Los equipos de las entidades públicas buscan comprobar que las ayudas lleguen a quienes realmente cumplen las condiciones y detectar pagos indebidos.

Una visita a la puerta de su casa puede formar parte desde ahora de los controles que adelanta el Gobierno sobre pensiones y programas sociales. La administración de Abelardo de la Espriella ha reforzado las verificaciones en territorio para contrastar la información que aparece en las bases de datos oficiales con la situación real de los beneficiarios.

El objetivo es detectar inconsistencias que pueden terminar en pagos que no corresponden, como transferencias asociadas a personas fallecidas, duplicidades o registros desactualizados. El operativo contempla recorridos en zonas urbanas y rurales y está relacionado con beneficiarios de pensiones y programas de ayuda social.

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Pero hay una precisión importante para los ciudadanos: no significa que todos los pensionados de Colombia vayan a recibir una visita ni que deban presentar una prueba de supervivencia cada vez que un funcionario llegue a su vivienda.

¿Qué se está verificando?

La estrategia busca contrastar los registros administrativos con la realidad de los hogares. Los equipos pueden comprobar información relacionada con la identidad, residencia, situación familiar y condiciones que determinan el acceso a determinadas ayudas.

El Gobierno también pretende reforzar el cruce de información entre diferentes bases de datos públicas para identificar inconsistencias antes de que se produzcan pagos indebidos.

Para una familia que recibe una transferencia estatal, esto puede traducirse en algo tan sencillo como una visita o una solicitud de actualización de información. Para el Estado, en cambio, supone un mecanismo para intentar cerrar fugas de recursos públicos en programas que llegan a millones de personas.

¿Pueden quitarle la pensión por no estar en casa?

No de forma automática. Una visita domiciliaria que no pueda completarse no equivale por sí sola a la pérdida de una pensión.

La situación es diferente cuando una entidad detecta una inconsistencia real o comprueba que han desaparecido las condiciones que daban derecho a una determinada ayuda. En esos casos pueden iniciarse procedimientos de revisión y, dependiendo del programa y de las circunstancias, suspenderse un pago mientras se aclara la información.

Por eso, para los beneficiarios lo más importante no es permanecer permanentemente pendientes de la puerta, sino mantener actualizados sus datos ante la entidad que administra la prestación y atender las comunicaciones oficiales que reciban.

Los pensionados que viven en Colombia no tienen que presentar una fe de vida cada seis meses

Este punto puede generar confusión.

Desde 2012, los pensionados residentes en Colombia no están obligados a presentar periódicamente un certificado de supervivencia para cobrar su mesada. La normativa establece mecanismos de verificación mediante el intercambio de información con el Registro Civil. El propio FOPEP señala que, para quienes reciben el pago mediante abono en cuenta, la confirmación de supervivencia se realiza mediante cruces con la Registraduría.

La obligación de acreditar periódicamente la supervivencia sí se mantiene para los pensionados colombianos que viven en el exterior, quienes deben hacerlo cada seis meses mediante los mecanismos establecidos por la ley.

¿Qué debe hacer un beneficiario si recibe una visita?

Lo primero es comprobar la identidad de quien se presenta en nombre de una entidad pública. Ante cualquier duda, el ciudadano puede verificar directamente con la entidad correspondiente antes de entregar documentos o información sensible.

Si se solicita una actualización de datos, conviene que la información coincida con la registrada oficialmente. Y si existe una discrepancia sobre un pago, una suspensión o la condición de beneficiario, la reclamación debe hacerse directamente ante Colpensiones, Prosperidad Social o la entidad responsable del programa, utilizando sus canales oficiales.

También es importante desconfiar de quien solicite dinero, claves bancarias, códigos de seguridad o datos que no sean necesarios para la verificación. Una visita oficial no convierte al funcionario en intermediario para cobrar o desbloquear una prestación.

El Gobierno busca con estos controles que el dinero público llegue a quien realmente tiene derecho a recibirlo. Para los ciudadanos, la consecuencia más importante será comprobar que la depuración de las bases de datos se haga sin convertir un error administrativo en la pérdida injustificada de una pensión o una ayuda de la que depende una familia.

Ese será el verdadero reto del operativo: detectar los pagos indebidos sin perjudicar a quienes sí cumplen las condiciones para recibirlos.