El alcance se medirá en asuntos concretos como la seguridad en los territorios, el empleo, el comercio y la relación con Estados Unidos.
La reunión entre el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en Barranquilla, marca un giro en una relación bilateral que durante el Gobierno de Gustavo Petro estuvo atravesada por varios desencuentros. Los llamados Acuerdos de Barranquilla ponen ahora sobre la mesa una agenda que va mucho más allá de la lucha contra las drogas y que incluye seguridad, inversión, minerales estratégicos, energía nuclear, migración y comercio.
Para el ciudadano, sin embargo, la noticia no está en los abrazos ni en las declaraciones de una nueva etapa diplomática, sino en lo que pueda ocurrir después. Algunas de las decisiones anunciadas pueden tener efectos sobre la seguridad y la actividad económica, mientras que otras son todavía marcos de cooperación que necesitarán proyectos, financiación, regulación y tiempo para producir resultados. Esa diferencia es fundamental para entender qué cambia realmente desde ahora y qué sigue siendo una promesa.
Seguridad el primer cambio que puede llegar a las regiones
La lucha contra el narcotráfico es el eje más visible del nuevo entendimiento. Colombia busca reforzar sus capacidades de seguridad mediante radares, drones, inteligencia y otros sistemas tecnológicos, mientras profundiza su cooperación con Estados Unidos y se incorpora al Escudo de las Américas, la iniciativa impulsada por Washington para coordinar a distintos países de la región frente a las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.
El impacto potencial para los ciudadanos es especialmente territorial. Ya que hay que tener en cuenta que en zonas donde existe la presencia de grupos armados y estructuras dedicadas al narcotráfico se traduce en extorsiones, restricciones a la movilidad, desplazamientos o control de las economías locales, una mayor capacidad de inteligencia y vigilancia podría fortalecer la respuesta del Estado.
Estados Unidos ha planteado cooperación en materia de inteligencia, entrenamiento y equipamiento, pero no el despliegue de tropas estadounidenses como parte de estos acuerdos. La precisión es relevante porque permite diferenciar una cooperación de seguridad más estrecha de una presencia militar permanente de Washington en territorio colombiano.
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El resultado, no obstante, no está garantizado. La incorporación de tecnología y recursos puede mejorar las capacidades operativas de las Fuerzas Militares y de Policía, pero no determina por sí sola una reducción de la violencia. El verdadero impacto tendrá que medirse en las regiones, allí donde los ciudadanos puedan comprobar si el Estado recupera capacidad para enfrentar a las organizaciones criminales.
También habrá un debate sobre los métodos. De la Espriella ha anunciado una ofensiva contra el narcotráfico que incluye la reactivación de la fumigación y una política de mayor presión militar sobre las organizaciones armadas.
Minerales y energía la apuesta económica que todavía debe demostrar resultados
Uno de los aspectos menos visibles del acuerdo puede ser, a medio plazo, uno de los más importantes para la economía colombiana. Bogotá y Washington firmaron instrumentos de cooperación sobre minerales estratégicos y energía nuclear civil, con la intención de desarrollar cadenas de valor, conocimiento geológico, innovación y nuevas oportunidades de inversión.
El objetivo declarado por el Gobierno colombiano es avanzar desde una economía basada principalmente en la extracción de materias primas hacia actividades que incorporen mayor tecnología y valor agregado. En teoría, eso podría abrir oportunidades para proveedores nacionales, trabajadores especializados y empresas que participen en las nuevas cadenas productivas.
Pero aquí conviene poner freno a las expectativas. Los acuerdos sobre minerales estratégicos no significan que Estados Unidos haya comprado los recursos colombianos ni que existan inversiones millonarias ya comprometidas para explotar determinados yacimientos. La Cancillería los presenta como instrumentos para profundizar la cooperación y explorar oportunidades.
La diferencia entre una oportunidad y un resultado es especialmente importante para el ciudadano. Un proyecto minero puede generar empleo y actividad económica, pero también implica decisiones ambientales, territoriales y regulatorias. Que esos futuros proyectos beneficien realmente a las regiones dependerá de cómo se diseñen, qué condiciones tengan y cuánto valor permanezca dentro de Colombia.
Algo similar ocurre con la energía nuclear. El acuerdo abre una vía de cooperación con Estados Unidos para usos civiles de esta tecnología y para fortalecer las capacidades energéticas y científicas del país.
Eso no significa que los colombianos vayan a tener una nueva fuente de electricidad de forma inmediata ni que la factura energética vaya a bajar como consecuencia del acuerdo. Entre un memorando de cooperación y una infraestructura energética funcionando hay estudios técnicos, regulación, financiación, formación de profesionales y años de ejecución.
La apuesta, por ahora, es estratégica. Colombia busca diversificar sus fuentes de energía y desarrollar capacidades tecnológicas que puedan ser útiles en el futuro. El beneficio ciudadano dependerá de que esa estrategia consiga convertirse en proyectos concretos y competitivos.
Comercio y migración los dos asuntos que pueden afectar directamente a las familias
La nueva cercanía con Washington no resolvió uno de los asuntos económicos que más preocupa a los empresarios colombianos: los aranceles estadounidenses.
Colombia había solicitado a Estados Unidos suspender el arancel del 12,5% aplicado a sus productos, especialmente después del terremoto del 10 de agosto que dejó importantes daños en el país. Sin embargo, el encuentro entre Rubio y De la Espriella terminó sin un anuncio de eliminación de esos gravámenes.
La cuestión importa porque Estados Unidos es uno de los principales mercados para las exportaciones colombianas. Las condiciones de acceso a ese mercado afectan a productores, empresas exportadoras y trabajadores vinculados a esas actividades. Un arancel puede reducir la competitividad de una compañía, modificar sus márgenes y, dependiendo del sector, influir en decisiones de producción, inversión y contratación.
La migración constituye el otro capítulo con consecuencias directas para miles de familias. De la Espriella ha defendido una política de migración legal y ordenada y ha expresado su disposición a cooperar con la política de deportaciones de la Administración Trump.
Para los colombianos que viven en Estados Unidos, la nueva etapa bilateral no significa una flexibilización automática de las normas migratorias. Al contrario, la relación entre los dos gobiernos incorpora una coordinación más estrecha en seguridad y migración, dentro de la política de Washington de endurecer el control sobre la inmigración irregular.
La verdadera medida del acuerdo no estará en la fotografía de Barranquilla
Los Acuerdos de Barranquilla representan un cambio significativo en la relación entre Colombia y Estados Unidos, pero sus consecuencias para la población no pueden medirse todavía por los anuncios realizados durante la visita de Marco Rubio.
Hay compromisos concretos, como la profundización de la cooperación en seguridad y la firma de instrumentos sobre minerales estratégicos y energía nuclear. También hay asuntos que permanecen abiertos, especialmente el comercio y los aranceles. Y existen promesas de inversión cuyo resultado dependerá de que aparezcan proyectos, capital y empleo.
Para el ciudadano, el acuerdo habrá tenido éxito si consigue que las zonas afectadas por el crimen recuperen seguridad, que las inversiones generen empleo formal, que los recursos estratégicos produzcan mayor valor dentro del país y que los exportadores colombianos puedan competir en mejores condiciones en Estados Unidos.
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