Un día después de ser condenada por fraude procesal, la exfuncionaria publicó un video en el que responde a las críticas sobre su caso y asegura que volverá a salir a la calle.

Juliana Guerrero volvió a hablar públicamente después de la decisión judicial que la condenó a tres años de prisión por el delito de fraude procesal. La exfuncionaria reapareció en un video publicado este jueves, en el que aseguró que durante los últimos meses ha guardado silencio mientras enfrentaba críticas y señalamientos que, según ella, no corresponden con toda la historia.

Su mensaje llega apenas un día después de que un juez aprobara un preacuerdo con la Fiscalía. Guerrero aceptó responsabilidad por el fraude procesal relacionado con la presentación y utilización de documentación académica para actualizar su información en el sistema SIGEP II y avanzar en su aspiración a ocupar un cargo en el Gobierno.

En la grabación, Guerrero dice que muchas de las noticias publicadas sobre ella contienen versiones que considera equivocadas. También cuestiona los señalamientos personales que recibió durante el escándalo y asegura que su familia terminó afectada por la exposición pública del caso.

“Volveré y será hermoso”, afirma hacia el final del video, en una declaración con la que intenta marcar distancia de los meses de presión mediática y judicial.

La exfuncionaria también se refiere a los comentarios sobre su vida personal. Asegura que fue señalada como “moza” y que se llegó a decir que había seducido a hombres para conseguir posiciones dentro del Gobierno. Frente a esas acusaciones, responde que no necesitó recurrir a ese tipo de comportamientos para avanzar profesionalmente.

Guerrero reconoce, además, el impacto emocional que ha tenido el proceso. Dice tener el “corazón roto” y reconoce que su autoestima se ha visto afectada. Al mismo tiempo, insiste en que no quiere utilizar su mensaje para promover odio y habla de la posibilidad de tener una segunda oportunidad.

Una condena de tres años

Guerrero aceptó su responsabilidad por el delito de fraude procesal y recibió una pena de 36 meses, cuya ejecución quedó suspendida bajo las condiciones fijadas por el juez.

La condena también contempla una multa y una inhabilidad para ejercer cargos públicos durante el periodo establecido en la sentencia.

El proceso se originó por la información que Guerrero incorporó al SIGEP II y los documentos que presentó para respaldar su formación académica. La Fiscalía estableció que esos documentos fueron utilizados dentro del trámite que buscaba facilitar su llegada a un cargo de mayor responsabilidad en el Gobierno. Sin embargo, el caso no terminó completamente con esta condena.

Durante la misma actuación judicial se ordenó compulsar copias a la Fiscalía para investigar una posible conducta adicional relacionada con la falsedad ideológica en documento público. Se trata de un asunto diferente al delito por el que Guerrero ya fue condenada y que deberá avanzar por separado.

Además, la Procuraduría apeló parcialmente la decisión y pidió que se revise la posibilidad de investigar otro delito. La actuación del Ministerio Público no significa que exista una nueva condena, sino que busca que la Fiscalía y los jueces determinen si hay elementos para avanzar en otra línea penal.