La Defensoría del Pueblo busca fortalecer el derecho a defensa de todos los ciudadanos a través del programa ‘Buen Futuro’ que promueve una justicia más inclusiva, sostenible y con visión generacional.
Cuando una persona enfrenta un proceso judicial y no tiene recursos para pagar un abogado, la falta de dinero no debería convertirse en un obstáculo para acceder a la justicia. Para eso existe la Defensoría Pública, un servicio estatal encargado de garantizar la defensa de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad económica o social.
La Ley 941 de 2005 establece que este servicio debe ser gratuito y prestarse con integralidad, continuidad, competencia técnica y calidad. Es decir, no basta con asignar un abogado a quien no puede pagarlo: se trata de asegurar una defensa profesional capaz de proteger sus derechos dentro del proceso.
En ese contexto, la Defensoría del Pueblo puso en marcha el programa Buen Futuro, que hace parte de la Dirección Nacional de la Defensa Pública y que busca para incorporar jóvenes abogados al sistema con el fin de atender una necesidad de renovación generacional. Una apuesta que resulta determinante para la continuidad y cobertura del servicio.
Una defensa pública que necesita nuevas generaciones
El punto de partida del programa está en una realidad interna de la Defensoría. Según el diagnóstico presentado por la entidad, con corte al 31 de diciembre de 2024, los jóvenes profesionales de entre 20 y 30 años representaban solo el 2% del total de defensores públicos del sistema.
Esa cifra es clave porque la renovación no es solo un asunto administrativo. La Defensoría necesita suficientes profesionales para responder a la demanda de un servicio que atiende a ciudadanos que, en muchos casos, no tienen otra forma de acceder a representación jurídica. Además, la Ley Estatutaria 2430 de 2024 fijó como meta que haya al menos un defensor público en cada municipio del país.
Para responder a ese reto, la entidad diseñó una ruta que empieza antes de la contratación. El programa articula prácticas académicas, consultorios jurídicos, judicatura y posterior vinculación como Defensor Público del Buen Futuro. La idea es que los jóvenes lleguen al ejercicio profesional con un conocimiento previo del funcionamiento de la institución y del servicio que prestan.
La Resolución 0645 de 2025 establece, además, requisitos profesionales y mecanismos de seguimiento. Los seleccionados deben contar con título de abogado y tarjeta profesional vigente, y su labor está sometida a supervisión institucional para procurar la mejora continua del servicio y garantizar la defensa técnica.
Esto se traduce en formación, acompañamiento y control sobre el trabajo que realizan los jóvenes profesionales.
El beneficio para el ciudadano está en tener una defensa que funcione
Para quien utiliza la Defensoría Pública, el programa tiene sentido si consigue traducir esa renovación institucional en algo concreto: un servicio de defensa accesible, oportuno y técnicamente sólido.
La gratuidad es el primer elemento. La Ley 941 establece que el servicio está dirigido a personas que no pueden procurarse por sí mismas la defensa de sus derechos por razones económicas o sociales. Esa garantía permite que la capacidad de pago no determine quién puede contar con representación jurídica ante la justicia.
La legislación también exige una defensa integral y competente. En otras palabras, el ciudadano no recibe únicamente una presencia formal de un abogado en un expediente: debe contar con una defensa que ejerza las actuaciones necesarias para proteger sus derechos y que lo acompañe durante el proceso.
Ahí es donde el programa Buen Futuro adquiere una dimensión que trasciende el empleo juvenil ya que su objetivo va más allá y busca convertir esa experiencia en una carrera dentro del servicio público de defensa.
La selección también contempla criterios de diversidad e inclusión, con especial consideración para mujeres, víctimas del conflicto armado y de violencia de género, integrantes de comunidades indígenas, Rrom, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, personas con discapacidad y población LGBTIQ+, entre otros grupos señalados en la resolución.
Por lo tanto, con el programa se benefician tanto el profesional que consigue su primera oportunidad laboral como la persona que llega ante un juez sin recursos y encuentra al otro lado a un defensor que conoce el sistema, ha recibido formación y tiene la responsabilidad institucional de proteger sus derechos.