El Tribunal Administrativo de Cundinamarca impuso una multa a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) al considerar que incurrió en una actuación «abusiva y temeraria» durante el proceso judicial que busca la nulidad del convenio firmado entre la Cancillería de Colombia y la Imprenta Nacional de Portugal para la expedición de pasaportes.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca sancionó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) tras concluir que presentó recursos y actuaciones que dilataron de manera injustificada el trámite de la demanda contra el nuevo contrato de pasaportes suscrito por el Gobierno colombiano.
En la decisión, el despacho calificó el comportamiento de la entidad como una maniobra «abusiva y temeraria», al considerar que las actuaciones procesales excedieron el ejercicio legítimo del derecho de defensa y afectaron el normal desarrollo del proceso judicial.
La demanda busca anular el convenio
El proceso judicial gira en torno al convenio firmado entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional de Colombia y la Imprensa Nacional – Casa da Moeda de Portugal, acuerdo mediante el cual el Gobierno implementó el nuevo modelo para la producción de pasaportes.
La demanda sostiene que el contrato presentaría presuntas irregularidades en su estructuración jurídica, técnica y financiera, razón por la cual solicita que sea declarado nulo por la jurisdicción contencioso-administrativa.
¿Por qué fue sancionada la Agencia?
Según el Tribunal, la Agencia de Defensa Jurídica interpuso solicitudes y recursos que ya habían sido resueltos o que carecían de sustento suficiente, lo que, a juicio del despacho, generó retrasos innecesarios en el avance del expediente.
Por esa razón, decidió imponer una multa económica a la entidad y advirtió que las partes deben actuar conforme a los principios de buena fe, lealtad procesal y eficiencia en el desarrollo de los procesos judiciales.
Un contrato que sigue en controversia
El nuevo modelo de expedición de pasaportes ha estado rodeado de cuestionamientos desde su firma. Diversas acciones judiciales y observaciones de organismos de control han puesto bajo revisión aspectos relacionados con la contratación, la capacidad operativa del nuevo esquema y la legalidad del convenio internacional.
En paralelo, el Gobierno ha defendido el contrato, asegurando que el acuerdo con Portugal busca fortalecer las capacidades del Estado colombiano para la producción de pasaportes y garantizar la continuidad del servicio. Además, la Cancillería ha obtenido decisiones favorables en otros procesos relacionados con este modelo de contratación.
El proceso continúa
La multa impuesta a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica no resuelve el fondo de la controversia sobre el contrato de pasaportes.
Ahora será el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el encargado de continuar con el estudio de la demanda y determinar, tras el análisis de las pruebas y los argumentos de las partes, si el convenio suscrito por la Cancillería se ajusta o no al ordenamiento jurídico colombiano.