Los afectados por el sismo del pasado lunes, que han perdido su casa, podrán pedir subsidios para arrendar una vivienda.

El actual Gobierno, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, ya activó un subsidio de arriendo temporal para las familias que perdieron su vivienda con el terremoto de magnitud 7,4 del pasado lunes 10 de agosto y en el que murieron más de 180 personas, 2.000 resultaron heridas y más de 190 continúan desaparecidos bajos los escombros.

 Las ayudas anunciadas por el gobierno, arrancan en Manizales —donde ya se atienden cerca de 1.150 familias— y se extiende a Risaralda, Chocó y el Eje Cafetero, las zonas con más víctimas según el reporte de Asocapitales. El presidente, tras recorrer los negocios destruidos del centro de Pereira, resumió el golpe económico regional con una frase que se ha repetido en redes: «a mí se me arrugaba el corazón cuando pasaba por el centro de Pereira y veía todos esos negocios destruidos».

A diferencia de 1999, cuando ocurrió el terremoto de Armenia,  el FOREC operó como un fondo autónomo por casi tres años pero esta vez el mecanismo elegido es más inmediato: subsidios de arriendo y alivios en servicios públicos por tres meses, mientras se define, caso por caso, qué viviendas son reparables y cuáles —como ocurrió en Armenia hace 27 años, cuando muchas familias fueron reubicadas de forma definitiva por estar en terrenos de alto riesgo— tendrán que reconstruirse en otro lugar.

Un exdirector de Planeación Nacional consultado por medios nacionales advirtió que la prioridad inmediata no es la reconstrucción física, sino el diagnóstico: censos precisos que determinen qué se puede reparar y qué no.

Lo que tiene que saber si es damnificado

El subsidio de arriendo y el alivio en servicios públicos duran, por ahora, tres meses; no es una solución definitiva sino un puente mientras avanza la caracterización de daños.

Para acceder, su vivienda debe quedar reportada en el Registro Único de Damnificados (RUD) ante la Alcaldía de su municipio.

Si su vivienda está en zona de riesgo —como ocurrió con buena parte de Armenia en 1999—, es probable que la solución no sea la reparación sino la reubicación, un proceso que históricamente ha tomado más tiempo del que el afectado quisiera.

El trámite no tiene costo: es un derecho, no un favor, y no debería exigir pago de ningún intermediario.