En entrevista con Noti360, Cárdenas advierte “un alto riesgo” si Iván Cepeda llega a la presidencia y sigue guiándose por criterios ideológicos.

Iván Cepeda o Aberlardo de la Espriella, cualquiera de los dos candidatos que lleguen a la Presidencia de Colombia, deberá tomar decisiones inmediatas para solucionar la crisis de salud en la que se encuentra el país. Sin embargo, mientras sectores afines al Gobierno defienden la transformación del modelo impulsada por el presidente Gustavo Petro, voces provenientes de la experiencia técnica advierten que la continuidad de esa estrategia podría agravar la crisis que hoy enfrenta el sistema.

Una de ellas es Diana Cárdenas, exdirectora de la ADRES y exviceministra de Protección Social durante el gobierno de Iván Duque, quien sostiene que la situación actual responde a una combinación de problemas financieros y operativos. “El sistema de salud atraviesa una crisis que se refleja en las crecientes dificultades para acceder a servicios médicos y medicamentos”, afirma en entrevista con Noti 360. A su juicio, el insuficiente financiamiento y las intervenciones estatales sobre varias EPS han contribuido a debilitar la capacidad de respuesta del sistema.

Las advertencias de Cárdenas cobran relevancia en un escenario en el que el senador Iván Cepeda aparece como una de las figuras más representativas de la continuidad política del proyecto del petrismo. Para la exfuncionaria, el principal riesgo radica en que el dirigente mantenga el mismo rumbo que ha seguido el actual Gobierno en materia de salud.

“El riesgo es alto”, señala, al considerar que Cepeda “no se ha distanciado de las decisiones adoptadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro en sanidad” y aunque reconoce que un eventual gobierno suyo podría corregir el rumbo si escucha a pacientes y actores del sector, advierte que hasta ahora las señales no apuntan en esa dirección.

La exdirectora de la ADRES también cuestiona el enfoque con el que, según ella, se han tomado decisiones durante los últimos años. A su juicio, muchas políticas han estado guiadas más por consideraciones ideológicas que por evidencia técnica.

“Durante los últimos cuatro años muchas decisiones en salud se han tomado desde una perspectiva ideológica y no a partir de la evidencia”, afirma. Incluso sostiene que algunos cambios han respondido a disputas políticas con actores del sector sin medir adecuadamente el impacto sobre los ciudadanos.

La continuidad del modelo: “el impacto más grave recaerá sobre los pacientes”

La crítica más fuerte se concentra en dos de las principales apuestas del Ejecutivo: los equipos extramurales y la administración estatal de EPS intervenidas. Según Cárdenas, ninguna de las dos ha mostrado resultados verificables. “Los grupos extramurales no han demostrado impactos medibles en la salud de la población”, sostiene, al tiempo que asegura que tampoco se observan mejoras en indicadores preventivos como las coberturas de vacunación ni en el acceso para pacientes crónicos que viven en regiones apartadas.

Respecto a las EPS intervenidas, considera que la experiencia reciente debería servir como advertencia. “La administración de las EPS intervenidas por parte del Estado no ha dado los resultados esperados”, afirma. En su opinión, estas medidas han significado una pérdida de capacidad operativa para coordinar la atención de millones de afiliados y han estado acompañadas de cuestionamientos sobre su gestión.

Las consecuencias de profundizar ese modelo, advierte, podrían sentirse principalmente en los usuarios. Si continúa la reducción del papel del aseguramiento privado y se debilita aún más la estructura de las EPS, “el impacto más grave recaerá sobre los pacientes, que enfrentarán mayores dificultades de acceso y continuidad en sus tratamientos”.

La preocupación no se limita a los usuarios. Cárdenas considera que la fragilidad financiera del sistema podría desencadenar el cierre de clínicas y hospitales, afectando la capacidad instalada para responder a la demanda de atención. Como efecto adicional, alerta sobre el riesgo de una mayor desigualdad en el acceso a la salud.

“Podría fortalecerse un sistema privado dirigido únicamente a quienes tienen capacidad de pago”, asegura. En otras palabras, mientras los ciudadanos con mayores recursos encontrarían alternativas en el mercado privado, una parte importante de la población quedaría expuesta a un sistema público cada vez más presionado.

Más allá de la coyuntura electoral, Cárdenas insiste en que Colombia necesita una discusión de fondo sobre la sostenibilidad financiera del sistema. Advierte que actualmente los costos superan los ingresos y que el país deberá debatir cómo garantizar la cobertura futura sin comprometer la calidad de la atención.

También considera necesario revisar la asignación de recursos públicos. Según explica, parte de la crisis actual está relacionada con la decisión de destinar fondos que antes financiaban el aseguramiento hacia proyectos de infraestructura y estrategias extramurales cuya efectividad aún no ha sido demostrada.

En medio del debate político que se aproxima, la exfuncionaria plantea que cualquier gobierno, independientemente de su orientación ideológica, tendrá que adoptar medidas urgentes para estabilizar las finanzas, garantizar el flujo de recursos y recuperar la confianza de los pacientes.