La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgó formalmente la licencia ambiental al proyecto “Minero El Alacrán”, ubicado en el municipio de Puerto Libertador, Córdoba, cuya titularidad ostenta la empresa Cobre Minerals S. A. S. Esta decisión administrativa permite el inicio de las operaciones para la explotación de cobre y minerales asociados, como oro y plata, consolidando una iniciativa de alta relevancia estratégica para el sector minero-energético del país.
El proceso de aprobación se dio tras una evaluación técnica rigurosa que integró la participación de comunidades locales, pueblos étnicos, autoridades departamentales y diversas entidades del Estado, asegurando que el desarrollo industrial esté alineado con estándares de protección integral.
El proyecto se extiende sobre un área de intervención de 733,22 hectáreas localizadas entre los ríos San Pedro y San Jorge, abarcando desde el foso minero hasta la infraestructura necesaria para el procesamiento, tales como plantas de transformación, zonas de acopio, vías internas y sistemas de disposición de relaves.
La licencia aprobada por la ANLA contempla la viabilidad técnica del aprovechamiento forestal, el uso de recursos hídricos en las microcuencas de las quebradas Valdés y Valdesito, e impone estrictas obligaciones socioeconómicas. Entre estas medidas destacan garantías para la relocalización de habitantes bajo criterios de seguridad y sostenibilidad, la sustitución de economías tradicionales y el fomento de la asociatividad minera para integrar a la población local en la cadena productiva del proyecto.
Un componente fundamental de este proceso fue la activación del Consejo Técnico Consultivo y el Espacio de Participación Ampliada, mecanismos que permitieron a la autoridad ambiental recoger inquietudes de los cabildos indígenas, juntas de acción comunal y habitantes de veredas como Valdés y San Juan. Al respecto, Irene Vélez Torres, directora de la ANLA, resaltó que la decisión refleja un equilibrio entre la evidencia técnica y el diálogo social, priorizando la protección de los derechos humanos y la prevención de riesgos.
Además, el proyecto deberá cumplir con una inversión forzosa no inferior al 1%, implementar monitoreos participativos bajo el Acuerdo de Escazú y ejecutar un plan de cierre que asegure la recuperación ecosistémica funcional de las fuentes hídricas intervenidas, garantizando así una vigilancia permanente sobre el cumplimiento de todas las obligaciones ambientales y sociales pactadas.
Lee el comunicado completo de la ANLA:
https://www.anla.gov.co/noticias-anla/con-estrictas-medidas-socioeconomicas-para-las-comunidades-anla-da-luz-verde-al-proyecto-minero-el-alacran-cordoba