un debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, que las unidades militares y policiales no pudieran adquirir directamente inhibidores mientras avanzaba el proyecto del escudo nacional. La discusión gira alrededor de un programa anunciado con una inversión superior a los $6,2 billones, cuya primera fase contemplaba $800.000 millones.
¿Por qué no se concretó la compra del escudo antidrones?
De acuerdo con Pedro Sánchez, el Ministerio de Defensa expidió una circular el 31 de marzo de 2026 para centralizar la adquisición de un sistema integral de defensa contra drones. La medida, según su explicación, buscaba evitar compras aisladas, mejorar la coordinación entre las unidades y obtener mejores condiciones económicas mediante economías de escala.
El exministro señaló que las alternativas tecnológicas disponibles fueron evaluadas por comités estructuradores liderados por un brigadier general del Ejército e integrados por personal militar y policial en servicio activo.
Las pruebas se realizaron en siete países y también en Colombia. Sin embargo, ninguna de las soluciones examinadas cumplió con todos los requisitos técnicos y operacionales establecidos para responder a las necesidades de la Fuerza Pública.
Por esa razón, aseguró que durante su administración no se firmó ningún contrato para la primera fase del proyecto. También aclaró que los $800.000 millones contemplados para esa etapa no habían sido asignados al Ministerio de Defensa.
Sánchez defendió la decisión de no avanzar con una contratación que, en su criterio, podía comprometer la seguridad de los uniformados si los equipos no respondían a las condiciones reales de operación.
¿Qué había denunciado el actual ministro de Defensa?
El general en retiro Jorge Enrique Mora cuestionó que la anterior administración hubiera impedido la compra directa de sistemas inhibidores de drones. Durante su intervención en la Comisión Segunda de la Cámara, afirmó que las unidades militares y policiales no podían adquirir estos dispositivos mientras se esperaba la puesta en marcha del escudo nacional.
Según Mora, esa restricción habría limitado la capacidad de respuesta de la Fuerza Pública frente al crecimiento tecnológico de los grupos armados ilegales, que han incorporado drones a sus operaciones.
El ministro también señaló que el proyecto anunciado por el Gobierno anterior no se tradujo en una solución operativa y que, al asumir la cartera, encontró dificultades para avanzar con la adquisición de los equipos.
La diferencia entre las dos versiones está en la interpretación de la centralización del proceso: mientras Mora considera que restringió la capacidad de compra de las unidades, Sánchez sostiene que fue una decisión administrativa para garantizar una adquisición integral y técnicamente adecuada.
¿Qué pasó con los $800.000 millones destinados a la primera fase?
Uno de los puntos centrales de la discusión es el presupuesto previsto para iniciar el proyecto. Sánchez afirmó que esos $800.000 millones no fueron asignados al Ministerio de Defensa y que, por tanto, no se comprometieron recursos mediante un contrato de adquisición.
El exministro también aseguró que la anterior administración dejó una hoja de ruta para continuar con el escudo nacional antidrones, cuyo costo total anunciado superaba los $6,2 billones. Según indicó, los pasos pendientes quedaron consignados en el informe de empalme, el informe de gestión y el acta de entrega de la cartera.
Entre las tareas señaladas estaba gestionar los recursos con base en los resultados de los estudios técnicos y avanzar en la ejecución de la primera fase antes del 31 de diciembre de 2026.
Sánchez agregó que durante su gestión se presentó por segunda vez ante el Congreso un proyecto de ley sobre drones y sistemas antidrones, pero cuestionó que no se conocieran públicamente avances posteriores de esa iniciativa.
Colombia busca fortalecer su defensa frente a ataques con drones
La discusión sobre el escudo antidrones ocurre en medio de la creciente utilización de aeronaves no tripuladas por parte de organizaciones armadas ilegales para atacar a integrantes de la Fuerza Pública.
El actual ministro de Defensa también anunció que el Ejército adelanta un proceso contractual por $32.000 millones para adquirir equipos antidrones y que se trabaja en el desarrollo de capacidades tecnológicas propias. Además, el Gobierno estudia una nueva estrategia que incluye la compra de dispositivos de detección, seguimiento e inhibición, el fortalecimiento de la producción nacional y la regulación de los componentes utilizados para fabricar estos aparatos.
El debate deja pendientes preguntas sobre la continuidad del proyecto, la financiación de sus distintas etapas y la capacidad de respuesta de las Fuerzas Militares frente a esta amenaza. Mientras tanto, las explicaciones de ambos funcionarios reflejan posiciones distintas sobre las decisiones adoptadas y los resultados de la anterior administración.
