El nuevo marco de carga pública permitirá valorar con mayor amplitud la situación económica, laboral, educativa y de salud de determinados solicitantes de residencia en Estados Unidos. 

Los colombianos que tengan previsto avanzar en un proceso para obtener la residencia permanente en Estados Unidos deberán prestar especial atención a los cambios que entrarán en vigor el próximo 18 de septiembre. Ese día comenzará a aplicarse un nuevo marco de evaluación de la llamada carga pública, con el que las autoridades podrán analizar de manera más amplia las circunstancias personales y económicas del solicitante.

La modificación forma parte de una decisión del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) que elimina el marco específico de 2022 y devuelve a los funcionarios un margen de valoración más amplio sobre si una persona podría convertirse en una carga pública en el futuro. El nuevo criterio se aplicará a determinadas solicitudes de ajuste de estatus presentadas desde el 18 de septiembre y también puede incidir en procesos de admisión de inmigrantes.

Qué van a revisar las autoridades

El cambio supone pasar de una evaluación más limitada a un análisis del conjunto de circunstancias del solicitante. Entre los elementos que pueden entrar en la valoración están la edad, el estado de salud, la situación familiar, los ingresos y recursos económicos, los activos, la educación, las habilidades profesionales y el historial laboral.

También podrán tenerse en cuenta determinados beneficios públicos sujetos a comprobación de recursos recibidos a partir del 18 de septiembre. La normativa, sin embargo, no establece que recibir una ayuda pública implique automáticamente la denegación de una solicitud. La decisión debe hacerse a partir de la situación global de cada persona.

Esto significa que un solicitante con empleo estable, ingresos suficientes, formación profesional y recursos económicos puede presentar un perfil distinto al de otra persona con circunstancias financieras más frágiles, incluso aunque ambos hayan recibido algún beneficio público.

La nueva regla también contempla que determinados solicitantes puedan quedar sujetos a una evaluación más detallada de su capacidad para mantenerse económicamente sin depender principalmente de ayudas del Gobierno.

No afecta por igual a todas las visas

Uno de los puntos que conviene aclarar es que no se trata de un nuevo requisito general que entre en vigor para todas las visas estadounidenses.

El cambio tiene especial relevancia para determinados procesos relacionados con la residencia permanente y el ajuste de estatus. Las visas de no inmigrante, como las de turismo y negocios B1/B2, estudiante F-1 o intercambio J-1, no quedan sometidas automáticamente a este nuevo marco simplemente por entrar en vigor el 18 de septiembre.

El propio Departamento de Estado ha aclarado, además, que la pausa que desde enero afectaba a la expedición de visas de inmigrante para nacionales de 75 países —entre ellos Colombia— dejó de estar vigente el 21 de agosto de 2026, después de una orden judicial. Los solicitantes de esos países pueden presentar sus solicitudes y acudir a sus entrevistas.

Por eso, no sería correcto afirmar que Colombia mantiene actualmente una congelación general de las visas de residencia.

Qué deberían preparar los solicitantes

Para quienes tengan un proceso migratorio afectado por las nuevas reglas, la recomendación práctica es llegar a la solicitud con una documentación que permita explicar de forma clara su situación.

Conviene contar con pruebas actualizadas de empleo e ingresos, formación y experiencia profesional, patrimonio, ahorros, obligaciones financieras y, cuando corresponda, cobertura sanitaria y demás circunstancias relevantes. La documentación debe ser coherente con la información consignada en los formularios y con la situación que se explique ante las autoridades.

El nuevo sistema no establece una cifra de ingresos que garantice automáticamente la aprobación ni convierte un único factor en motivo automático de rechazo. La evaluación se realizará sobre el conjunto de las circunstancias, con especial atención a la posibilidad de que el solicitante pueda mantenerse económicamente.

La entrada en vigor será especialmente relevante para quienes estén preparando una solicitud de ajuste de estatus. Las solicitudes presentadas antes del 18 de septiembre continuarán, en términos generales, bajo el marco anterior, mientras que las presentadas a partir de esa fecha estarán sujetas al nuevo criterio.

Para los colombianos que estén tramitando una visa de inmigrante desde el exterior, conviene distinguir esta modificación de las decisiones específicas del Departamento de Estado sobre expedición de visas y de cualquier instrucción que pueda emitir la Embajada de Estados Unidos en Bogotá.

Ante un proceso de residencia, especialmente si existen antecedentes de beneficios públicos, ingresos irregulares, problemas de salud con impacto económico o circunstancias familiares complejas, lo recomendable es revisar el caso concreto con un profesional de inmigración antes de presentar la documentación.