La entidad pidió al Gobierno sustentar el avance real de los procesos de paz antes de aplicar medidas relacionadas con las Zonas de Ubicación Temporal
La Defensoría del Pueblo lanzó una serie de advertencias frente a la posibilidad de suspender órdenes de captura a integrantes de grupos armados ilegales en medio de los procesos de diálogo impulsados por el Gobierno Nacional dentro de la política de Paz Total.
El pronunciamiento fue emitido por la defensora del Pueblo, Iris Marín, en medio de la controversia entre la Fiscalía General de la Nación y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz por el eventual levantamiento de órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo.
En un documento de cuatro páginas, la entidad señaló que, aunque el presidente de la República tiene facultades legales para solicitar la suspensión de órdenes de captura dentro de procesos de paz, estas decisiones deben cumplir condiciones constitucionales y legales específicas.
La Defensoría insistió en que las medidas relacionadas con las llamadas Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) deben estar respaldadas por avances verificables en las negociaciones con los grupos armados.
Según la entidad, la Corte Constitucional ya había establecido desde 2023 que este tipo de mecanismos solo pueden implementarse cuando exista un estado avanzado del proceso de paz y condiciones claras hacia el desarme o sometimiento a la justicia.
Uno de los principales riesgos señalados por la Defensoría tiene relación con los derechos de las víctimas.
La entidad advirtió que aún no existen suficientes garantías sobre verdad, justicia, reparación y no repetición frente a posibles beneficios para integrantes de organizaciones ilegales.
Además, alertó que la implementación de estas medidas ocurre en medio de un escenario electoral complejo y con presencia activa de grupos armados en distintas regiones del país, situación que podría afectar la libertad de los votantes y aumentar tensiones de seguridad.
La Defensoría también manifestó preocupación por la falta de claridad sobre protocolos relacionados con armas, concentración de combatientes y mecanismos de verificación independientes.
La discusión se intensificó luego de que la fiscal general, Luz Adriana Camargo, afirmara que no levantará por ahora las órdenes de captura solicitadas por el Gobierno hasta contar con información suficiente sobre el avance de las conversaciones de paz.
Desde la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, encabezada por Otty Patiño, se ha defendido la necesidad de avanzar en mecanismos que permitan facilitar negociaciones y eventuales procesos de sometimiento.
La controversia reavivó el debate político y jurídico sobre los alcances de la política de Paz Total y sobre los límites institucionales en medio de negociaciones con estructuras armadas ilegales.
En su pronunciamiento, la Defensoría pidió al Ejecutivo fortalecer los mecanismos de control, monitoreo y verificación antes de avanzar con nuevas decisiones relacionadas con las ZUT y eventuales suspensiones de órdenes judiciales.
La entidad concluyó que cualquier medida excepcional en procesos de paz debe desarrollarse dentro del Estado de Derecho y con garantías claras para la población civil, las víctimas y las comunidades ubicadas en las zonas donde operan los grupos armados.