La salida de Jorge Edilson Murcia de la vicepresidencia jurídica de CENIT ocurre mientras avanzan revisiones sobre un contrato de asesoría y servicios tecnológicos y se anuncia una auditoría forense sobre la operación.

Jorge Edilson Murcia Olaya, quien se desempeñaba como vicepresidente jurídico de CENIT, filial de Ecopetrol, presentó su renuncia al cargo en medio de los cuestionamientos que rodean una millonaria contratación de la compañía.

La salida del directivo se produce mientras avanzan diferentes revisiones sobre procesos de contratación de CENIT, empresa encargada del transporte y logística de hidrocarburos de Ecopetrol, y se prepara una auditoría forense para examinar posibles irregularidades en algunos de estos procedimientos.

Uno de los contratos bajo escrutinio corresponde a un acuerdo suscrito con Gesycobro S.A.S., relacionado con servicios de asesoría jurídica y representación legal. El negocio ha generado preguntas debido al valor estimado del contrato y a las características de la empresa seleccionada frente a otras firmas que participaron en el proceso.

Según información publicada previamente por Caracol Radio, CENIT adjudicó a Gesycobro un contrato cuyo valor estimado supera los $23.000 millones. La compañía explicó que el proceso contó con una etapa de preselección en la que participaron 24 empresas.

La contratación también ha sido cuestionada por la experiencia acreditada por la firma seleccionada. De acuerdo con la información conocida, CENIT señaló que Gesycobro había trabajado para empresas como Surtigas y Gases de Occidente. Sin embargo, investigaciones periodísticas han señalado que esos antecedentes estarían relacionados principalmente con actividades de cobro de cartera, y no directamente con el transporte de hidrocarburos.

A esto se suman cuestionamientos relacionados con algunos de los profesionales vinculados al contrato y sus posibles conexiones con el departamento del Huila, región de la que es oriundo Murcia Olaya. Estos elementos han sido incorporados al debate sobre la contratación y deberán ser evaluados por las autoridades correspondientes.

El caso también llegó al ámbito judicial. En julio, el equipo de Abelardo de la Espriella, entonces presidente electo, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades relacionadas con la contratación de CENIT. La denuncia sostiene que deben investigarse posibles conductas asociadas con la celebración del contrato y cuestiona la idoneidad de la firma seleccionada.

La controversia se produce en un momento de transición para Ecopetrol y sus filiales, mientras la nueva administración del Gobierno busca revisar contratos y procesos de entidades estatales y de empresas vinculadas al sector energético.

La auditoría forense anunciada permitirá revisar documentación, procedimientos de contratación, decisiones administrativas y otros elementos relacionados con los negocios bajo observación. Sus resultados podrían determinar si existieron irregularidades y, eventualmente, establecer responsabilidades administrativas, fiscales o penales, si las autoridades encuentran mérito para ello.

Por ahora, la salida de Murcia Olaya no implica por sí misma una determinación de responsabilidad. Cualquier conclusión sobre posibles irregularidades deberá surgir de las investigaciones y de las decisiones que adopten las autoridades competentes.

Fuente : El Tiempo, con contexto adicional de Caracol Radio e Infobae.