La senadora del Pacto Histórico cuestionó la legitimidad del nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella y aseguró que no reconoce a Gustavo Petro como expresidente.
Una reciente declaración de la senadora Isabel Zuleta abrió una nueva controversia política en Colombia. En un video que comenzó a circular en redes sociales, la congresista del Pacto Histórico aseguró que Gustavo Petro “sigue siendo el presidente” y rechazó que se le llame expresidente, desconociendo así, al nuevo mandatario Abelardo de la Espriella.

Su argumento está relacionado con su afirmación de que las elecciones presidenciales de 2026 fueron “robadas”. En el video, Zuleta cuestionó a quienes se refieren a Petro como expresidente y sostuvo que no reconoce a Abelardo de la Espriella como mandatario legítimo. La declaración generó críticas y llevó a que se pidiera a la Procuraduría revisar su conducta como congresista.
Pero más allá de la disputa política, hay varias preguntas que muchos colombianos pueden y deben hacerse ante estas afirmaciones de Zuleta, como por ejemplo: ¿quién es legalmente el presidente de Colombia? ¿ puede una persona desconocer al presidente electo? ¿Qué le puede pasar a la congresista por hacer estas declaraciones? Te lo explicamos.
¿Quién es actualmente el presidente de Colombia?
De acuerdo con la institucionalidad colombiana, Abelardo de la Espriella ejerce actualmente la Presidencia de la República.
La Constitución establece que el presidente es elegido para un periodo de cuatro años. Además, la Presidencia de la República reconoce oficialmente a De la Espriella como jefe del Ejecutivo y registra sus actos, discursos y decisiones como presidente.
Por tanto, la afirmación de que Gustavo Petro continúa siendo presidente no corresponde a la situación institucional vigente.
Petro terminó su periodo presidencial y posteriormente pasó a ser reconocido públicamente como expresidente. De hecho, su reciente viaje a México fue reportado como su primera visita internacional desde que dejó la Presidencia.
¿Puede una persona desconocer al presidente elegido?
Una cosa es cuestionar políticamente unas elecciones y otra distinta es modificar quién ocupa constitucionalmente la Presidencia.
Si existen denuncias sobre posibles irregularidades electorales, estas deben tramitarse mediante los mecanismos previstos por la legislación colombiana y ante las autoridades competentes. Una declaración pública de un congresista no cambia por sí misma el resultado electoral ni devuelve el cargo a un mandatario cuyo periodo ya terminó.
La Constitución contempla, además, las situaciones que pueden producir una falta absoluta de la Presidencia, entre ellas la renuncia aceptada, la destitución decretada mediante sentencia, la muerte o el abandono del cargo en los casos previstos.
Por eso, mientras no exista una decisión de las autoridades competentes que modifique el resultado electoral o la situación jurídica del mandatario en ejercicio, el Gobierno reconocido institucionalmente continúa siendo el de Abelardo de la Espriella.
¿Qué puede pasarle a Isabel Zuleta?
Las declaraciones de la senadora ya provocaron solicitudes para que la Procuraduría General de la Nación examine su conducta.
La concejal de Bogotá Sandra Forero presentó una petición ante el Ministerio Público para que se determine si existe mérito para iniciar una actuación contra Zuleta por sus afirmaciones sobre las elecciones y por desconocer al actual presidente.
Esto, sin embargo, no significa que la senadora haya sido sancionada ni que exista una decisión definitiva en su contra.
Primero tendría que establecerse si existe mérito para abrir una actuación y, posteriormente, cuáles serían los hechos materia de investigación y las normas eventualmente comprometidas.
La congresista, además, tiene derecho a defender sus posiciones y a que cualquier actuación en su contra respete el debido proceso.
¿Decir que hubo fraude cambia el resultado electoral?
Una afirmación sobre un supuesto fraude electoral no modifica automáticamente un resultado. Para que una elección sea cuestionada jurídicamente deben utilizarse los procedimientos establecidos y corresponde a las autoridades electorales y judiciales determinar si hubo irregularidades y qué consecuencias tienen.
En el caso de las declaraciones de Zuleta, precisamente ese es uno de los puntos que ha generado mayor controversia: la senadora está planteando una posición política sobre la legitimidad de la elección, pero esa posición no equivale a una decisión judicial que haya anulado los resultados.
Por eso conviene separar dos asuntos que en redes sociales pueden terminar mezclándose: una persona puede afirmar que no reconoce un resultado electoral, pero eso no significa que institucionalmente ese resultado haya dejado de tener validez.
¿Por qué estas declaraciones generan preocupación?
Cuando un congresista sostiene que no reconoce al presidente en ejercicio, la declaración puede alimentar confusión entre ciudadanos que reciben información principalmente a través de redes sociales. En un escenario de alta polarización, una frase puede circular sin el contexto necesario y terminar presentándose como si existiera una disputa jurídica que las autoridades no han reconocido.
La situación institucional, en cambio, es clara: el Gobierno de Abelardo de la Espriella es el que actualmente ejerce el poder Ejecutivo, mientras cualquier cuestionamiento sobre la elección debe seguir los canales establecidos por la ley.
La controversia alrededor de Isabel Zuleta queda ahora en manos de las autoridades que correspondan. Hasta que exista una decisión oficial, sus declaraciones deben entenderse como una posición política y no como un cambio en quién ocupa la Presidencia de Colombia.
