La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el concejal de Medellín Andrés Felipe Rodríguez Puerta, conocido como “El Guri”, por unas declaraciones en las que sugirió dirigir bombardeos contra los territorios donde el entonces candidato presidencial Iván Cepeda obtuvo una amplia votación en la segunda vuelta electoral. El Ministerio Público busca establecer si el cabildante incurrió en una falta disciplinaria al realizar esas afirmaciones durante una sesión oficial del Concejo.
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el concejal de Medellín Andrés Felipe Rodríguez Puerta, conocido como «El Guri», por las declaraciones que realizó el pasado 23 de junio durante una sesión plenaria del Concejo de Medellín. En esa intervención, el cabildante sugirió que los «ataques y bombardeos» del Estado debían dirigirse hacia las zonas del país donde la fórmula presidencial de Iván Cepeda y Aída Quilcué obtuvo más del 80 % de los votos en la segunda vuelta presidencial.
¿Qué investiga la Procuraduría?
La investigación quedó en manos de la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia, que deberá establecer si las manifestaciones fueron realizadas en ejercicio de las funciones del concejal y si constituyen una posible falta disciplinaria por vulnerar los deberes propios de un servidor público.
El organismo de control aclaró que, por ahora, la actuación disciplinaria se limita exclusivamente a los hechos ocurridos durante esa sesión del Concejo y no representa una decisión sobre la responsabilidad del funcionario. En esta etapa se recopilarán pruebas para determinar si existe mérito para formular cargos.
Las declaraciones que generaron la polémica
Durante su intervención, Rodríguez manifestó:
«Le doy un consejo al próximo presidente de este país. Si ya sabemos exactamente en qué mesas de votación porcentajes superiores al 80 % fueron votos dirigidos a Iván Cepeda, pues los próximos ataques, bombardeos y demás tienen que ser dirigidos a esas zonas».
Las declaraciones fueron ampliamente difundidas en redes sociales y generaron rechazo de distintos sectores políticos, organizaciones defensoras de derechos humanos y ciudadanos, quienes las calificaron como un discurso de estigmatización e incitación a la violencia.
Defensoría rechazó las afirmaciones
Tras conocerse el video, la Defensoría del Pueblo rechazó las declaraciones del concejal y recordó que ninguna diferencia política o ideológica puede justificar llamados a la violencia ni la estigmatización de comunidades por la forma en que ejercieron su derecho al voto.
La entidad también advirtió que el fuero derivado de un cargo de elección popular no puede utilizarse para promover discursos de odio o incitaciones contra la población civil.
La investigación continúa
Con la apertura formal del proceso disciplinario, la Procuraduría continuará recopilando pruebas y podrá solicitar explicaciones al concejal como parte de la etapa preliminar de la investigación.
Por ahora, el proceso no implica una sanción ni una declaración de responsabilidad, sino que busca determinar si las afirmaciones realizadas por el cabildante constituyen una falta disciplinaria en el ejercicio de sus funciones.