La medida, anunciada por la ministra de Salud, Ana María Vesga, afecta a millones de afiliados.

El futuro de varias EPS intervenidas por el Estado quedará definido antes de que termine 2026 y será el Gobierno Nacional quien decida cuáles entidades tienen condiciones para recuperarse y cuáles deberán entrar en un proceso de liquidación, según anunció la ministra de Salud, Ana María Vesga.

La decisión puede afectar a millones de afiliados, aunque estar en una EPS intervenida no significa que el servicio vaya a desaparecer de inmediato. Las entidades continúan funcionando mientras la Superintendencia Nacional de Salud evalúa su situación y determina las medidas necesarias para garantizar la atención de los pacientes.

El anuncio llega en medio de una crisis financiera que sigue presionando al sistema. Un informe reciente de la Contraloría advirtió que la situación de las EPS empeoró durante 2025 y que las deudas con hospitales, clínicas y proveedores de medicamentos ascienden a 58 billones de pesos. Según el organismo de control, solo cuatro EPS cumplen actualmente con los requisitos mínimos de solvencia financiera establecidos por la normativa.

¿Qué pasa si su EPS está intervenida?

La intervención no equivale a una liquidación. Cuando la Superintendencia toma posesión de una EPS o adopta una medida de intervención, la entidad sigue prestando sus servicios y queda bajo la administración o supervisión de un agente especial.

Ese funcionario debe evaluar la situación de la aseguradora, identificar sus principales problemas y plantear las medidas necesarias para corregirlos o garantizar la continuidad de la atención.

Uno de los casos más recientes es el de la EPS Servicio Occidental de Salud (SOS). La Superintendencia posesionó esta semana a Sandra Milena Jaramillo Ayala como nueva agente especial interventora, con un plazo inicial de 30 días para presentar un diagnóstico y un plan de acción.

Para el afiliado, mientras la EPS continúe operando, sus derechos no cambian: puede seguir solicitando citas, tratamientos, procedimientos y medicamentos. Si existen barreras para acceder a esos servicios, la intervención de la entidad tampoco elimina la obligación de garantizar la atención.

¿Qué ocurrirá si una EPS termina en liquidación?

El escenario cambia si el Gobierno y las autoridades concluyen que una EPS no es viable y debe ser liquidada.

En ese caso, los afiliados no quedan sin aseguramiento ni pierden automáticamente el acceso al sistema de salud. El proceso supone el traslado de los usuarios a otras EPS, de acuerdo con las decisiones y mecanismos que establezcan las autoridades.

La principal preocupación para los pacientes suele estar en la transición. Las personas que reciben tratamientos permanentes, medicamentos de alto costo o tienen procedimientos en curso pueden enfrentar dificultades si la información médica no se traslada correctamente o se producen retrasos administrativos.

Por eso, aunque no existe una orden general de traslado para los afiliados de las EPS intervenidas, quienes tengan tratamientos en curso pueden hacer algo útil desde ahora: mantener organizadas las fórmulas, órdenes médicas, autorizaciones y documentos relacionados con su atención.

Cómo saber si su EPS tiene una intervención

Los afiliados pueden consultar en los canales oficiales de la Superintendencia Nacional de Salud si su entidad está bajo una medida de intervención, toma de posesión u otra actuación especial.

Pero la recomendación principal es no interrumpir tratamientos ni dejar de reclamar los servicios a los que se tiene derecho por el hecho de que la EPS atraviese una crisis administrativa o financiera. Si una cita, un procedimiento o un medicamento es negado sin una justificación válida, el usuario puede presentar una queja ante la Superintendencia y, cuando exista una amenaza al derecho fundamental a la salud, acudir a los mecanismos judiciales disponibles.

La llamada “alta cirugía” anunciada por el Gobierno definirá en los próximos meses el futuro institucional de las EPS intervenidas. Para los afiliados, sin embargo, la pregunta más importante seguirá siendo otra: si las decisiones que se adopten consiguen mejorar la atención sin interrumpir los tratamientos de quienes hoy dependen del sistema.