La eventual eliminación del tributo dependerá de una reforma que deberá pasar por el Congreso.
La eventual eliminación del tributo dependerá de una reforma que deberá pasar por el Congreso.
El impuesto al patrimonio volvió al centro del debate económico después de que el presidente Abelardo de la Espriella anunciara durante su posesión que buscará eliminarlo. La propuesta forma parte de una reforma tributaria con la que su Gobierno pretende simplificar el sistema y, según explicó, favorecer la inversión, la producción y el empleo.
Aunque el nombre del impuesto puede generar dudas, se trata de un tributo dirigido a las personas con patrimonios elevados. Por eso, antes de hablar de una eventual eliminación, es importante entender quién está obligado a pagarlo y cómo se calcula.
Quién paga actualmente el impuesto al patrimonio
El impuesto se calcula sobre el patrimonio líquido, es decir, el valor de los bienes y derechos de una persona después de restar las deudas que tenga a su cargo.
Para 2026, la obligación para las personas naturales parte de un patrimonio líquido igual o superior a 72.000 UVT, que equivalen a aproximadamente $3.771 millones. La DIAN confirmó este umbral para las declaraciones correspondientes al año 2026.
Esto significa que tener una vivienda, un vehículo o algunos ahorros no implica automáticamente pagar este impuesto. Lo determinante es el valor del patrimonio líquido que tenga la persona al momento establecido por la ley.
Además, el impuesto tiene tarifas marginales. La Ley 2277 de 2022 estableció para 2026 tarifas de 0,5 %, 1 % y, para los patrimonios más altos, una tarifa marginal de 1,5 %.
El tributo se convirtió en permanente con la reforma tributaria aprobada en 2022. Según datos citados por El Espectador con información del Ministerio de Hacienda, en 2024 lo pagaron 32.397 contribuyentes, cerca del 0,5 % de los declarantes de renta de personas naturales.
Qué propone De la Espriella y qué tendría que pasar
Durante su discurso de posesión, De la Espriella anunció que su Gobierno presentará una reforma estructural del sistema tributario y que dentro de ella incluirá la eliminación del impuesto al patrimonio.
Su argumento es que el tributo puede desincentivar la inversión y la generación de riqueza. Esta posición también ha sido defendida por economistas que consideran que gravar directamente el patrimonio puede incentivar que algunos capitales sean trasladados a otras jurisdicciones.
Sin embargo, existen argumentos en sentido contrario. Quienes defienden el impuesto lo consideran una herramienta para que las personas con mayores niveles de riqueza aporten proporcionalmente más al financiamiento del Estado. El Espectador recoge, entre otros, argumentos de organizaciones como Oxfam en favor de este tipo de gravámenes.
La eliminación tampoco puede hacerse simplemente mediante un anuncio presidencial. Como se trata de un impuesto establecido en el Estatuto Tributario, modificarlo requiere una reforma aprobada por el Congreso.
Por ahora, por tanto, el impuesto continúa vigente. Para 2026 la DIAN mantiene la obligación de declarar y pagar para quienes cumplen las condiciones establecidas por la ley.
La discusión quedará ligada a la reforma tributaria que el Gobierno anunció para septiembre. Será entonces cuando se conozca el texto concreto de la propuesta y se pueda determinar qué cambios plantea, quiénes dejarían de estar obligados y cómo pretende el Ejecutivo compensar los recursos que actualmente genera este impuesto.
Fuente: El Espectador