La excandidata a viceministra de Juventudes admitió su responsabilidad por el delito de fraude procesal. El juez avaló el acuerdo con la Fiscalía y estableció una pena de tres años, además de una multa y una inhabilidad para ejercer cargos públicos.
La exfuncionaria Juliana Andrea Guerrero Jiménez fue condenada a tres años de prisión por el delito de fraude procesal, luego de que un juez penal de conocimiento de Bogotá avalara el preacuerdo que alcanzó con la Fiscalía General de la Nación por el caso de los títulos universitarios falsos.
La decisión se produjo este 9 de septiembre de 2026, durante una audiencia en la que Guerrero admitió su responsabilidad por haber presentado documentación académica falsa para cumplir los requisitos exigidos para aspirar al cargo de viceministra de las Juventudes durante el Gobierno de Gustavo Petro.
El juez consideró que el acuerdo cumplía con los requisitos legales y respetaba las garantías de la procesada. Además de la pena de prisión, el acuerdo contempla una multa equivalente a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes y una inhabilidad para ejercer cargos públicos durante dos años y medio.
¿Qué admitió Juliana Guerrero?
De acuerdo con los hechos expuestos por la Fiscalía durante la audiencia, Guerrero cargó el 3 de septiembre de 2025 en el sistema SIGEP II varios documentos académicos falsos.
Entre ellos se encontraban diplomas y actas de grado que supuestamente acreditaban estudios como tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria y como profesional en Contaduría Pública, documentos que aparecían como expedidos por la Fundación Universitaria San José.
La Fiscalía sostuvo que Guerrero sabía que los documentos eran falsos y que los presentó con el propósito de hacer incurrir en error a funcionarios públicos y acreditar unos requisitos académicos que no cumplía.
Esos documentos fueron utilizados para respaldar su aspiración a ocupar el cargo de viceministra de Juventudes del entonces Ministerio de la Igualdad.
Durante la audiencia, Guerrero reconoció los hechos y pidió perdón por su actuación.
¿Qué es un preacuerdo con la Fiscalía?
Un preacuerdo es un mecanismo dentro del proceso penal mediante el cual la Fiscalía y una persona investigada pueden llegar a un acuerdo sobre la aceptación de responsabilidad y las consecuencias jurídicas, siempre bajo control de un juez.
En este caso, Guerrero aceptó su responsabilidad por fraude procesal y obtuvo a cambio una reducción de la consecuencia penal frente a la pena que podría haberse impuesto si el proceso hubiera continuado hasta un juicio con una eventual condena.
El juez debía verificar que el acuerdo fuera legal, que Guerrero lo aceptara de manera libre y consciente y que se respetaran sus derechos. Tras esa revisión, el despacho judicial decidió avalar el preacuerdo y emitir sentido de fallo condenatorio.
¿Irá a prisión?
Aunque la condena establece 36 meses de prisión, Guerrero no tendrá que cumplir la pena en una cárcel, de acuerdo con los reportes sobre la decisión judicial.
La pena es inferior al límite que permite acceder a mecanismos sustitutivos, por lo que se trata de una condena excarcelable, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la autoridad judicial.
Esto no significa que Guerrero haya sido absuelta ni que el proceso haya terminado sin consecuencias. Por el contrario, existe una sentencia condenatoria y la procesada aceptó judicialmente su responsabilidad por el delito.
Además de la pena principal, deberá cumplir las demás obligaciones fijadas en la sentencia.
Una multa de 100 salarios mínimos
El acuerdo también contempla una multa de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
El monto exacto en pesos dependerá del salario mínimo aplicable para efectos de la sentencia y de las condiciones establecidas por el juez.
A esto se suma una inhabilidad de dos años y medio para ejercer cargos públicos, una consecuencia especialmente relevante teniendo en cuenta que el caso se originó precisamente en la utilización de documentación falsa para intentar acceder a un cargo dentro del Gobierno nacional.
El juez fue enfático: no se trató de un simple error
Durante la audiencia, el juez hizo énfasis en que la conducta de Guerrero no podía interpretarse simplemente como una equivocación.
La decisión judicial recoge que la documentación fue presentada a sabiendas de que era falsa y que tenía como finalidad acreditar requisitos académicos ante funcionarios públicos.
El señalamiento es relevante porque uno de los elementos centrales del caso fue determinar que existió una intención de utilizar los documentos para producir efectos jurídicos y administrativos.
¿Qué relación tiene el caso con la Fundación Universitaria San José?
La investigación también involucra a personas relacionadas con la Fundación Universitaria San José, institución de la que supuestamente provenían los títulos utilizados por Guerrero.
De hecho, días antes de la condena de la exfuncionaria, un juez había condenado a Luis Carlos Gutiérrez Martínez, quien fue secretario general de esa institución, por su participación en la expedición de títulos falsos relacionados con el caso.
Gutiérrez Martínez aceptó su responsabilidad y recibió una pena de 36 meses de prisión, cuya ejecución fue suspendida bajo las condiciones establecidas judicialmente.
Esto significa que el proceso no se limita a determinar la responsabilidad de quienes utilizaron los documentos, sino que también ha avanzado contra personas señaladas de haber participado en su elaboración o expedición.
El caso generó polémica durante el Gobierno Petro
El nombre de Juliana Guerrero adquirió relevancia política durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro, debido a su cercanía con el entonces mandatario y a su aspiración a ocupar el Viceministerio de Juventudes.
Petro defendió públicamente a Guerrero en distintos escenarios durante la controversia por sus títulos académicos.
La investigación posteriormente estableció que los documentos utilizados para acreditar su formación académica eran falsos y que ella los había presentado ante entidades oficiales.
Con la sentencia de este 9 de septiembre, el caso entra en una nueva etapa: Guerrero queda condenada penalmente y reconoció judicialmente su responsabilidad por fraude procesal.
¿Qué sigue para Juliana Guerrero?
El fallo establece una pena de tres años, pero al tratarse de una condena excarcelable, no implica su ingreso inmediato a un establecimiento penitenciario.
Sin embargo, deberá cumplir las condiciones impuestas por la justicia, pagar la multa correspondiente y respetar la inhabilidad para ejercer cargos públicos durante dos años y medio.
La decisión también marca el cierre de la discusión sobre su responsabilidad penal dentro del acuerdo avalado por el juez: Guerrero aceptó los hechos y fue condenada por fraude procesal.
El caso continúa siendo relevante políticamente porque se originó en la presentación de documentos falsos para acreditar requisitos académicos necesarios para acceder a un cargo dentro del Estado.
Fuente: El Espectador.