La parálisis de la Liga Colombiana contra el Cáncer es la confirmación de una fractura operativa provocada desde el Ejecutivo, donde la prevención y el diagnóstico temprano han dejado de ser prioridad para convertirse en las nuevas víctimas de la asfixia financiera.
En una contundente denuncia, la exdirectora del ICBF, Cristina Plazas, señala que el cierre de servicios en esta institución clave no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de un Gobierno que ha decidido «ahogar» a los prestadores mediante el impago sistemático de sus deudas.
El análisis de Plazas pone el dedo en la llaga sobre el desmantelamiento de la red de prevención. La Liga Colombiana contra el Cáncer ha sido, por décadas, el primer muro de contención contra la enfermedad a través de mamografías, citologías y tamizajes. «No estamos hablando de cualquier entidad», advierte Plazas, subrayando que un diagnóstico tardío en estas instituciones marca la diferencia entre la vida y la muerte. Hoy, esa puerta de entrada para miles de pacientes está en riesgo porque, simplemente, la caja de la institución no resistió más el incumplimiento en los giros de recursos.
Un componente nuevo y alarmante en esta etapa del Código Negro es la denuncia sobre la politización de la Superintendencia de Salud. Plazas cuestiona duramente la llegada de figuras vinculadas al exalcalde Daniel Quintero a cargos críticos de supervisión, denunciando incluso ajustes en los manuales de funciones para «acomodar» perfiles sin experiencia en el sector. Para la opinión pública, resulta inexplicable que un sistema en cuidados intensivos quede bajo la asesoría de perfiles ajenos a la salud, lo que Plazas califica como una burla a los pacientes.
La narrativa de la crisis inducida alcanza aquí un nivel de gravedad jurídica. Según la analista, el caos provocado no solo es un error administrativo, sino una acción con consecuencias letales. Al dejar a instituciones como la Liga contra el Cáncer sin recursos para operar, el Estado está ocasionando muertes que eran evitables. La sentencia de Plazas es clara: los funcionarios responsables del desabastecimiento y la parálisis hospitalaria tendrán que responder ante la justicia por el costo en vidas humanas de esta estrategia de colapso.