Entre el jueves 3 y el próximo lunes 7 de septiembre, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia va a escuchar, en audiencia pública, a 50 personas que aspiran a ocupar uno de los cargos más importantes de la rama judicial: los cinco cupos que están vacantes en la Sala Especial de Instrucción.

¿Qué es y por qué importa?

La Sala Especial de Instrucción es el organismo de la Corte Suprema que se encarga de investigar penalmente a los congresistas y a los excongresistas del país, es decir, a las personas que, por su cargo, tienen fuero. Fue creada en 2018 para descongestionar a la propia Corte Suprema, que antes debía investigar y juzgar ella misma a todos los congresistas, un trabajo que se acumulaba y se demoraba años. Hoy son seis magistrados dedicados exclusivamente a recibir denuncias, reunir pruebas y decidir si un senador o un representante debe enfrentar un juicio penal.

Que ahora se estén eligiendo cinco de esos seis cargos no es un trámite menor: de esos nombramientos depende, en buena parte, qué tan rápido y qué tan a fondo se investiga a quienes hacen las leyes en Colombia.

¿Cómo se llega a ser magistrado de esta sala?

El proceso tiene dos etapas, con dos protagonistas distintos. El primero, el Consejo Superior de la Judicatura abre la convocatoria pública, revisa las hojas de vida y hace una primera ronda de entrevistas, básicamente, un filtro de mérito. Este año se inscribieron 450 personas, 190 mujeres y 260 hombres, para las cinco vacantes. El 30 de julio, la Judicatura publicó una preselección de 129 aspirantes, a quienes entrevistó los días 24 y 25 de agosto de 2026. De ahí salieron, el 26 de agosto, las cinco listas definitivas de diez candidatos cada una, una por cada vacante.

Segundo, esas listas pasan a la Sala Plena de la Corte Suprema, integrada por los 23 magistrados de las salas de Casación Civil y Agraria, Casación Laboral y Casación Penal, quienes entrevistan en audiencia pública y votan para elegir a los cinco nuevos magistrados. Este jueves escucharán a 30 aspirantes, de tres de las cinco listas, desde las 10:00 am y el lunes 7 entrevistarán a los 20 restantes.

Después de eso, la Sala Plena delibera y vota, y se espera que los elegidos tomen posesión en octubre. Cualquier persona puede seguir las audiencias en vivo por el canal de YouTube y la página web de la Corte Suprema.

Por la Ley 2430 de 2024, que busca avanzar en paridad de género en los cargos judiciales más altos, una de las cinco listas quedó conformada exclusivamente por mujeres.

¿Quién parte con más opciones?

Entre los diez candidatos de cada vacante, hay un nombre que suena con fuerza entre los conocedores del proceso. Se trata de Juan Camilo Córdoba Escamilla, abogado penalista con más de 25 años de experiencia y profesor de Derecho Penal desde hace más de dos décadas en la Universidad Javeriana.

Su carta más fuerte es que llega con trayectoria previa en esa sala. Desde 2019 es conjuez de la propia Sala Especial de Instrucción, es decir, ya la conoce por dentro. En 2016, la revista Dinero lo incluyó entre los abogados penalistas más destacados del país. Esa combinación de experiencia comprobada, reconocimiento externo y conocimiento previo del cargo lo pone entre los aspirantes con mayor opción.

A esa lista de perfiles con trayectoria consolidada se suma Javier Enrique García Trochez, fiscal de carrera con una trayectoria larga y consistente en la Fiscalía General de la Nación. Fue Fiscal Delegado ante el Tribunal y, en años recientes, delegado contra la Criminalidad Organizada, cargo que ejerció al menos entre 2022 y 2023. En ese periodo estuvo al frente de casos de alto perfil, entre ellos la desarticulación de un plan terrorista en Bogotá y la condena a 46 años de prisión contra uno de los responsables del atentado a la Escuela de Cadetes General Santander. Es abogado egresado de la Universidad Sergio Arboleda, con especializaciones en Derecho Penal y Derecho Administrativo, y hasta ahora no se ha identificado ningún caso, sanción o controversia asociada a su gestión.

En la lista que reemplaza al magistrado Héctor Javier Alarcón Granobles aparece un segundo perfil en situación similar, Javier Fernando Fonseca Alvarado, decano de Derecho en varias universidades y, al igual que Córdoba Escamilla, conjuez vigente de esa misma Sala Especial de Instrucción. Fue designado por sorteo en marzo de 2026 para desempatar el llamamiento a juicio de seis congresistas en el sonado caso de corrupción de la UNGRD.

 ¿Quién podría llegar con más preguntas por resolver?

 De los 50 aspirantes, la gran mayoría llega con la hoja de vida limpia, sin sanciones, sin líos disciplinarios y sin denuncias en curso. Pero hay dos nombres a los que las audiencias de esta semana les pueden resultar particularmente incómodas, pues el momento y el contexto los ponen bajo una lupa que al resto no le toca.

El primero, Patricia del Socorro Hernández Zambrano, Fiscal Delegada ante la Corte Suprema desde 2025 y con más de 30 años en la Fiscalía. Le tocó el peor momento para pasar desapercibida. Ahora mismo es ella quien lleva uno de los casos más comentados del año, la investigación por presunto acoso sexual contra el periodista Jorge Alfredo Vargas, de Caracol Televisión, un proceso que sigue vigente en la conversación pública.

A eso se suma que su cargo depende de la fiscal general Luz Adriana Camargo, a quien buena parte de la opinión pública identifica con el gobierno de Gustavo Petro. Su hoja de vida está en regla, pero esa combinación mediática y cercanía funcional al gobierno es justo el tipo de cosa que un magistrado le puede preguntar sin filtro en una audiencia pública.

El segundo caso, en la lista que se escucha el lunes 7 de septiembre, el de César Augusto Reyes Medina, es más concreto. Se trata de Bladimir Cuadro Crespo, Procurador Tercero Delegado y hoy la cara de la Procuraduría en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe.

Lo llamativo es que la propia Corte Suprema de Justicia, la misma que ahora debe decidir si lo nombra magistrado, remitió en 2025 a la Fiscalía evidencia para investigar si incurrió en concusión en un caso ligado al representante James Mosquera Torres, un proceso que sigue en trámite. Antes de ser procurador defendió a la excongresista Aida Merlano tras su fuga del país. De los diez de esa lista, es el que llega con más preguntas pendientes.

Los vallenatos que le ponen color a la elección

Junto a los criterios técnicos que rigen la selección, hay una historia que ha llamado la atención de la prensa regional del Cesar. Dos de las candidatas, Lucila Mercedes Vidal Luque y María Lourdes Hernández Mindiola, son oriundas de Valledupar. Medios como El Pilón las han bautizado, con cariño, como «las ruiseñoras valduparenses de la justicia».

El dato más curioso es el de Lucila Vidal Luque, quien es fiscal de carrera con 24 años de experiencia y hoy directora Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, con una faceta artística conocida en la región como cantante vallenata bajo el nombre artístico Lucy Vidal, con varios discos grabados.

Ambas llegan con hojas de vida sólidas en el mundo judicial y disciplinario, su procedencia regional es ajeno a cualquier señalamiento en su contra.

Tras las audiencias del 3 y el 7 de septiembre, la Sala Plena de la Corte Suprema definirá quiénes ocupan las cinco vacantes de la Sala Especial de Instrucción, con posesión prevista para octubre. Será, en últimas, una decisión que define quién investiga a quienes nos representan en el Congreso durante los próximos años.