El cambio marca el fin de más de 20 años de operación privada, en medio de tensiones jurídicas, fallas técnicas y cuestionamientos al proceso
La empresa Thomas Greg & Sons dejará de participar en la expedición de pasaportes en Colombia, en el marco del nuevo modelo impulsado por el Gobierno, lo que pone fin a más de dos décadas de operación privada en este servicio.
La salida se da tras un periodo de transición en el que la compañía continuó prestando el servicio mientras se implementaba el nuevo esquema estatal. Según lo previsto, la empresa operó hasta finales de abril de 2026 como respaldo mientras entraba en funcionamiento el nuevo sistema liderado por la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal.
El relevo de Thomas Greg no ha estado exento de controversias. El contrato de pasaportes fue objeto de disputas jurídicas, decisiones administrativas polémicas y tensiones entre el Gobierno y la Cancillería.
En 2023, una licitación para adjudicar el contrato fue declarada desierta en medio de cuestionamientos, lo que derivó en la implementación de un esquema de urgencia para mantener el servicio mientras se definía el nuevo modelo.
El Gobierno ha defendido la transición como una medida para recuperar el control estatal sobre los datos y la producción de documentos oficiales, eliminando la tercerización que se mantuvo durante casi 20 años.
A pesar del avance hacia el nuevo sistema, el proceso ha enfrentado varios obstáculos. Se han reportado fallas en plataformas, retrasos en trámites y congestión en oficinas, lo que ha generado preocupación entre los ciudadanos.
Además, el propio presidente Gustavo Petro ha denunciado dificultades en la entrega de información clave por parte de la empresa saliente, lo que ha añadido tensión al proceso de transición tecnológica.
El nuevo esquema establece que la producción de pasaportes será asumida progresivamente por el Estado, con apoyo internacional en una primera fase, pero con la meta de que el proceso sea completamente nacional en el futuro.
Este cambio busca fortalecer la seguridad documental, la soberanía tecnológica y el control de la información de los ciudadanos, aunque expertos advierten que el éxito dependerá de la capacidad institucional para asumir el proceso sin afectar el servicio.
La salida de Thomas Greg representa un giro estructural en la política pública de documentos de identidad en Colombia, pero también deja abiertos interrogantes sobre la estabilidad del sistema en el corto plazo.
Mientras el Gobierno defiende la medida como un avance en autonomía estatal, sectores críticos advierten riesgos en la implementación y piden garantías para evitar una crisis en la expedición de pasaportes.
El desarrollo de esta transición será clave para determinar si el nuevo modelo logra consolidarse sin afectar a los usuarios y si el Estado puede asumir plenamente una función que durante años estuvo en manos del sector privado.