La solicitud incluye a alias “Chiquito Malo” y busca facilitar el traslado de miembros del grupo armado a zonas de ubicación temporal en el marco de la política de Paz Total
El gobierno del presidente Gustavo Petro solicitó a la Fiscalía General de la Nación la suspensión de las órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo, también autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), como parte de un proceso de “conversación sociojurídica” con esa estructura armada.
Entre los nombres incluidos en la solicitud figura Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido como alias “Chiquito Malo”, señalado como máximo jefe de la organización criminal tras la extradición de alias “Otoniel”.
La medida quedó consignada en una resolución emitida por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y tendría como objetivo facilitar el traslado gradual de los integrantes del grupo hacia las llamadas Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), previstas en departamentos como Córdoba y Chocó.
Según la resolución conocida este viernes, el proceso de desplazamiento comenzaría el próximo 25 de junio de 2026 y estaría limitado exclusivamente al tránsito de los integrantes hacia los puntos de concentración definidos por el Gobierno.
Las zonas establecidas serían Tierralta (Córdoba) y sectores de Belén de Bajirá, en Chocó, donde se desarrollaría el eventual proceso de ubicación temporal de los miembros del grupo armado.
La solicitud también contempla la suspensión de órdenes con fines de extradición, aunque la decisión final deberá ser evaluada por la Fiscalía General de la Nación.
La decisión ha generado controversia en distintos sectores políticos y judiciales debido al papel del Clan del Golfo, considerado actualmente una de las organizaciones criminales más grandes y con mayor presencia armada en Colombia.
De acuerdo con informes citados por medios nacionales, el grupo habría incrementado significativamente su número de integrantes en los últimos años, pasando de cerca de 4.000 miembros en 2022 a más de 9.000 hombres armados en 2025.
La solicitud se enmarca dentro de la política de Paz Total, estrategia impulsada por el Gobierno Petro para abrir diálogos y procesos de sometimiento con distintos grupos armados y estructuras criminales del país.
No es la primera vez que el Gobierno adopta medidas similares frente al Clan del Golfo. En marzo de este año, el Ejecutivo había revocado una resolución anterior que suspendía órdenes de captura contra algunos cabecillas del grupo, luego de que no se concretara el traslado hacia las zonas de ubicación acordadas.
Ahora, la nueva resolución reactiva el proceso y reabre el debate sobre los alcances jurídicos y políticos de las negociaciones con estructuras criminales dentro del modelo de Paz Total promovido por el Ejecutivo.