El organismo de control advirtió que la intervención no ha demostrado mejoras suficientes en el acceso a los servicios ni en la situación financiera de la EPS. También abrió la puerta a revisar posibles responsabilidades disciplinarias de funcionarios e interventores.
La situación de Nueva EPS vuelve a generar preocupación en Colombia. Después de 23 meses de intervención administrativa, la Procuraduría General de la Nación concluyó que la medida no ha demostrado resultados suficientes y sostenidos para mejorar la atención de los afiliados ni la situación financiera de la entidad.
El informe, elaborado con corte al primer trimestre de 2026 y fechado el 23 de julio, señala que varios de los indicadores que habían llevado a la intervención se deterioraron durante el periodo analizado.
Entre las principales alertas aparecen el aumento de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR), un incremento de las tutelas, dificultades para acceder a medicamentos y especialistas, problemas en la continuidad de tratamientos y un fuerte crecimiento de las cuentas médicas pendientes.
La Procuraduría también puso bajo revisión las actuaciones de funcionarios del Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y los agentes especiales que han administrado Nueva EPS durante la intervención.
Aumentaron las quejas de los usuarios
Uno de los indicadores que más preocupa al organismo de control es el comportamiento de las PQR.
Según la información revisada por la Procuraduría, en 2024 se registraron 624.690 PQR. Para 2025, la cifra aumentó hasta 934.936, mientras que durante el primer trimestre de 2026 ya se habían contabilizado 216.308.
Las reclamaciones están relacionadas principalmente con dificultades para acceder a medicamentos, citas, procedimientos, autorizaciones y especialistas, además de problemas relacionados con la red de prestadores.
Para la Procuraduría, este comportamiento contradice la expectativa de que la intervención administrativa permitiera corregir progresivamente las dificultades que habían motivado la toma de posesión de la entidad.
El organismo también revisó más de 1.000 casos relacionados con solicitudes de usuarios, tutelas, incidentes de desacato y otros requerimientos. En ese análisis encontró retrasos en las respuestas y casos en los que la atención solicitada continuaba pendiente.
Las tutelas también se dispararon
La situación se refleja igualmente en el número de acciones de tutela presentadas por los afiliados.
Nueva EPS registró 68.070 tutelas en 2023, antes de la intervención. En 2024 fueron 87.304 y en 2025 la cifra alcanzó 155.200, lo que representa un incremento del 128 % frente a 2023.
Durante los primeros tres meses de 2026 ya se habían registrado 40.668 tutelas.
Las acciones judiciales están relacionadas, entre otros asuntos, con la entrega de medicamentos, tratamientos, autorizaciones y servicios médicos que los usuarios consideran que no han recibido de manera oportuna.
Para la Procuraduría, el aumento de estas acciones constituye otro indicador de que las barreras de acceso no han sido superadas durante la intervención.
Las cuentas médicas pendientes crecieron
El problema no se limita a la atención de los usuarios. La situación financiera de Nueva EPS también representa una de las principales preocupaciones.
De acuerdo con el informe, al comienzo de la intervención existía un rezago de aproximadamente $5,7 billones en cuentas médicas.
Sin embargo, para diciembre de 2025 ese valor había aumentado hasta $14,9 billones.
Esto representa un crecimiento considerable de las obligaciones pendientes de procesamiento y tiene consecuencias para hospitales, clínicas y otros prestadores que dependen de los pagos de la EPS para mantener sus operaciones.
La Procuraduría también encontró problemas relacionados con la liquidez, anticipos pendientes de legalización, cuentas por pagar y ausencia de estados financieros certificados y dictaminados.
Otro indicador mencionado en el informe es una siniestralidad superior al 100 %, lo que refleja que los costos asociados a la atención de los afiliados superan los ingresos destinados a cubrirlos.
Más de 11 millones de afiliados están vinculados a Nueva EPS
La magnitud de la situación preocupa especialmente por el número de personas que dependen de la entidad.
Nueva EPS atiende a más de 11 millones de afiliados y, según el informe de la Procuraduría, aproximadamente el 57 % pertenece al régimen subsidiado.
Esto significa que cualquier deterioro en la capacidad financiera o administrativa de la EPS puede tener efectos sobre una parte considerable de la población colombiana.
Además, las alertas no se concentran en una sola región.
La Procuraduría documentó situaciones relacionadas con Nueva EPS en 11 territorios, entre ellos Bogotá, Valle del Cauca, Cauca, Chocó, Quindío, Risaralda, Santander, Cesar, Arauca, Boyacá y Putumayo.
También identificó dificultades reportadas en distintos municipios y problemas que involucran a más de 15 prestadores de servicios de salud.
Cinco interventores han pasado por la entidad
Otro aspecto señalado por la Procuraduría es la rotación de los agentes interventores.
Durante el periodo analizado, cinco personas estuvieron al frente de la administración especial de Nueva EPS: Julio Alberto Rincón, Bernardo Armando Camacho Rodríguez, Gloria Libia Polanía Aguillón, Luis Óscar Galves Mateus y Jorge Iván Ospina Gómez, quien se encontraba en ejercicio al momento de la elaboración del informe.
El organismo de control cuestionó el cumplimiento de algunos de los planes de trabajo desarrollados durante la intervención y señaló que varias de las metas relacionadas con el mejoramiento de la entidad no se habrían alcanzado.
La Procuraduría también revisó asuntos relacionados con la gestión de las cuentas médicas, los anticipos, los acuerdos con prestadores y otros procesos administrativos.
¿Quiénes podrían ser investigados?
La Procuraduría identificó posibles conductas con incidencia disciplinaria relacionadas con funcionarios y responsables de la administración de Nueva EPS.
Entre las personas mencionadas aparecen funcionarios que ocuparon cargos en el Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud, además de los agentes especiales interventores que estuvieron al frente de la EPS.
Entre los nombres señalados se encuentra el exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, junto con exfuncionarios y funcionarios de la Supersalud.
Sin embargo, esto no significa que estas personas hayan sido declaradas responsables de las irregularidades señaladas.
La Procuraduría deberá determinar, dentro de los procedimientos correspondientes, si existieron faltas disciplinarias, qué funcionarios podrían estar involucrados y cuál sería su grado de responsabilidad.
¿Qué puede pasar ahora con Nueva EPS?
El informe de la Procuraduría llega en un momento en el que el futuro de las EPS intervenidas está nuevamente sobre la mesa.
El presidente Abelardo De la Espriella aseguró el pasado 4 de septiembre que el Gobierno evaluará la situación de las entidades intervenidas y que aquellas que sean viables tendrán la posibilidad de recuperarse, mientras que las que no puedan garantizar una atención adecuada deberán ser liquidadas de manera ordenada.
Esto no significa que Nueva EPS haya sido liquidada ni que exista actualmente una decisión definitiva de terminar su operación.
Por ahora, la entidad continúa intervenida y la Procuraduría mantiene el seguimiento a su situación.
La preocupación central está en determinar si la EPS puede recuperar su capacidad financiera y administrativa y, al mismo tiempo, garantizar la atención de sus millones de afiliados.
La atención de los usuarios continúa
A pesar de las alertas, la intervención no implica que los afiliados deban realizar trámites adicionales.
Nueva EPS señala oficialmente que los usuarios continúan recibiendo atención en las instituciones habilitadas, que las citas programadas se mantienen y que los tratamientos en curso deben continuar. También indica que los afiliados pueden reclamar sus medicamentos en los puntos establecidos por la entidad.
Por lo tanto, el informe de la Procuraduría no representa por sí mismo el cierre de Nueva EPS ni un cambio inmediato en la atención de sus usuarios.
Lo que sí deja es una nueva alerta sobre la capacidad de la entidad para superar los problemas que motivaron su intervención.
Después de casi dos años, el organismo de control sostiene que varios de esos problemas no solo persisten, sino que algunos se han agravado.
La discusión que ahora queda abierta es si la intervención puede producir una recuperación efectiva de Nueva EPS o si el Gobierno deberá tomar decisiones más profundas sobre el futuro de la entidad y de sus más de 11 millones de afiliados.
Fuente: ConsultorSalud