La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia determinó que Nueva EPS deberá diseñar una estrategia para superar el represamiento de tutelas y garantizar el cumplimiento de las órdenes judiciales emitidas a favor de sus afiliados. El plan deberá ser presentado en un plazo no mayor a 60 días ante los jueces que actualmente tramitan incidentes de desacato por incumplimientos de la entidad.
La decisión también vincula al Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y la Presidencia de la República, al considerar que deben participar en la construcción e implementación de una solución institucional frente a la crisis que atraviesa la EPS.
Prioridad para pacientes en mayor riesgo
La Corte indicó que el plan deberá establecer mecanismos para priorizar la atención de los pacientes que se encuentren en grave e inminente riesgo, así como de las personas consideradas sujetos de especial protección constitucional, entre ellas niños, adultos mayores, personas con discapacidad y pacientes con enfermedades de alto costo.
El alto tribunal enfatizó que las dificultades administrativas o financieras de la EPS no pueden convertirse en un obstáculo para garantizar el derecho fundamental a la salud ni justificar el incumplimiento de las órdenes emitidas por los jueces.
El fallo surgió por una tutela
La decisión se produjo al resolver una acción de tutela presentada por Salomé Henao González, exgerente regional de Nueva EPS, quien acumuló múltiples sanciones por desacato debido al incumplimiento de fallos judiciales durante el tiempo que ejerció ese cargo.
La Corte concluyó que dichas sanciones no obedecían a una conducta negligente de la exfuncionaria, sino a una falla estructural e institucional de la EPS, pues carecía de capacidad material, financiera y operativa para cumplir las órdenes judiciales. En consecuencia, dejó sin efectos las sanciones impuestas en su contra.
Una crisis que sigue afectando a millones de afiliados
Nueva EPS, que cuenta con más de 11 millones de afiliados, permanece bajo intervención de la Superintendencia Nacional de Salud desde 2024. Pese a esa medida, persisten las quejas por retrasos en la entrega de medicamentos, asignación de citas, autorizaciones y cumplimiento de fallos de tutela.
La Corte señaló que, al encontrarse la entidad bajo intervención estatal, corresponde a las autoridades adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud ordenados por los jueces.
Seguimiento al cumplimiento
Una vez presentado el plan, los jueces constitucionales evaluarán su implementación y verificarán si las acciones propuestas permiten reducir el incumplimiento de tutelas y mejorar la atención a los usuarios.
Con esta decisión, la Corte busca que las entidades responsables adopten soluciones de fondo frente a la crisis que enfrenta Nueva EPS y garanticen el derecho a la salud de millones de afiliados en todo el país.