El inmueble, ubicado en el sector de Unicentro en Bogotá, fue adjudicado a 4.290 víctimas de la captadora. La mayoría recibió una participación de apenas el 0,023 %, equivalente a unos $106.000.

Una situación insólita derivada de la liquidación de DMG salió a la luz en Bogotá: un apartamento de 98 metros cuadrados, ubicado en el conjunto residencial Santa Bárbara Norte, en el sector de Unicentro, terminó registrado a nombre de 4.290 personas que fueron reconocidas como víctimas de la captadora de dinero.

Lo llamativo del caso es que varios de los beneficiarios aseguran que nunca supieron que habían recibido una participación en el inmueble. Algunos se enteraron años después, cuando recibieron comunicaciones relacionadas con el impuesto predial, mientras que otros descubrieron la situación al intentar acceder a subsidios de vivienda.

La historia fue revelada por una investigación de EL TIEMPO, que consultó a varios de los adjudicatarios y a la agente liquidadora de DMG.

Un apartamento repartido entre miles de personas

El inmueble hacía parte de los bienes que fueron incluidos en el proceso de liquidación de DMG Grupo Holding S.A., después de la intervención de la empresa por parte de las autoridades.

De acuerdo con la información entregada por la agente liquidadora María Mercedes Perry, entre 2011 y 2013 fueron adjudicados 595 bienes inmuebles a más de 200.000 acreedores reconocidos dentro del proceso.

El apartamento de Santa Bárbara Norte fue uno de esos bienes.

Según los registros, 4.290 acreedores terminaron recibiendo participaciones sobre el inmueble. De ellos, 4.257 tienen exactamente el 0,023 % de la propiedad, mientras que los demás recibieron porcentajes incluso menores.

El avalúo del apartamento ronda los $461,4 millones. Por lo tanto, una participación del 0,023 % representa aproximadamente $106.000.

La cifra contrasta con las cantidades de dinero que algunos de los afectados aseguran haber entregado a DMG. Según los testimonios recogidos por EL TIEMPO, hubo personas que invirtieron $20 millones, $30 millones e incluso $50 millones en la captadora.

Algunos descubrieron la propiedad por el impuesto predial

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la investigación es que varios de los beneficiarios aseguran que desconocían por completo que figuraban como propietarios.

Uno de ellos relató a EL TIEMPO que recibió un mensaje de la Secretaría de Hacienda de Bogotá relacionado con una supuesta corrección del impuesto predial.

El ciudadano encontró que el CHIP asociado al cobro correspondía a un inmueble que nunca había reconocido como suyo. Según su relato, la comunicación señalaba que había pagado alrededor de $1.000, mientras que el impuesto correspondiente se acercaba a los $3 millones, por lo que debía cancelar la diferencia.

Fue entonces cuando descubrió que aparecía registrado como copropietario del apartamento.

Otros afectados encontraron el problema cuando intentaron solicitar subsidios para adquirir vivienda. Sus solicitudes fueron rechazadas porque en los registros oficiales aparecía que ya eran propietarios de un inmueble, aunque en la práctica muchos no tienen una vivienda propia.

¿Por qué les entregaron una fracción tan pequeña?

La explicación está en el proceso de liquidación de DMG.

Según explicó María Mercedes Perry, una vez quedaron en firme la calificación y graduación de créditos y el inventario de bienes, la legislación establecía un plazo para intentar vender los activos por un valor que no fuera inferior al avalúo.

En el caso de este apartamento, no fue posible concretar la venta dentro del plazo establecido.

Ante esa situación, el inmueble podía ser adjudicado directamente a los acreedores. Los beneficiarios tenían la posibilidad de manifestar expresamente que no querían recibir el bien.

Según la liquidadora, ninguno de los 4.290 adjudicatarios manifestó su negativa, por lo que la Superintendencia de Sociedades procedió con la adjudicación de las respectivas participaciones y ordenó su registro en la tradición del inmueble.

La notificación no tenía que hacerse de manera individual

Este es uno de los puntos más polémicos del caso.

Algunos de los afectados sostienen que nunca fueron informados directamente de que estaban a punto de convertirse en copropietarios de un apartamento.

Sin embargo, Perry explicó que la legislación no obligaba a realizar una notificación personal a cada uno de los miles de adjudicatarios.

Las decisiones del proceso de liquidación, según explicó, fueron notificadas mediante los mecanismos oficiales establecidos por la Superintendencia de Sociedades, entre ellos la publicación en la cartelera del Grupo de Apoyo Judicial y en la plataforma Baranda Virtual.

Por esa razón, desde el punto de vista del proceso de liquidación, la adjudicación siguió los procedimientos establecidos.

El impuesto y las obligaciones quedaron en manos de los nuevos propietarios

La situación adquiere otra dimensión porque la propiedad no solo representa una participación económica mínima, sino también obligaciones asociadas al inmueble.

De acuerdo con la explicación de la liquidadora, el parágrafo del artículo 58 de la Ley 1116 de 2006 establece que los gastos generados por los bienes después de que queda ejecutoriada la providencia de adjudicación corresponden a los adjudicatarios.

Esto significa que los nuevos copropietarios pueden terminar respondiendo por obligaciones relacionadas con el inmueble, entre ellas las de carácter tributario.

Perry aseguró que el apartamento estaba al día en impuestos cuando fue entregado a los beneficiarios. Sin embargo, señaló que actualmente la Superintendencia de Sociedades no conoce el monto de las eventuales deudas, sanciones o intereses, debido a que esa información corresponde a la Secretaría de Hacienda de Bogotá y a los propietarios.

Una propiedad difícil de vender

Otro problema es que la adjudicación ya quedó en firme, ejecutoriada y registrada en los documentos de propiedad.

Por esa razón, la Superintendencia de Sociedades no puede simplemente cancelar o reversar la adjudicación.

Los copropietarios que quieran desprenderse de su participación tendrían que venderla directamente, una operación que resulta particularmente compleja debido al reducido valor de cada cuota y al enorme número de personas que comparten la titularidad del inmueble.

Así, casi 18 años después del colapso de DMG, algunos de sus antiguos inversionistas se encuentran ante una situación paradójica: recibieron como parte del proceso de reparación una pequeña participación en un inmueble que, para muchos, tiene un valor muy inferior al dinero que perdieron, pero que al mismo tiempo puede generarles obligaciones tributarias y dificultades para acceder a programas de vivienda.

El caso pone nuevamente sobre la mesa las complejidades de los procesos de liquidación y reparación derivados de la captación masiva de dinero, así como las consecuencias que pueden surgir cuando los bienes disponibles deben repartirse entre miles de acreedores.

Fuente: investigación de EL TIEMPO.