El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las solicitudes de aclaración de la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal. La expedición de pasaportes debe continuar.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca dejó en firme la suspensión provisional de los convenios que hacen parte del nuevo modelo de producción y expedición de pasaportes en Colombia.
La decisión fue adoptada mediante un auto del 16 de septiembre de 2026, conocido este jueves 17, después de que la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Imprenta Nacional-Casa de la Moneda de Portugal solicitaran aclaraciones sobre los alcances de la medida cautelar decretada a comienzos de septiembre.
El Tribunal consideró que su decisión inicial era suficientemente clara y, por eso, negó las solicitudes de aclaración. Esto significa que la suspensión provisional continúa vigente mientras avanza el proceso judicial de fondo.
¿Qué convenios están suspendidos?
La medida cautelar afecta el Convenio Interadministrativo Específico 001 de 2025 y el CI-005 de 2026, suscritos entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional, además de los contratos y convenios que se desprendan de estos instrumentos.
Estos acuerdos hacen parte del modelo implementado para asumir progresivamente la producción, personalización, custodia y distribución de los pasaportes colombianos, con participación de la entidad portuguesa.
El Tribunal había cuestionado preliminarmente aspectos relacionados con la ejecución del modelo, entre ellos cronogramas incumplidos, información institucional contradictoria y falta de soportes suficientes sobre algunos elementos de la operación.
Sin embargo, es importante aclarar que la suspensión es una medida cautelar y no constituye todavía una decisión definitiva sobre la legalidad de los convenios.
¿Los colombianos se quedarán sin pasaporte?
No.
La decisión judicial no ordena suspender el servicio de expedición de pasaportes. Por el contrario, el Tribunal ha señalado que la prestación del servicio debe continuar y que la suspensión de los convenios no puede traducirse en una interrupción del acceso de los ciudadanos al documento.
Lo que cambia es la forma en la que el Gobierno debe garantizar esa operación mientras los convenios cuestionados permanecen suspendidos.
El Tribunal dejó claro que no le corresponde sustituir a la administración para definir cómo resolver el problema. Por ello, será la Cancillería la que deberá determinar las alternativas administrativas, contractuales, presupuestales o logísticas necesarias para mantener el servicio.
¿Qué alternativas tiene ahora el Gobierno?
Una de las posibilidades que analiza el Gobierno es recurrir a mecanismos administrativos excepcionales para garantizar la continuidad de la expedición de los documentos.
Entre las opciones que han sido mencionadas está la posibilidad de declarar una urgencia manifiesta, mecanismo que permitiría adoptar medidas de contratación de carácter excepcional ante una situación que pueda comprometer la continuidad de un servicio público.
No obstante, esta posibilidad corresponde a una alternativa que está siendo analizada y no significa que ya haya sido declarada una urgencia manifiesta.
El Gobierno también debe evaluar qué ocurre con las libretas de pasaporte que ya se encuentran disponibles, así como con aquellas que estaban previstas para llegar desde Portugal.
¿Qué pasa con las libretas que ya están en inventario?
Este fue precisamente uno de los puntos sobre los que la Cancillería y la Imprenta Nacional solicitaron aclaraciones.
La Cancillería preguntó si podía utilizar las libretas que permanecen en inventario y que solamente requieren ser personalizadas, mientras que la Imprenta Nacional pidió precisar si podía continuar con actividades relacionadas con la personalización, suministro y distribución de las existencias disponibles.
El Tribunal no modificó su decisión inicial ni asumió la tarea de definir cómo debe operar administrativamente el sistema. En consecuencia, las entidades del Gobierno deberán establecer el mecanismo para garantizar la continuidad del servicio dentro del marco de la medida cautelar.
¿Hay riesgo de que se acaben los pasaportes?
El Gobierno había informado, al conocerse la suspensión inicial, que contaba con un inventario de aproximadamente 600.000 libretas, de las cuales unas 410.000 estaban disponibles y otras 190.000 estaban previstas para llegar posteriormente. En ese momento, la Cancillería calculó que ese inventario representaba más de cuatro meses de cobertura.
Sin embargo, la situación deberá ser revisada a la luz de la decisión conocida este jueves, especialmente porque la suspensión de los convenios continúa vigente y el Gobierno debe definir cómo garantizar el abastecimiento posterior.
Por ahora, la decisión del Tribunal no implica que los pasaportes se hayan agotado ni que el trámite haya sido suspendido.
¿Qué pasa con el proceso judicial?
La controversia todavía no ha terminado.
La decisión conocida este 17 de septiembre resuelve las solicitudes de aclaración, pero el proceso principal continúa en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
En ese proceso deberá determinarse de fondo si las actuaciones cuestionadas vulneraron los derechos colectivos invocados en la acción popular y cuál será el futuro jurídico de los convenios que sustentan el nuevo modelo de expedición de pasaportes.
Además, la medida cautelar podría ser objeto de revisión dentro de las instancias correspondientes. Por eso, el escenario actual no equivale a una decisión definitiva sobre el modelo de pasaportes.
¿Qué deben hacer los ciudadanos?
Para los colombianos que necesitan renovar o solicitar su pasaporte, la principal precisión es que el servicio continúa.
La suspensión judicial está dirigida a los convenios y contratos cuestionados, no a los ciudadanos ni al derecho a solicitar el documento.
Por ahora, quienes necesiten realizar el trámite deben seguir los canales habilitados por la Cancillería y consultar la disponibilidad de citas y requisitos antes de desplazarse a una oficina.
Mientras tanto, el Gobierno deberá definir las medidas necesarias para garantizar que la producción y entrega de las libretas continúe sin interrupciones, mientras la justicia resuelve de fondo la controversia.
Fuente: El Tiempo