Esta advertencia del alto tribunal surge en un momento donde el Sistema de Salud enfrenta su crisis más aguda, y el magistrado Gerson Chaverra, presidente de la corporación, ha sido enfático en que el Gobierno de Petro debe garantizar la atención de los ciudadanos por encima de cualquier controversia administrativa.
El testimonio de la Corte Suprema de Justicia ante la opinión pública es la confirmación de una fractura institucional provocada desde el Ejecutivo, donde el acceso a la salud no puede seguir siendo el rehén de una hoja de ruta cuya prioridad parece ser la demolición del modelo actual.
El pronunciamiento es un escudo jurídico frente a la Crisis inducida que denunciamos en nuestro especial #ColombiaEnUrgencias. Chaverra ha señalado que el Estado tiene la obligación ineludible de mantener la continuidad del servicio, un mensaje directo a un Ministerio de Salud que ha utilizado las intervenciones a las EPS como una herramienta de presión política. La Corte recuerda que el Sistema de Salud pertenece a los colombianos y que su estabilidad financiera no es negociable frente a la improvisación.
Mientras el discurso oficial de la Casa de Nariño intenta minimizar el impacto del desabastecimiento y el cierre de clínicas —como el reciente caso de la Liga Contra el Cáncer—, la Corte Suprema de Justicia pone el foco en el paciente, el magistrado Chaverra advirtió que no se pueden permitir retrocesos en la garantía del derecho fundamental a la salud. Esta postura judicial valida la tesis de nuestra investigación: el Ejecutivo ha preferido «sembrar el caos» administrativo, ignorando que el «remedio» de las intervenciones estatales está profundizando el sufrimiento humano y la incertidumbre en los tratamientos de alta complejidad.
Hacia una responsabilidad institucional La salida a este CÓDIGO NEGRO exige que el Gobierno de Petro acate los principios de colaboración armónica entre poderes y priorice la vida sobre la ideología.
La Corte ha dejado claro que la justicia estará vigilante ante cualquier interrupción que ponga en riesgo la integridad de los afiliados a las EPS, especialmente en aquellas entidades hoy bajo control del Estado que reportan los mayores índices de insatisfacción. La salud en Colombia no se recuperará con relatos de victimización, sino con el cumplimiento estricto de las garantías que hoy se reclaman con urgencia.
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