Imagine que su casa se inunda el mismo mes en que su banco le cierra el cupo de la tarjeta de crédito. Eso, a escala de país, es lo que le está pasando al Estado colombiano.

Reconstruir lo que dejó el terremoto del 10 de agosto no es solo un reto de ingenieros: es, sobre todo, un problema de caja. Y ese problema llega en el peor momento posible para las finanzas públicas.

Un informe técnico de la Contraloría reveló que el Gobierno de Gustavo Petro utilizó el 95,8% del cupo de endeudamiento autorizado por el Congreso para todo 2026, mediante una serie de «megasubastas» de deuda ejecutadas antes de dejar el poder. Eso deja al nuevo presidente  Abelardo de la Espriella con apenas 2 billones de pesos de margen para emitir nueva deuda este año, justo cuando la reconstrucción tras el terremoto se estima en 6.350 millones de dólares —cerca de $20 billones, el 1% del PIB—, según cálculos preliminares del Ministerio de Hacienda. La deuda bruta del Gobierno Central ya llega a $1.167 billones, el 60,3% del PIB.

Camilo Pérez, director de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, resumió el margen de maniobra que queda: «el cupo de endeudamiento por subastas está básicamente agotado». Para conseguir más recursos, el Gobierno tendría que pedir autorización al Congreso o acudir a deuda externa.

La pregunta que nadie quiere responder ¿subirán los impuestos?

El ministro Miguel Gómez insiste en que no habrá alza de impuestos y que el ajuste se hará «ordenando» el gasto. Pero el mismo informe de BTG Pactual que calcula el costo de la reconstrucción advierte que el servicio de la deuda podría subir 29% el próximo año, hasta $118 billones, superando lo que el Estado invierte en el país. Esa combinación ya hace dudar a varios analistas de que la promesa de no tocar impuestos se sostenga hasta septiembre.

Lo que significa para su bolsillo

• Por ahora no hay ningún impuesto nuevo confirmado; la señal oficial es ajustar gasto y usar crédito internacional.
• Septiembre —cuando se conozca la reforma tributaria «estructural»— es la fecha que debe tener marcada.
• Menos margen fiscal del Estado suele traducirse, tarde o temprano, en menos espacio para subsidios y programas sociales.