La Presidencia ordenó a Interior, Hacienda, Justicia, Prosperidad Social y Función Pública coordinar el traslado de programas, competencias y recursos de la cartera. El proceso tendrá un plazo de un año.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella ordenó iniciar una nueva etapa en el proceso de liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad, con la redistribución de sus funciones, programas, proyectos y recursos entre diferentes entidades de la administración nacional.

La instrucción fue impartida mediante una directiva presidencial del 9 de septiembre de 2026, que establece que los ministerios del Interior, Hacienda y Crédito Público y Justicia y del Derecho, junto con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y el Departamento Administrativo de la Función Pública, deberán coordinar el proceso.

El objetivo es evitar que los programas y políticas que estaban bajo responsabilidad de la cartera queden sin una entidad encargada de ejecutarlos o sin recursos para su funcionamiento.

¿Por qué se liquidó el Ministerio de la Igualdad?

La desaparición de esta cartera tiene su origen en una decisión de la Corte Constitucional.

Mediante la Sentencia C-161 de 2024, el alto tribunal declaró inexequible la Ley 2281 de 2023, norma mediante la cual se había creado el Ministerio de Igualdad y Equidad durante el Gobierno de Gustavo Petro.

La Corte determinó que la ley tenía vicios de procedimiento en su formación, pero decidió diferir los efectos de su decisión durante dos legislaturas. La medida buscaba darle tiempo al Estado para reorganizar las funciones y garantizar la continuidad de los programas dirigidos a poblaciones consideradas sujetos de especial protección constitucional.

Una vez terminó la legislatura 2025-2026, la ley dejó de producir efectos y el Gobierno expidió el Decreto 626 del 19 de junio de 2026, mediante el cual se ordenó formalmente la liquidación del Ministerio.

Ese decreto estableció un plazo de un año para completar el proceso de liquidación.

¿Qué entidades asumirán las funciones?

La nueva directiva presidencial establece que la reorganización no estará concentrada en una sola entidad.

El proceso involucrará principalmente al Ministerio del Interior, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Justicia, Prosperidad Social y Función Pública.

Esta última entidad tendrá un papel de coordinación para definir, junto con las demás instituciones, cómo se distribuirán las competencias y qué ajustes deberán realizarse en la estructura administrativa del Estado.

El Ministerio de Hacienda, por su parte, deberá participar en los ajustes presupuestales necesarios para trasladar los recursos y garantizar que puedan ser ejecutados por las entidades que reciban las respectivas funciones.

El DPS y el Ministerio del Interior ya habían sido identificados en el Decreto 626 como entidades llamadas a asumir funciones de la cartera liquidada. La norma establece que estos traslados deberán realizarse bajo el principio de costo cero, es decir, sin generar un aumento del gasto público asociado a la reorganización.

¿Qué pasará con los programas que ya estaban funcionando?

Uno de los principales retos del proceso es garantizar que la desaparición administrativa del Ministerio no implique la suspensión de programas o servicios dirigidos a poblaciones vulnerables.

La directiva presidencial señala que las entidades deberán elaborar un plan de acción para garantizar la continuidad de los programas, planes, proyectos, acciones e inversiones que estaban a cargo de la cartera.

La preocupación es especialmente relevante porque el Ministerio había concentrado políticas dirigidas a diferentes grupos considerados de especial protección constitucional, entre ellos mujeres, población étnica, personas con discapacidad, población LGBTIQ+, habitantes de calle y comunidades históricamente discriminadas, entre otros.

Por eso, la orden presidencial plantea que la transición debe realizarse de manera coordinada y sin generar vacíos administrativos.

El plazo será de un año

El proceso de liquidación y reorganización tendrá como horizonte un año, de acuerdo con el Decreto 626.

Durante ese periodo deberán definirse las modificaciones de estructura, competencias, presupuesto y programas necesarias para que las entidades receptoras puedan asumir las responsabilidades que correspondan.

La Función Pública deberá coordinar el plan de acción con las entidades involucradas, mientras que el liquidador del Ministerio continuará con las tareas propias del cierre de la entidad.

La directiva también establece que otras entidades de la Rama Ejecutiva deberán prestar apoyo cuando sea necesario para completar el proceso.

¿Qué pasará con los recursos?

La liquidación no significa que los recursos destinados a los programas desaparezcan automáticamente.

El Decreto 626 establece que el Ministerio de Hacienda deberá realizar las modificaciones presupuestales, traslados de apropiaciones y demás ajustes necesarios para que los recursos puedan ser ejecutados por las entidades que reciban las respectivas funciones.

Además, la norma contempla la continuidad y administración de fondos especiales que estaban relacionados con la cartera, entre ellos el Fondo “No es Hora de Callar”, el Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos PAZcífico y el Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial.

Por ello, una de las tareas centrales del proceso será determinar qué entidad administrará cada recurso y bajo qué reglas podrá continuar su ejecución.

Una reorganización que marca el cierre de la cartera

El Ministerio de Igualdad y Equidad fue una de las principales apuestas institucionales del Gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, su permanencia quedó comprometida después de que la Corte Constitucional declarara inexequible la ley que lo creó.

Aunque el Gobierno anterior impulsó una nueva iniciativa legislativa para mantener la cartera, esta no logró completar oportunamente el trámite necesario para evitar su desaparición institucional.

Ahora, el Gobierno de Abelardo de la Espriella avanza con el proceso de liquidación y reorganización.

El principal desafío será lograr que el cierre de la entidad no se traduzca en interrupciones para los beneficiarios de los programas que estaban a su cargo. Para ello, durante el próximo año deberán quedar definidos los responsables, recursos, competencias y estructuras administrativas que reemplazarán las funciones del Ministerio de Igualdad.

Fuente: El Tiempo