La inflación, la crisis del sistema de salud y el deterioro de la seguridad aparecen entre los principales frentes que deberá afrontar el gobierno de De la Espriella desde su primer día en la Casa de Nariño.
El próximo Gobierno de Colombia recibirá un país con importantes retos económicos, sociales y de seguridad producto del legado que le dejará el presidente saliente, Gustavo Petro. Más allá de las diferencias políticas, expertos y gremios coinciden en que la próxima administración de Abelardo de la Espriella, tendrá poco margen de maniobra para aplazar decisiones en tres frentes que hoy concentran buena parte de la preocupación de ciudadanos, empresarios y autoridades: el aumento de la inflación, la crisis financiera y operativa del sistema de salud y el deterioro del orden público en varias regiones del país.
La inflación vuelve a presionar el bolsillo de los colombianos
Después de varios meses de desaceleración, la inflación volvió a mostrar señales de repunte. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anual llegó al 6,14 % en junio de 2026, alejándose nuevamente de la meta del Banco de la República.
El incremento tiene un impacto directo sobre los hogares, especialmente en alimentos, servicios públicos, transporte y otros gastos básicos. Para millones de familias significa que el dinero alcanza para menos, mientras las empresas afrontan mayores costos de operación.
Además del control de la inflación, el nuevo Gobierno deberá recuperar la confianza de inversionistas y mercados en un contexto marcado por un elevado déficit fiscal y por la necesidad de estabilizar las finanzas públicas sin afectar el crecimiento económico. Analistas advierten que el margen para aumentar el gasto será reducido y que será necesario combinar disciplina fiscal con medidas que impulsen la inversión y el empleo.
La crisis del sistema de salud y el futuro de la Nueva EPS
El segundo gran desafío será resolver la crisis en el sistema de salud. Durante los últimos años, la intervención de varias EPS y las dificultades financieras del sector han provocado problemas en la entrega de medicamentos, demoras en citas médicas y crecientes deudas con hospitales y clínicas.
Uno de los casos más delicados es el de la Nueva EPS, la mayor aseguradora del país por número de afiliados. Los estados financieros conocidos recientemente muestran pérdidas acumuladas y un alto nivel de endeudamiento, cifras que han intensificado el debate sobre la sostenibilidad del sistema y sobre las decisiones adoptadas durante la intervención estatal.
Más allá de las cifras, el principal reto será recuperar la confianza de los usuarios. El nuevo Ejecutivo deberá garantizar la continuidad de la atención médica, asegurar el flujo de recursos hacia clínicas y hospitales y definir el futuro de las reformas impulsadas durante el actual Gobierno.
Seguridad y orden público: un reto pendiente
La política de Paz Total, una de las principales apuestas del Gobierno de Gustavo Petro, buscó abrir negociaciones con distintos grupos armados ilegales. Sin embargo, mientras algunos procesos avanzaron, varias regiones del país continuaron registrando enfrentamientos, desplazamientos forzados, confinamientos de comunidades y ataques contra la población civil.
Departamentos como Norte de Santander, Cauca, Chocó y algunas zonas del Pacífico siguen enfrentando una compleja situación de orden público, marcada por la presencia de guerrillas, disidencias y organizaciones dedicadas al narcotráfico y la minería ilegal. Esta realidad ha generado críticas desde diferentes sectores, que reclaman una estrategia más efectiva para proteger a la población y recuperar el control territorial.
Una agenda que no admite espera
El presidente que asuma el poder heredará un escenario complejo en el que economía, salud y seguridad estarán estrechamente relacionadas. Una inflación persistente reduce la capacidad de consumo de las familias; un sistema sanitario con dificultades afecta la calidad de vida de millones de ciudadanos; y los problemas de orden público limitan la inversión, el desarrollo regional y la confianza institucional.
La capacidad del próximo Gobierno para responder a estos tres desafíos marcará buena parte de su gestión desde los primeros meses de mandato. Más allá de las promesas de campaña, las decisiones que adopte en estos frentes serán determinantes para recuperar la estabilidad económica, fortalecer los servicios públicos y responder a las principales preocupaciones de los colombianos.
