El ministro del Interior, Rodrigo Lara, presentó denuncias ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría por contratos que, según una auditoría forense, podrían involucrar sobrecostos de hasta $62.000 millones.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció este 7 de octubre la presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría por posibles irregularidades en contratos de la Dirección Nacional de Bomberos suscritos durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.
Según el funcionario, una auditoría forense adelantada por el Ministerio del Interior identificó posibles anomalías en contrataciones realizadas bajo la figura de urgencia manifiesta, por un monto que podría alcanzar los $62.000 millones.
Contratos bajo la figura de urgencia manifiesta
De acuerdo con la explicación entregada por Lara, el origen de parte de la contratación estaría relacionado con una emergencia invernal registrada en febrero de 2026, cuando inundaciones afectaron ocho departamentos y dejaron, según las cifras mencionadas por el ministro, cerca de 250.000 personas afectadas.
En ese contexto se declaró una urgencia manifiesta, mecanismo que permite realizar contratación directa cuando existen circunstancias que requieren una respuesta inmediata.
Lara cuestionó que, de los aproximadamente $42.000 millones contratados bajo esta figura, solamente $313 millones habrían sido destinados directamente a atender las inundaciones. El resto correspondió, según el ministro, a elementos y equipos destinados a las actividades habituales de los cuerpos de bomberos.
Un contrato de $24.000 millones está bajo revisión
Uno de los casos mencionados por el Ministerio corresponde al contrato 076, suscrito inicialmente por cerca de $16.000 millones con la empresa Makei Soluciones, y que posteriormente habría alcanzado los $24.000 millones.
Según la auditoría presentada por Lara, el contrato contemplaba la adquisición de 744 equipos, pero solamente 670 habrían sido recibidos por la entidad.
El ministro también aseguró que algunos elementos adquiridos no habrían sido entregados y que parte de los pagos se habría realizado durante el periodo de aplicación de la Ley de Garantías.
Lara manifestó que las autoridades deberán determinar qué ocurrió con los recursos y con los bienes que, según los hallazgos preliminares, no habrían llegado a la Dirección de Bomberos.
Denuncias pasan a los organismos de control
Con la documentación recopilada durante la auditoría, el Ministerio del Interior puso los casos en conocimiento de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, entidades que deberán determinar si existieron responsabilidades penales, disciplinarias o fiscales.
El ministro insistió en que los señalamientos presentados están sustentados en documentos y resultados de la auditoría, pero serán los organismos competentes los encargados de establecer si efectivamente se cometieron irregularidades.
La denuncia se conoce pocos días después de que el presidente Abelardo de la Espriella solicitara la salida del entonces director nacional de Bomberos, Germán Andrés Miranda Montenegro, luego de que el Gobierno señalara que existían elementos que debían ser puestos en conocimiento de las autoridades.
Por ahora, no existe una decisión judicial que establezca responsabilidad penal o fiscal por estos contratos. Las investigaciones deberán determinar el destino de los recursos, la ejecución de los contratos y las eventuales responsabilidades de funcionarios o particulares involucrados.
Fuente: El Espectador