El Ministerio del Interior trabaja en un proyecto que busca establecer una definición legal de las organizaciones terroristas y crear un mecanismo para incluirlas en un listado oficial. La propuesta deberá ser presentada y debatida por el Congreso.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella prepara un nuevo estatuto antiterrorista con el que busca establecer una definición y un marco de actuación frente a las organizaciones que sean clasificadas como terroristas en Colombia.

La iniciativa fue confirmada por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien explicó que su cartera trabaja en la elaboración del proyecto por instrucción del presidente. El documento tendría que ser presentado posteriormente ante el Congreso de la República para su discusión y eventual aprobación.

Uno de los principales objetivos del estatuto sería establecer un sistema de clasificación y listado de las organizaciones consideradas terroristas. Según explicó Lara, actualmente la legislación colombiana contempla el delito de terrorismo, pero no cuenta con una definición específica de lo que constituye una organización terrorista.

¿Qué busca cambiar el Gobierno?

La propuesta se enmarca en el nuevo enfoque de seguridad y orden público anunciado por el Gobierno. Durante la presentación de su estrategia de seguridad, De la Espriella afirmó que los diferentes grupos armados ilegales serán ubicados bajo una misma categoría y tratados como organizaciones terroristas.

El objetivo del Ejecutivo es establecer un marco jurídico que permita determinar qué organizaciones pueden ser incluidas en el listado, bajo qué criterios se tomaría esa decisión y cuál sería el procedimiento para su eventual exclusión.

De acuerdo con las declaraciones del ministro del Interior, estos aspectos deberán quedar definidos dentro del nuevo estatuto antes de que pueda aplicarse el mecanismo de clasificación.

El proyecto deberá pasar por el Congreso

Aunque el Gobierno ya trabaja en el documento, el estatuto antiterrorista todavía no está vigente. Para convertirse en una norma aplicable, deberá ser presentado ante el Congreso y surtir el trámite legislativo correspondiente.

Esto significa que el contenido de la propuesta todavía puede ser modificado durante el debate parlamentario, donde los congresistas podrán discutir aspectos relacionados con la definición de terrorismo, las organizaciones que podrían ser incluidas y las consecuencias jurídicas de pertenecer a ese listado.

El Gobierno plantea esta iniciativa como parte de su estrategia para fortalecer la respuesta del Estado frente a los grupos armados ilegales y organizaciones criminales.

Un cambio en la política de seguridad

El anuncio hace parte de un conjunto más amplio de medidas con las que la administración de De la Espriella busca modificar el manejo de la seguridad nacional.

Entre las primeras acciones anunciadas por el Ejecutivo se encuentra también la creación de un Bloque Nacional de Búsqueda contra la extorsión, con participación de la Fuerza Pública, la Fiscalía y la Judicatura. La administración ha señalado que busca una mayor coordinación entre las instituciones para enfrentar a las estructuras criminales.

El nuevo estatuto también abre interrogantes sobre el futuro de algunas estructuras institucionales relacionadas con la implementación del Acuerdo de Paz y la política de diálogo con grupos armados, en un momento en el que el Gobierno plantea una política de seguridad centrada en la confrontación contra las organizaciones ilegales.

Por ahora, el proyecto se encuentra en etapa de elaboración y no se conocen todos sus detalles. El debate en el Congreso será determinante para establecer el alcance definitivo de la iniciativa y las condiciones bajo las cuales una organización podría ser reconocida oficialmente como terrorista.

Fuente : El Espectador.