El asesor de la candidata a la Presidencia, Juan Diego Álvarez, detalla el plan para los primeros 100 días si llegan a gobernar: inyección de liquidez a EPS viables, refuerzo de la red hospitalaria pública y lucha contra la corrupción, entre otros.

Juan Diego Álvarez, asesor de salud de la candidata presidencial Paloma Valencia, sitúa el origen de la crisis sanitaria que atraviesa Colombia, en un deterioro prolongado, que en los últimos años se ha vuelto estructural. Si bien reconoce que el sistema siempre tuvo sus fallas, coincide con otros políticos como Jennifer Pedraza y Juan Manuel Galán, en que durante el gobierno de Gustavo Petro, la situación se ha empeorado.

“La situación es muy compleja en el sistema de salud, lo que hemos vivido en los últimos años ha sido un deterioro estructural del mismo, una crisis con distintas aristas, una crisis asistencial”, señala. La dimensión del problema se refleja en las cifras de insatisfacción: “hoy se calcula que hay 3 millones de quejas y reclamos en el sistema, que han ido creciendo año a año por encima del 30%”.

En el plano financiero, el foco está en la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el valor que reconoce el Estado por cada persona afiliada. Álvarez denuncia que la UPC “ha sido desfinanciada de manera deliberada” y que el cálculo técnico que debería sustentar “no se ha hecho de forma técnica”. Según sus estimaciones, el sistema arrastra “una deuda de unos 20 billones de pesos colombianos”, una cifra que, advierte, hace “muy difícil realmente generar la confianza de todos los actores del sistema en una situación de desfinanciamiento estructural”.

El tercer frente es el de la gobernanza. Casi la mitad del sistema de aseguramiento está hoy bajo algún tipo de intervención estatal. “La tercera cara de esta crisis es la de gobernanza, actualmente casi el 50% del sistema se encuentra intervenido. Hay 6 EPS intervenidas con más de 16 millones de personas afiliadas y hubo una enorme opacidad sobre la intervención de esas EPS, lo único que es claro es que hemos tenido un deterioro patrimonial enorme”, afirma. A esto se suma la incertidumbre sobre la Nueva EPS, que “desde el año 2024 no presenta estados financieros, no sabemos cuál es su situación actual”. El balance, resume, es claro: “afrontamos una crisis asistencial, financiera y de gobernanza del sistema”.

Defender el modelo mixto y solidario

Frente a las voces que proponen desmontar el modelo creado a partir de la Constitución del 91, Álvarez reivindica sus logros en términos de equidad y cobertura. “Creemos que el modelo de aseguramiento que se ha desarrollado en Colombia ha sido el logro de equidad social más importante de la Constitución del 91”, sostiene. Recuerda que el país pasó “de una cobertura por debajo del 20% a tener el 100% de los colombianos cubiertos con una importante red de prestadores en el país”.

Por eso, el mensaje político que lanza es que no se trata de regresar al pasado ni de apostar por un sistema totalmente estatal, sino de recuperar y corregir el modelo mixto: “Nuestro mensaje principal es que queremos asumir un compromiso por recuperar un sistema mixto y solidario de salud”. Sobre esa base se construye la propuesta programática.

Plan de choque, estabilización y reforma gradual

La hoja de ruta que expone ante Noti360 está organizada en tres tiempos, pensados también para enviar una señal de gobernabilidad al sector. “En esta intención, hemos diseñado un  plan de choque para los primeros 100 días, un plan de estabilización para los siguientes 6 meses, y un plan de profundización y transformación del modelo de aseguramiento”, explica.

El plan de choque es la pieza central para enfrentar la crisis asistencial y estaría coordinado desde la Vicepresidencia, que asumiría la gerencia operativa. “El gerente será el vicepresidente Juan Gabriel Oviedo con el fin de mantener un mando unificado que nos permita desatrasar 10 millones de atenciones represadas en los primeros 100 días”, detalla Álvarez. Reconoce que se trata de “un reto enorme, con un trabajo de gestión interadministrativo muy importante”, pero recuerda que el país ya demostró esa capacidad durante la pandemia.

La idea es priorizar a los pacientes con mayor riesgo y, desde ahí, avanzar sobre el resto de la demanda acumulada: el plan, dice, “responderá en primer lugar las necesidades de los pacientes con riesgo vital, y desde allí, en cascada iremos respondiendo y solucionando las necesidades atrasadas”. Para lograrlo, considera indispensable restaurar la confianza: “tenemos que generar confianza en los actores del sistema, y cumplir la obligación estatal de tener los recursos disponibles que le corresponden al sistema de salud”.

9 billones para talento humano y medicamentos

En el frente financiero, la propuesta de Álvarez para el corto plazo pasa por una inyección de liquidez dirigida directamente a hospitales, clínicas y personal sanitario. “Nosotros prevemos inyectar 9 billones de pesos para ese plan de choque”, adelanta. Esos recursos procederían, en buena parte, de reconocer el desfase acumulado en la UPC y de saldar deudas de presupuestos máximos entre 2023 y 2026.

La ejecución se haría mediante giro directo “para que paguen el talento humano”. El objetivo inmediato es ponerse al día con médicos, enfermeras y profesionales sanitarios: “Nuestro talento de salud está con tres o cuatro meses de retraso en sus salarios. Eso es inaceptable. No podemos pensar en recuperar el sistema si no pagamos” al personal sanitario.

Del total previsto, unos 6 billones irían a pagar servicios y nóminas, y 3 billones a reabastecer de medicamentos la red de prestadores. Hoy, reconoce, “tenemos escasez” porque “los operadores logísticos y los laboratorios no tienen los recursos para movilizar esos medicamentos”. El propósito es “garantizar a la gente que tenga sus medicamentos disponibles” y aliviar uno de los síntomas más visibles de la crisis.

Hospitales padrino, IA y telemedicina

El plan de choque también incluye medidas de gobernanza y tecnología. En cuanto a las EPS intervenidas, Álvarez plantea un relevo de los actuales administradores y una revisión exhaustiva de lo ocurrido: “tenemos que remover a los agentes interventores, necesitamos hacer una auditoría forense para saber qué está sucediendo con las EPS intervenidas”.

Al mismo tiempo, propone aprovechar la IA y la telemedicina para cerrar la brecha entre áreas urbanas y rurales a través del programa Hospitales Padrino. La idea es “usar la IA y la telemedicina para expandir la capacidad de diagnóstico y tratamiento de los centros de salud a nivel rural con la capacidad de las clínicas y centros urbanos de Bogotá” y “habilitar un servicio de teleconsulta para desatrasar todas esas desatenciones en zonas rurales”. La meta que se ha fijado el equipo es ambiciosa: “esperamos en esos primeros cien días atender más de 100 mil citas que están atrasadas”.

Corrupción y pago por resultados

En el debate sobre la corrupción en el sistema de salud, Álvarez recuerda que “más de 100 billones de pesos se destinan al sector” y que, en realidad, el Estado “tendría que pagar por los resultados”. Su propuesta de fondo pasa por una UPC diferencial que “reconozca la carga de los pacientes, el perfil epidemiológico del país, y en segundo lugar, que pague por resultados en salud”. En esa lógica, insiste, “no podemos seguir pagando por afiliación, tenemos que pagar por gestión en salud” y “el que no produce resultados en salud no tiene recursos del sistema”.

Para Álvarez, el reto no es solo financiero o técnico, sino también político. “Los pacientes hoy en día dicen: tenemos un sistema que no responde, que genera incertidumbre”, reconoce. Y concluye con un mensaje que resume el desafío de cualquier reforma futura del sistema de salud colombiano: “hemos perdido un vínculo entre la política pública y las necesidades de los pacientes que de cualquier manera necesitamos recuperar como sociedad”.