El primer gobierno de izquierda elegido democráticamente en Colombia llega a su fin con un balance que combina logros sociales, reformas incompletas y desafíos que heredará la nueva administración.
Con el fin del mandato de Gustavo Petro, Colombia cierra un capítulo que marcó un cambio en la historia política del país. Durante cuatro años, su Gobierno impulsó transformaciones en materia social, laboral y ambiental, pero también enfrentó dificultades para sacar adelante algunas de sus principales reformas y recibió críticas por la situación fiscal, la seguridad y varios escándalos de corrupción.
El balance de su gestión sigue siendo motivo de debate. Mientras el Gobierno destaca avances en reducción de la pobreza y el empleo, analistas y organismos independientes coinciden en que varios de los cambios prometidos quedaron incompletos o enfrentaron obstáculos institucionales. Una muestra de los últimos desafíos del gobierno saliente es la crisis en el sistema de salud que ha generado el colapso en el país.
Los principales avances que deja el Gobierno Petro
Uno de los resultados más destacados fue la reducción de la pobreza monetaria, que alcanzó el nivel más bajo desde que existe la medición oficial del DANE. También disminuyó la pobreza extrema, un resultado que el propio Gobierno atribuyó al aumento del empleo, las transferencias sociales y la recuperación de los ingresos de los hogares.
En el frente laboral, durante el cuatrienio se aprobaron cambios para fortalecer algunos derechos de los trabajadores y se registró una disminución del desempleo, que cerró el mandato en uno de sus niveles más bajos de las últimas décadas.
Otro de los sellos del Gobierno fue poner en el centro del debate temas como la transición energética, la lucha contra el cambio climático, la desigualdad y una mayor representación de mujeres, comunidades afrodescendientes e indígenas en altos cargos del Estado.
Las promesas que quedaron pendientes
No todas las iniciativas tuvieron el resultado esperado. La política de «paz total», una de las principales banderas del Gobierno, no logró consolidar acuerdos con la mayoría de los grupos armados ilegales y, en varias regiones, persistieron los problemas de violencia e inseguridad.
En materia de reformas, proyectos como el de salud enfrentaron fuertes controversias y no alcanzaron el objetivo inicial planteado por el Ejecutivo. La reforma pensional también encontró obstáculos jurídicos que impidieron su implementación plena antes del cambio de gobierno.
El mandato también estuvo marcado por una alta rotación de ministros, tensiones frecuentes con otras ramas del poder público y varios casos de presunta corrupción que involucraron a funcionarios de su administración, hechos que afectaron la percepción sobre el Gobierno.
En el plano económico, uno de los principales desafíos que deja la administración saliente es la situación de las finanzas públicas. Diversos centros de estudios y organismos internacionales han advertido sobre la necesidad de realizar un ajuste fiscal para garantizar la sostenibilidad de las cuentas del Estado en los próximos años.
Con el inicio del nuevo Gobierno, muchas de las políticas impulsadas entre 2022 y 2026 podrán mantenerse, modificarse o revertirse. El alcance definitivo del legado de Gustavo Petro dependerá, en buena medida, de las decisiones que adopte la nueva administración y de la continuidad que tengan las reformas iniciadas durante su mandato.